SANTA FE.- Una nueva instancia judicial afecta a la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), con sede en Sunchales, al oeste de la provincia. Además del proceso concursal aún no resuelto, el fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel, pidió al magistrado a cargo de la causa que procese a los dos últimos presidentes de la firma por la presunta apropiación indebida de aportes jubilatorios y de obra social que fueron descontados a los trabajadores y no depositados.
La medida alcanza a José Pablo Gastaldi, presidente de SanCor entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y a Alberto Eduardo Sánchez, que lo sucedió entre noviembre de 2022 y enero de 2024. Según el dictamen, a Gastaldi se le atribuyen 7 hechos —que suman más de $125 millones— y a Sánchez otros 16, todos en concurso real y en calidad de autor.
Según el escrito difundido en las últimas horas, el fiscal imputa a los acusados haber retenido aportes jubilatorios y de obra social descontados a los trabajadores sin ingresarlos a los organismos correspondientes dentro del plazo legal.
Ambos exdirectivos se abstuvieron de declarar cuando fueron indagados el 12 de noviembre pasado en el marco de la causa. Por ello, la fiscalía pidió al juez que dicte su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
La causa se inició con una denuncia de trabajadores
La fiscalía no pidió la prisión preventiva para Gastaldi y Sánchez. En cambio, consideró suficiente imponerles la obligación de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coerción. Esa decisión se fundamentó en que ambos carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, cuentan con actividad laboral declarada y se presentaron a todas las citaciones judiciales durante la investigación. Según la fiscalía, esas circunstancias reducen el riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso.
El caso se inició formalmente el 29 de diciembre de 2023, cuando operarios de la planta central de SanCor en Sunchales denunciaron ante la justicia provincial la falta de depósito de sus aportes previsionales. Tras las verificaciones, el expediente fue remitido a la esfera federal.
En febrero de 2024, se agregó una denuncia de trabajadores de la planta de Don Torcuato, iniciada en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro y luego también remitida a Rafaela.
Durante el presente año se realizaron verificaciones fiscales sobre los períodos 2018–2024 y, según la Justicia, se constataron múltiples meses sin depósitos y sin planes de regularización vigentes.
SanCor actuaba como agente de retención de acuerdo con Arca-DGIArchivo
De la información recabada por la justicia surgió que, según Arca-DGI, SanCor actuaba como agente de retención y percepción de los aportes, por lo que su incumplimiento configura la figura penal prevista en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.
En su presentación ante el magistrado del fuero provincial que ahora entiende en la causa —Marcelo Gelcich, juez en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Rafaela, quien hace unas pocas semanas sucedió en el cargo a Guillermo Vales, designado en una instancia superior— el fiscal federal imputó a Gastaldi y a Sánchez.
Como se sabe, la situación de SanCor es compleja, aunque mejoraron las variantes de producción y se intensificó el funcionamiento de sus plantas. La otrora líder de la industria láctea argentina se encuentra bajo un concurso preventivo que se tramita en los Tribunales de Rafaela. El panorama se complicó cuando los trabajadores solicitaron la quiebra de la empresa, aunque con continuidad de la explotación para proteger los puestos de trabajo.
No obstante, fuentes cercanas a la cooperativa admitieron que en los últimos meses se observa una recuperación de la capacidad operativa, por acuerdos con empresas del rubro que aportan materia prima procesada en las plantas de la firma.
Según esas fuentes, actualmente SanCor recibe diariamente alrededor de 800.000 litros de leche que se procesan en las plantas en funcionamiento del interior de Santa Fe y Córdoba, lo que permite intentar normalizar el pago de salarios y reducir la deuda con los trabajadores.
