En estas horas festivas —tanto por las carnestolendas como para el Gobierno— el bloque de Diputados del pro.phtml">PRO amenaza con meterle presión al oficialismo durante el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. En la bancada que conduce Cristian Ritondo señalan dos puntos centrales: que las billeteras virtuales puedan funcionar como vehículo alternativo para el cobro de salarios (hoy reservado en la práctica a los bancos), y el régimen de licencias por enfermedad y accidentes que, reconocen, reduce derechos actualmente vigentes para los trabajadores.
“Son dos asuntos que queremos discutir”, afirman estudiadamente en cercanías de Ritondo. “Es llamativo que durante la negociación se hayan atendido planteos de los sindicatos para sostener intereses sectoriales, pero se haya avanzado en cambios que pueden afectar directamente a los trabajadores”, sostienen desde ese entorno. Un dardo envenenado. “Si hubo abusos en las licencias por enfermedad, la solución no es recortar derechos de quienes realmente están enfermos. Lo mismo con el tema de las billeteras virtuales. No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario. Vamos a insistir en que exista libertad de elección y competencia real”. ¿Intereses con las billeteras virtuales? ¿O apenas un desafío a los adoradores de Murray Rothbard?
Pese a la bravata, Ritondo es en la Cámara Baja la voz de Mauricio Macri, cuyo vínculo con el Gobierno es puro desvelo. Se da por descontado que la ley obtendrá sanción en Diputados: al oficialismo le alcanza con mayoría simple —o 129 votos si el cuerpo está completo—. Si se repiten los apoyos que logró en el Senado —PRO, UCR y gobernadores aliados—, le sobrarían votos. Pero antes deberá pasar por comisión.
El oficialismo pretende tener dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto el jueves. Trámite exprés con un doble objetivo: lograr la sanción durante las sesiones extraordinarias, que terminan a fin de mes, y permitir que el presidente Javier Milei pueda exhibir en su discurso de apertura del año legislativo, el 1º de marzo, la reforma más profunda en las relaciones entre trabajo y capital de los últimos 50 años. Ese mensaje, además de simbólico, tendrá destinatarios concretos: entre ellos Washington, desde donde proviene en buena medida la sustentabilidad financiera de Milei; ahora buscará mostrar sustentabilidad política.
La holgada sanción en el Senado dejó dos misterios. El primero fue la modificación, poco antes de la votación en general, del artículo 44 que reemplaza un punto de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, frente a un accidente o una enfermedad no derivados de la tarea laboral, el trabajador percibirá el 50% de su salario durante tres meses si tuviera personas a cargo, o por seis meses si no. Si la incapacidad “no fuera producto de una acción voluntaria y consciente del trabajador”, indica el artículo, podrá cobrar el 75% de su sueldo.
La otra incógnita es si los senadores revisaron ese apartado antes de aprobarlo en la votación en particular. Patricia Bullrich, jefa del bloque, tuvo que hacer contorsiones para explicar quién era responsable de la iniciativa —de la que el Poder Ejecutivo y sus negociadores se distanciaron, según coincidieron las crónicas— y justificar por qué fue avalada.
Bullrich despejó el primer misterio. En una entrevista el domingo defendió el espíritu del artículo, cargó contra las “mafias” que, dijo, se favorecen de las licencias y aseguró que se buscará cómo corregir la reducción del haber en casos de “corroboración concreta y fehaciente” de una enfermedad grave. “Sobre enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, vamos a dejar un 100%”. Fue apenas una atenuación.
Sin embargo Bullrich descartó modificar la ley —lo que, de realizarse en Diputados, obligaría a devolverla al Senado y alteraría el cronograma de Milei— y anticipó que se evalúan alternativas: la sanción de una ley complementaria, un artículo único que aclare el régimen de licencias por enfermedad, o un ajuste en la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
En Diputados, el PRO anticipa que propondrá cambios en el artículo 35 del proyecto, que modifica otro apartado de la Ley de Contrato de Trabajo, para que contemple “expresamente” a las billeteras virtuales en el pago de salarios, además de introducir cambios en el citado artículo 44 sobre licencias por enfermedad. Plantean que las modificaciones se instrumenten en el mismo proyecto de ley.
“Lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación”, sostienen desde ese espacio.
Que se sepa, el ministro Federico Sturzenegger fue el único funcionario que defendió sin matices el contenido de la ley en lo relativo a las licencias por enfermedad. “Si te lastimaste jugando al fútbol, en algo en lo que tomaste una acción activa, ahí va el 50%”, ejemplificó en una entrevista. A la luz de lo dicho, su postura no difiere demasiado de la de Bullrich. Pero a Sturzenegger lo domina desde hace tiempo cierta noción de inmunidad, como si le hubiera sido dada algún tipo de indulgencia.
Este fin de semana se conoció que la Cancillería adjudicó por contrato directo a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la capacitación en inglés de más de un centenar de diplomáticos y empleados del ministerio, durante nueve meses, por 114 millones de pesos. La asociación está dirigida, al menos desde 2020, por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. “Todo está en orden”, claman en la Cancillería. Pero al ministro Sturzenegger le aplica como a pocos el proverbio atribuido a Julio César: ser y parecer.
Otro que habló a corazón abierto fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Dueño de su propio refranero, Caputo se mostró estos días sorprendido por la ausencia de festejos en el sector empresario tras la media sanción de la ley laboral, al que identifica como principal beneficiario de la reforma. “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Es casi lo más importante de la ley. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, publicó el ministro en X.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de noviembre, difundidos días atrás por Clarín, en los primeros 11 meses de 2025 se perdieron más de 9700 empresas. Si se compara con noviembre de 2023, los cierres suman más de 21.900. Lo dicho por el ministro: ninguna cámara tiene nada para festejar.
ML
