La política criminal en Entre Ríos enfrenta tensiones que se repiten en todo el país: prisiones colapsadas, penas breves que se reducen a un simple encierro y un sistema penitenciario que funciona “a cama caliente”.
La evidencia muestra que amontonar personas tras los muros no soluciona el problema de fondo. Mantener a un interno demanda una erogación estatal mensual que ronda los 2.686 millones de pesos, mientras que más de 3.000 personas permanecen privadas de libertad en las ocho unidades penales de la provincia. A ese número se suman 181 personas que cumplen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
La cantidad de alojados fluctúa día a día, pero la tendencia es al aumento: en el último mes ingresaron 40 nuevos internos y la cifra sigue creciendo. Un porcentaje elevado de la población carcelaria tiene entre 22 y 35 años y muchos presentan graves problemas de adicciones. En gran parte, cumplen condenas cortas que no alcanzan para integrarlos a talleres o programas de tratamiento, por lo que la pena se transforma en un mero encierro. “Otra vez el consumo, otra vez el delito, otra vez la cárcel o la muerte”, resumen quienes advierten que, sin políticas de salud y prevención, el círculo se repite.
El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) informó que las prisiones preventivas en Entre Ríos se mantienen dentro de parámetros normales: actualmente hay 395 personas sin condena.
Desde la implementación del sistema acusatorio, hace una década, las cárceles se llenaron sobre todo de condenados. Hoy hay 420 personas con sentencias que oscilan entre 60 y 90 días de encierro.
Los tres juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia trabajan al límite: en Paraná, por ejemplo, se celebran al menos cinco audiencias diarias. En Concordia y Gualeguaychú la carga es algo más liviana.
Expertos coinciden en que repensar la política criminal requiere medidas concretas: ampliar el uso de tobilleras electrónicas para reservar las unidades penales a delitos graves y crear centros de atención para las adicciones, dado que cada vez más jóvenes ingresan por lapsos breves y reinciden.
La situación tuvo episodios trágicos: la muerte de dos personas adictas alojadas en sedes policiales por disposición fiscal —una en Concordia y otra en Feliciano— puso en evidencia la falta de contención adecuada y reavivó el debate sobre el rol del Ministerio Público Fiscal y de los legisladores. La respuesta política fue intentar aprobar la ley de reiterancia, que proponía aumentar los encierros.
“Cárceles para delitos graves”
Desde Paraná, el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, evaluó el escenario: “La situación de prisiones preventivas guarda relación con los parámetros históricos en cuanto a porcentaje. Estamos alrededor de un 15% del total de presos en prisión preventiva. Si comparamos esto con los niveles nacionales, es un nivel más que aceptable. Somos una de las provincias que menos prisiones preventivas tiene en el país”, afirmó.
Benítez explicó que en la justicia provincial los tiempos de las preventivas “siempre son mucho menores” que en la justicia federal. En la provincia hay hoy 132 presos federales, de los cuales 117 no tienen condena.
Pero advirtió: “Desde que comenzamos con el sistema acusatorio es impresionante el aumento de la cantidad de presos, especialmente por condenas. Hoy estamos en 2.989 internos alojados en unidades penales y 180 en prisión domiciliaria con pulseras. Esto lleva a que sea necesario reevaluar todo lo que implica el sistema carcelario”.
El defensor valoró las casas de preegreso como espacios intermedios entre la condena y la libertad: “Ojalá lo que tenemos en Paraná se pudiera replicar en otros lugares de la provincia”. Sobre las detenciones en comisarías fue contundente: “Eso no es lo ideal. La comisaría debe ser únicamente un lugar de alojamiento provisorio hasta que se le tome la indagatoria al imputado y se resuelva su situación, pero de ninguna manera se puede cursar la preventiva allí”. Aunque admitió que, en casos muy cortos —“una semana, 10 días”—, se prefiere evitar el ingreso a una unidad penal.
Respecto a las penas breves, Benítez fue crítico: “Hemos observado que con el nuevo sistema se han incrementado muchísimo las penas cortas. La verdad es que las considero iatrogénicas: no le sirven al interno ni al servicio penitenciario. Creo que estos son los casos donde tenemos que tratar de utilizar más las domiciliarias”.
Trabajo intenso
Mariela Pérez, directora de Tratamiento del Servicio Penitenciario Provincial, aportó cifras: “En Entre Ríos actualmente tenemos 395 personas con prisión preventiva, entre internos que dependen de la justicia provincial y federal, distribuidos en las ocho unidades penales”. Explicó que los preventivos reciben un tratamiento similar al de los penados y que la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico “nos permite el egreso y la liberación de algunos lugares en las unidades penales”.
Pero subrayó que el principal problema son las penas cortas: “Tenemos muchas, alrededor de 400, 420 internos transitan condenas que van entre 3, 4 meses de prisión hasta 2 años y 11 meses. Se convierte en un mero encierro”.
La funcionaria adelantó que el tema está en debate: “Estamos pensando alternativas, ya lo hemos hablado con el director general, incluso con el ministro, en pos de distintas cuestiones organizativas internas y de obra pública que nos permitirían abordarlo de otra manera”.
Los reclamos: alojamiento y salud
Ignacio Journé, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos (CPPTER), expuso la mirada de las organizaciones sociales sobre la situación carcelaria. Según explicó, “una cantidad significativamente menor al lado de otras jurisdicciones, pero bueno, sí constituyen alrededor del 12 o 13 por ciento del total de la población que está privada de libertad en unidades penales. Alrededor de 400 personas están en condición de procesados”.
El referente destacó que, en comparación con la media nacional —que ronda el 40% de población en prisión preventiva—, Entre Ríos está por debajo. Aun así, las visitas a las cárceles revelan demandas persistentes: “La principal demanda o una de las principales tiene que ver con las condiciones de alojamiento y también con atención en salud. Yo diría que nuestras estimaciones de atención de salud es la principal. Tiene que ver con el otorgamiento de turno, el seguimiento de tratamientos, el suministro de medicación con regularidad. Demoras de ese tipo hacen a la demanda, que son más del 40 por ciento de nuestros registros”.
Además de la salud, los internos plantean problemas relacionados con los espacios de alojamiento y con las condiciones para recibir visitas. “Son cuestiones estructurales y de atención”, resumió Journé.
Sobre el impacto de las penas cortas, coincidió con las autoridades penitenciarias: “Sí, son parte de las conversaciones y de los planteos que se hacen en las distintas instancias institucionales, con el Poder Judicial principalmente, también con el Servicio Penitenciario. Es un problema relacionado al crecimiento importante que está teniendo la población en unidades penales”.
El dirigente aportó un dato contundente: “Para que tengan una idea, en los últimos diez años, de 2014 a 2024, hubo un crecimiento de más del 120% de la población. Ya se duplicó en diez años la población de personas en unidades penales. Esto tiene que ver con la política de justicia y criminal, y al mismo tiempo, en estos últimos años ha habido un crecimiento importante, alrededor del 5 o 6 por ciento anual”.
Journé concluyó que este escenario “constituye un problema que resiente las condiciones de alojamiento” y que desde el Comité se realizan observaciones y recomendaciones permanentes para visibilizar la situación.
