El jueves se realizó una audiencia para evaluar la situación de los seis detenidos durante el operativo policial en el puerto de Concepción del Uruguay. El juez de Garantías Gustavo Ariel Díaz dispuso 60 días de prisión preventiva para Héctor Exequiel Barral, uno de los arrestados durante los incidentes.
La razón de la medida coercitiva es que el imputado tiene un prontuario frondoso. Acumula tres condenas efectivas previas. Una de ellas fue por el robo a punta de cuchillo a un joven de 19 años. Le quitó la mochila y el celular. El muchacho intentó resistir el ataque. Eso le dio tiempo a personal policial que pasaba por la zona para intervenir. Se lo acusó de robo calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.
El caso ocurrió en Concepción del Uruguay durante 2019 y concluyó en un juicio abreviado.
Ahora Barral fue uno de los seis detenidos durante el procedimiento realizado días atrás por la Policía de Entre Ríos y la Prefectura para liberar el acceso al puerto de Concepción. Por un conflicto intrasindical entre dos facciones del SUPA (sindicato unidos portuarios argentinos), un grupo había bloqueado el ingreso de camiones e impedía el estibaje de barcos.
El juez Díaz emitió un mandamiento para que cesen en su accionar. Pero el grupo de gremialistas permaneció en el lugar pese a que se les advirtió que podían ser detenidos. En la información aportada al expediente, consta que la resistencia incluyó agresiones al personal de seguridad.
Fue entonces que entró en escena la guardia de infantería de la Policía y el grupo especial de Prefectura. En un movimiento rápido, que incluyó el despliegue con escudos y el uso de balas de goma, dispersaron a los sindicalistas. Allí fue que quedó detenido Barral.
El puerto de Concepción del Uruguay es uno de los más importantes de Entre Ríos. Está ubicado sobre el río Uruguay. Posee 23 muelles. Trece de ellos son para carga general, 4 de enfriado y congelado, 5 cerealeros y 1 de descarga de combustibles. Es uno de los puntos de exportación de mayor relevancia de la provincia.
Junto con él fueron demorados otros cinco integrantes del SUPA. A ellos se los dejó en libertad pero bajo ciertas condiciones. A Cesar Iván Cisneros y Maximiliano San Martín, el magistrado les ordenó irse de Concepción y no regresar salvo disposición judicial. En paralelo, tendrán que fijar domicilio en Bahía Blanca, localidad de donde son oriundos.
David Caraballo; Ramón Chiapella y Roberto Berni, en tanto, deberán fijar domicilio en Concepción y presentarse cada 15 días en el Juzgado.
A todos ellos, la fiscal Albertina Chichi les imputó los delitos de entorpecimiento del tráfico terrestre y fluvial, desobediencia judicial y coacciones. El accionar de los sindicalistas impidió la carga de troncos para exportación en un barco que esperaba en los muelles.
Según pudo saber Infobae, la disputa se dio entre dos facciones del SUPA. Se trata de las de Concepción del Uruguay y la del Bajo Paraná. Si bien pertenecen a la misma organización, están en federaciones distintas. Una adhiere a FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) y la otra a FEPIMRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina).
La Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas. La empresa, en tanto, deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto.
Trabajo, además, convocó a una audiencia de partes. La cita será el 10 de febrero a las 11 en Paraná.
