El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, junto a representantes de otros organismos estatales y de la sociedad civil. En ese contexto, los delegados del MPD expresaron su preocupación por las condiciones de detención en dependencias de la Policía de Entre Ríos y, en particular, por el déficit en la atención de problemáticas de salud mental de las personas privadas de su libertad en esos ámbitos.
El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrado, tal como establece la ley que lo creó, por el Comité Provincial y por el Consejo Consultivo. Este último funciona como un órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente; trabaja ad honorem y debe reunirse, como mínimo, dos veces al año.
El encuentro, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Paraná, contó con la presencia del defensor coordinador Gaspar Reca y de Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD. Además asistieron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia, la UNER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Colegio de Psicólogos y diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.
Al comenzar la reunión, los integrantes del Comité describieron los pasos emprendidos en los últimos años hasta alcanzar, recientemente, su pleno funcionamiento. A continuación presentaron un informe estadístico que evidencia el aumento del número de personas privadas de su libertad en la última década, tras lo cual propusieron tres ejes de trabajo: el acceso a la salud, las detenciones en dependencias policiales y el acceso a la educación.
En su intervención, Reca señaló los graves problemas derivados de la falta de una adecuada atención sanitaria —y en particular de salud mental— para las personas detenidas en dependencias policiales, especialmente en el interior provincial. Uno de los principales desafíos es el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación que, en general, también se observa en las unidades penales.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de profundizar el tratamiento de estos temas, solicitar informes, conformar mesas de trabajo específicas y elaborar propuestas para ser evaluadas en la próxima reunión.
El encuentro estuvo encabezado por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; los representantes de organismos de derechos humanos, Ignacio Journé y Sofía Stamatti; y el secretario Ejecutivo, José Morales. También integra el Comité el diputado Silvio Gallay.
