Con el discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei y la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional espera este lunes empezar a revertir las expectativas que se instalaron tras la derrota en la elección bonaerense y que en la semana que pasó se reflejaron en el aumento del dólar hasta rozar el techo de la banda cambiaria, un nivel de riesgo país de más de 1.000 puntos y USD 9.500 millones de pérdida de valor de las empresas argentinas.
Evitar que se instale un clima de derrota exige cambiar expectativas, algo que no lograron la formación de “mesas políticas” y las declaraciones post-electorales. Pero toda negociación debe tener contención en la “ley de leyes”, que por vía legislativa la Argentina no tuvo en los últimos dos ejercicios. Hubo prórroga y prórroga de prórroga, algo para lo que el gobierno ya no tiene margen en el Congreso.
Por eso, para una gestión cuyo lema inicial fue “no hay plata” y que hace del superávit fiscal el pilar de su política económica, el Presupuesto 2026 es un camino de cornisa. Ya este año aumentó la meta de superávit fiscal de 1,3 a 1,6% del PBI y firmó con el FMI una de 2,2% en 2026 y de 2,5% de 2027 a 2030.
Ese acuerdo contempla un crecimiento del PBI de 4,5% en 2026, proyección reñida con la desaceleración y estancamiento de la actividad económica desde marzo/abril.
Algunas consultoras notan incluso que si bien 2025 terminará con un PBI 4% mayor al de 2024, el aumento intra-año tiende a cero. El 4% es casi todo “arrastre”, que en 2026 no habrá o podría ser negativo.
La letra con el Fondo también incluye reducir el gasto en subsidios del 1 al 0,8% del PBI, un aumento relativo del gasto previsional (de 6,7% del PBI este año a 6,8% en 2026) y una asistencia social del 3,2 por ciento.
Con riesgo país y tasas de interés altas la dieta fiscal aumenta. El más reciente informe mensual del Estudio Broda calculó que con una deuda pública neta consolidada de 51% del PBI y pago de intereses del 5% (esto es, un interés promedio del 10%) el superávit para hacer “sostenible” la deuda trepa a 3,5% del PBI.
El gobierno ya decidió que para las provincias no habrá ayuda generalizada, sino trato cara a cara. Muestras de lo primero fueron los vetos al proyecto de los gobernadores de “distribución automática” de los Adelantos del Tesoro Nacional (1% de la masa coparticipable total), que Catalán dijo son solo “para casos excepcionales”, al financiamiento a Universidades y a la emergencia en discapacidad.
Según un informe de Idesa, el veto a la distribución automática de ATN fue un error, pues el esquema propuesto por las provincias no perjudicaba al Tesoro, cuya porción de la masa coparticipable crecía del 42,3 al 42,7%, y ponía en evidencia que para una nueva coparticipación basta con la aprobación de una ley por mayoría simple, no el acuerdo unánime de las provincias.
¿Qué podría entonces ofrecer el gobierno, al menos a gobernadores otrora “dialoguistas” a los que enajenó con su dureza y la a menudo insultante palabra presidencial (“molesta la falta de respeto, el grito constante, la agresión verbal”, dijo el santacruceño Claudio Vidal), amén de la escasez de fondos y el corte de la obra pública?
Por de pronto, el miércoles pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, dio muestras cuando firmó convenios de “Extinción de Obligaciones Recíproca” con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, por el cual se cancelaron deudas recíprocas por $100.000 millones y la provincia se comprometió a realizar cuatro obras viales en rutas “nacionales”, dos de ellas en tramos de la mítica RN 40.
El ministro firmó un convenio similar con Tucumán, compensando deudas a cambio de que la provincia se haga cargo de terminar obras de los programas Procrear y Casa Propia. El reparto de obras financiadas con fondos del BID y la CAF puede servir propósitos similares.
No casualmente, entre viernes y sábado Lisandro Catalán, que este lunes jurará como ministro del Interior, visitó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (el más amigable en la etapa inicial de gestión mileísta, pero que después de la elección bonaerense habló de “cortarle la peluca al león”) y al de Salta, Gustavo Sáenz, otro ex “dialoguista” al que LLA, hechura partidaria de Karina Milei, había hostigado en la elección salteña. Los pasos fueron en línea con los pedidos que el oficialismo escuchó de los tres primeros mandatarios provinciales que recibió tras la elección bonaerense: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
Las otras señales de flexibilización también provinieron de Caputo. Hasta la elección bonaerense la prioridad excluyente era contener el dólar y reducir la inflación, pero tras el 7-S Economía dejó de intervenir sobre el dólar, dejó que se acerque al techo, proveyó liquidez y redujo las tasas de interés, dejando la cancha cambiaria al Banco Central, que tiene más fichas para -eventualmente- apostar, si decide hacerlo.
En suma, el gobierno no tiene mucho espacio fiscal ni de política económica para ofrecer, aunque emitió señales de que pretende recuperar aliados. Las palabras, el tono y los primeros números que desgrane esta noche el presidente Milei ir cadena nacional empezarán a definir el juego económico, político y electoral de las próximas seis semanas.
