En medio del debate por el nuevo presupuesto —que la Cámara de Diputados aprobó con media sanción la semana pasada y que hoy será tratado por el Senado— la Unión Argentina de Salud (UAS) expresó su preocupación porque la ley de leyes pueda ser votada sin la emergencia sanitaria; advirtieron que eso pondría en riesgo a más de 1 millón de empleados del sector y dejaría al borde del cierre a cientos de empresas del rubro.
La UAS agrupa a 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otras prestadoras de servicios de salud privada del país.
La entidad señaló su inquietud por la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que incluía, entre otros puntos, la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías, además de la prórroga de la “Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive”.
Esa situación de emergencia está vigente desde 2001. Cuando en el sector explican por qué persiste ese escenario desde hace 25 años, lo hacen de forma directa: “Ningún gobierno resolvió la situación de fondo de la industria y tampoco se sinceraron los precios y costos”.
En el comunicado, la UAS advirtió que lo votado en Diputados “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026″.
También reclamaron como “urgente” la sanción de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad y que garantice “que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales”.
“Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. En este escenario, resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema”, destacó la entidad que preside Hugo Magonza, del Cemic.
“El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad”
— ¿Cómo está el sector?, le preguntó Infobae a Magonza.
— Hay preocupación ante la caída del Capítulo XI de la Ley de Presupuesto. Esas 5.000 instituciones mencionadas mantienen deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de prolongada crisis económica, atraso arancelario y aumento sostenido de los costos operativos. Esta situación compromete su continuidad, la estabilidad laboral en uno de los sectores con mayor empleo formal del país.
– ¿Qué es lo que más les preocupa?
— Resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema.
— ¿El pedido concreto es que continúe el esquema de emergencia?
— El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. Esta medida urgente debe ir acompañada de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente. En las circunstancias actuales —marcadas por aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral inherente a los servicios de salud—, el sistema se vuelve crecientemente inviable. A ello se suma la expansión de una litigiosidad laboral de magnitud, que incrementa la incertidumbre, distorsiona los incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Este conjunto de factores hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo.
El comunicado de la UAS finalizó diciendo que “la salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población”.
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