El Presupuesto 2026, sancionado por el Congreso de la Nación, fue el eje del debate político y económico de cierre de año. Con un articulado extenso y definiciones que van más allá del mero cálculo de gastos y recursos, marcó las principales pautas de la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio. A continuación, los puntos clave del texto que obtuvo luz verde en el Senado.
Equilibrio fiscal como eje del proyecto
La ley de leyes retoma como principio rector el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo ratificó que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será coherente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico impulsada por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Desde el Gobierno destacaron que el proyecto debatido en el Senado no incorporó modificaciones respecto del texto aprobado en Diputados. “No se cambió ni una coma”, señalaron fuentes oficiales durante el tratamiento legislativo, descartando negociaciones de último momento que alteren las metas fiscales.
La iniciativa consolida la política de contención del gasto público y establece límites estrictos a la expansión presupuestaria, con el objetivo de evitar desvíos durante el año electoral.
Los números económicos
Como cada año, el proyecto de Presupuesto incorpora las proyecciones del Gobierno sobre una serie de variables macroeconómicas. Una de las más relevantes es la referida al nivel de actividad: según el Ejecutivo, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5% durante 2026.
Por su parte, se estima una inflación de 10,1% para todo el año y un dólar que llegará a diciembre en $1.423. Es decir, por debajo de la cotización mayorista actual, que se ubica en $1.452,50.
Facultades para el manejo de la deuda pública
Uno de los artículos más relevantes del Presupuesto 2026 habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto autoriza al Ministerio de Economía a ejecutar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos.
Según el Gobierno, esa herramienta busca “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin incrementar el stock de deuda. La oposición cuestionó el punto al considerar que amplía las facultades del Ejecutivo, mientras que el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en presupuestos de años anteriores.
Reasignación de partidas y control del gasto
El Presupuesto prevé mecanismos que permiten reasignar partidas dentro de determinados límites. Esas facultades apuntan a darle flexibilidad a la administración nacional para responder a contingencias sin comprometer el equilibrio general del presupuesto.
Desde el Ejecutivo sostienen que las reasignaciones no implican un aumento del gasto total, sino una redistribución interna de recursos ya aprobados por el Congreso. “El gasto está cerrado”, insistieron funcionarios durante el debate parlamentario.
Subsidios y transferencias
En línea con la política fiscal vigente, el Presupuesto 2026 mantiene un esquema de reducción de subsidios, sobre todo en los sectores de energía y transporte. El objetivo declarado es continuar el proceso de focalización, de modo que la asistencia estatal se concentre en los sectores de menores ingresos.
En lo que respecta a las transferencias a provincias, el texto no prevé incrementos discrecionales y se ajusta a los criterios automáticos establecidos por la normativa vigente. Ese aspecto fue uno de los más cuestionados por legisladores provinciales, que reclamaron mayor margen de financiamiento para las jurisdicciones.
Gasto social y sistema previsional
El Presupuesto incorpora las partidas destinadas al sistema previsional y a los programas sociales vigentes. El Gobierno aclaró que las erogaciones vinculadas a jubilaciones y pensiones se ajustarán conforme a la fórmula de movilidad establecida por ley.
En el debate, funcionarios subrayaron que el gasto social “está garantizado dentro de las reglas fiscales” y que no habrá recortes en términos reales más allá de lo que determine la evolución de los ingresos y la normativa vigente.
Impuestos y presión tributaria
El proyecto aprobado no introdujo nuevos impuestos ni aumentos de alícuotas. Desde el oficialismo remarcaron que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de estabilidad tributaria, con la expectativa de que la mejora de la actividad económica sostenga la recaudación.
En paralelo, el Congreso tramita por separado la denominada ley de inocencia fiscal, que plantea cambios en el esquema de penalidades y fiscalización. Aunque no forma parte del Presupuesto, su tratamiento avanzó en simultáneo y generó cruces entre oficialismo y oposición.
Los artículos cuestionados por la oposición
Durante el debate en el Senado, distintos bloques opositores intentaron eliminar o modificar artículos del proyecto, entre ellos los referidos a las facultades delegadas, la administración de la deuda y la posibilidad de reasignar partidas sin una autorización legislativa adicional.
Pese a esos planteos, el Gobierno no aceptó cambios al texto aprobado por Diputados. “El Presupuesto es una herramienta central del programa económico y no está sujeto a negociación”, fue el mensaje transmitido desde el Ejecutivo.
Por otro lado, la oposición intentó rechazar el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), cometido que no lo logró. Hasta el final de este año, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas.
Ejecución y control parlamentario
El Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de seguimiento y control por parte del Congreso, mediante informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Esos reportes permitirán monitorear el cumplimiento de las metas fiscales a lo largo del año.
Desde el oficialismo destacaron que la previsibilidad presupuestaria es una señal clave para los mercados y los organismos internacionales. “La Argentina necesita reglas claras y un presupuesto consistente”, afirmaron durante la defensa del proyecto.
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