El primer examen que enfrenta el Gobierno ante los mercados —además de la licitación del próximo miércoles— es lograr que el Congreso apruebe el proyecto de Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias. Ese desafío motivó la incorporación del ministro de Economía, Luis Caputo, a las negociaciones, en un nuevo papel con el que busca impulsar las iniciativas en el Parlamento.
Tal como adelantó Infobae la semana pasada, el equipo de Caputo se involucró más activamente en las negociaciones por el presupuesto en las últimas semanas. El martes pasado se reunieron en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Gustavo Arengo.
El principal objetivo del encuentro fue asegurar que el Presupuesto 2026 respete el acuerdo por la coparticipación, aunque las conversaciones deberán continuar, según pudo saber este medio. “No hay nada nuevo que se deba firmar porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda (además del 1,4% que va por goteo diariamente)“, destacaron fuentes de Uspallata.
No fue, sin embargo, la única reunión de Sánchez. El jueves pasado la funcionaria recibió al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safran; el tema central fue el Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Se trata de un régimen creado por el Decreto 969/2024 para sanear las finanzas públicas, que habilita al Estado nacional y a las provincias a saldar deudas mutuas mediante compensaciones, acuerdos de conciliación y transacción, e incluso transferencias de bienes o ejecución de obras. De hecho, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ya firmó un acuerdo con Caputo el 15 de abril pasado.
“El acuerdo entre Nación y Misiones incluye compensaciones de deudas y acreencias actuales, entre las que se encuentran el Ajuste Consenso Fiscal, Club de París, Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, deudas del ex Enhosa y compromisos de compensaciones futuras con bienes inmuebles“, destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía en su momento.
Como adelantó Infobae, las negociaciones para aprobar el presupuesto ya no dependen de que Economía libere fondos adicionales, sino, por el contrario, de que cumpla con los convenios ya pactados.
Con el recambio de legisladores en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA) pasó a ser la primera minoría; para aprobar el presupuesto 2026 y las reformas de segundo orden que impulsa la Casa Rosada deberá sumar apoyos o conseguir que algunos legisladores se ausenten al momento de votar. Los afines del exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, son expertos en ese tipo de maniobras: quedó claro durante la votación de Ficha Limpia, cuando Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se dieron vuelta, lo que provocó la caída del proyecto de la diputada Silvia Lospennato —en ese momento candidata porteña—.
Deudas con provincias
“Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, detalló una fuente participante de las negociaciones. La semana pasada el gobernador Claudio Vidal había previsto visitar al ministro Caputo, pero el encuentro terminó suspendiéndose.
La situación afecta además a otras provincias de la Patagonia. Por eso Ileana Zarantonello, titular de la Dirección de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada portavoz regional en las tratativas. Una fuente cercana a Vidal precisó: “No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.
Subsidios del consumo de gas
Una problemática similar afecta a los subsidios por Zonas Frías. A la provincia de Santa Cruz le deben $15.000 millones, suma que tampoco figura en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre, donde, además, se propuso modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.
El proyecto suprimía la ampliación del régimen de Zonas Frías implementado en 2021, dejando fuera a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. La medida perjudicaría sobre todo a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, regiones de inviernos más templados donde el beneficio se había ampliado considerablemente.
“Córdoba está en el régimen de Zona Fría”, ironizó un alto funcionario de Casa Rosada, y añadió que el problema se habría resuelto con el nuevo esquema de subsidios informado por la Secretaría de Energía, que se aplicará desde enero de 2026.
Cajas provinciales
El principal foco de tensión, no obstante, es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto prevé que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones, pero incorpora una restricción: “Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.
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