Funcionarios provinciales de la gestión actual realizaron denuncias públicas y también penales por presunta corrupción en distintos organismos. En este informe, ANÁLISIS recopila de qué trataron esas acusaciones públicas y cómo derivaron en investigaciones judiciales.
1) Denuncia por falta de neumáticos en el Centro de Adicciones
Poco después de la denuncia pública sobre la desaparición de autos oficiales, el Ministerio de Salud provincial informó el robo de neumáticos guardados en el Centro de Salud de la calle Salvador Caputto, en Paraná. Desde la cartera sanitaria apuntaron a dos profesionales con dependencia laboral en el Centro, que depende de la Dirección de Salud Mental. Se abrió una causa penal para investigar los hechos; los dos profesionales inicialmente señalados se desligaron de la acusación y, finalmente, la investigación se archivó por falta de pruebas.
2) Denuncia por créditos a Jóvenes Emprendedores
En marzo de 2024, el abogado Julián Gracia, a cargo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado, denunció irregularidades en la entrega de créditos del programa Jóvenes Emprendedores, dependiente del Ministerio de la Producción provincial. La presentación judicial se hizo tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó el desvío de fondos destinados a financiar proyectos productivos y laborales. El fiscal Gonzalo Badano quedó a cargo de la investigación, realizó allanamientos y secuestró material. Fueron imputados los exfuncionarios Pedro Gebhart (secretario); Cristian Klein (director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos); Tomás Osorio (director de Políticas de Apoyo Emprendedor); y Claudio Rosas Vicco (director de Desarrollo Económico Emprendedor). También fueron sindicados como “capacitadores” del programa y supuestos cómplices —que habrían colaborado en conseguir a prestanombres o personas engañadas para tramitar los créditos— Alejandro Usatinsky, Lucila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros. Actualmente la fiscalía toma declaraciones a cientos de testigos. “Es una tarea muy ardua y consume todos los recursos”, se contextualizó.
3) Denuncia por supuestas coimas en el Puerto de Concepción del Uruguay
En abril de 2024 trascendió una denuncia pública presentada por el empresario José Uriburu, exconcesionario de servicios del Puerto de Concepción del Uruguay. Uriburu se autoincriminó al admitir que pagó coimas en dólares desde 2021 al ex presidente del Ente Portuario, Carlos María Scelzi, y al ex presidente del Instituto Portuario Provincial, Leonardo Cabrera, en el marco de un reclamo para que le prorrogaran la concesión —prórroga que es imposible porque su empresa tiene decretada la quiebra. La denuncia recayó en la Fiscalía de Concepción del Uruguay, a cargo de María José Labalta. El caso es complejo y tiene otra arista en la Justicia Federal: Uriburu era investigado allí por el secuestro y desaparición del empresario Gastón Tallone, quien a su vez estaba siendo investigado por lavado de dinero vinculado a actividades de narcotráfico. Actualmente la causa por supuestos delitos contra la administración pública se encuentra en proceso de investigación.
4) Denuncia por compras en comedores escolares de Concordia
En abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Humano denunció supuestas irregularidades en la gestión de la Dirección de Comedores Escolares de Concordia. La investigación penal se inició luego de una auditoría interna que detectó “probables irregularidades en 37 escuelas del departamento durante el período comprendido de marzo a abril de 2025”. Las autoridades administrativas apartaron a la funcionaria del área, Silvina Murúa, y dispusieron la “suspensión temporaria” de la empresa Parterrie Distribuciones SAS Ahora Voy SRL como proveedora del Estado “para todos los programas” dependientes del área Comedores. La fiscal que quedó a cargo es Daniela Montagne; la causa continúa en investigación.
5) Denuncia por supuestos sobreprecios en compras de Vialidad
Este martes, Paraná se vio sorprendida por 15 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en otras provincias, tras una denuncia presentada por el actual titular de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda, por presuntas irregularidades en el área de Compras del organismo. Donda detalló los hechos en una conferencia de prensa y declaró, en el programa A quien Corresponda (Radio Plaza), que presentó la denuncia penal en septiembre pasado, luego de detectar inconsistencias en los precios que pagaba Vialidad por insumos como aceite, repuestos y ropa. Además de la denuncia penal, el funcionario apartó del área a los empleados de carrera, los trasladó a otras dependencias e inició sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
Según informaron a ANÁLISIS, se investiga lo siguiente: “En la Dirección Provincial de Vialidad se habrían tramitado distintos expedientes en violación de la normativa de Contabilidad Pública Ley Nº 5.140 y su decreto reglamentario. Se habrían omitido los pasos establecidos, direccionado las contrataciones y elaborado presupuestos oficiales con valores superiores a lo de mercado. Todo ello habría facilitado que aquellos oferentes que se encontraban en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, cotizaran precios elevados que luego eran aprobados, ocasionando un perjuicio a la administración pública. Posteriormente, un porcentaje de dichas contrataciones habría sido entregado por los contratistas a los funcionarios. Estas acciones habrían dificultando que las maniobras sean detectadas”
Se realizaron allanamientos en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba a empresas y titulares, así como a empleados y funcionarios de Vialidad. Se secuestró abundante documentación, teléfonos y computadoras, que están siendo remitidos al Ministerio Público Fiscal desde ayer.
