“Las tasas municipales sobre servicios públicos en el conurbano bonaerense oscilan entre el 0,5 % y el 6,3 %, sin una lógica uniforme ni siquiera entre municipios colindantes”, advirtió el Instituto de Economía (INECO) de UADE en su último informe, que examina la estructura tributaria local y provincial en Argentina. Esta disparidad, según el documento, “genera inequidades, ineficiencias en la recaudación y dificultades en el cumplimiento tributario”, afectando tanto a usuarios finales como a empresas.
El estudio destacó que las tasas municipales, en particular la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), presentan una notable dispersión en los 24 municipios del conurbano bonaerense. Las alícuotas varían entre el 0,5 % en Berazategui y el 6,3 % en Lanús, sin que haya una correspondencia clara con la estructura o ubicación geográfica de los distritos.
“No existe un patrón uniforme de política fiscal local, ni siquiera entre municipios vecinos o aquellos con estructuras urbanas comparables”, indicó el documento.
El informe detalló que estas tasas municipales generalmente se incluyen directamente en las facturas de servicios públicos como energía, agua y gas, lo que genera una “carga fiscal combinada que impacta de manera directa en los usuarios finales”. De los 24 municipios analizados, 16 aplican alícuotas que varían entre el 1 % y el 2,6 %, lo que sugiere una moderación fiscal, aunque persisten diferencias marcadas según criterios locales como superficie, facturación o tipo de actividad económica.
Entre los municipios con tasas más elevadas se encuentran Lanús (6,3 %), Hurlingham (4,5 %) y Quilmes (3,7 %). En el extremo opuesto, Tres de Febrero, Florencio Varela y Berazategui aplican las alícuotas más bajas, de 0,9 % y 0,5 %. El informe atribuye estas diferencias a “decisiones políticas relacionadas con estrategias recaudatorias autónomas o a una menor recepción de transferencias provinciales”.
El análisis de INECO enfatiza que la autonomía fiscal de los municipios, reconocida por la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, permite a cada distrito crear y regular sus propias tasas dentro del marco legal provincial. Las tasas municipales se clasifican en cuatro tipos: por servicios generales o retributivos (como el ABL), por servicios específicos o individualizados (habilitaciones comerciales, inspecciones sanitarias), por ocupación o uso del espacio público (puestos callejeros, tendido de cables) y tasas especiales o de contribución por mejoras (obras públicas locales).
La diversidad normativa y tarifaria entre los municipios del conurbano bonaerense se manifiesta en los métodos de cálculo y ajuste de las tasas. Algunos distritos emplean esquemas progresivos según categorías económicas, mientras que otros optan por tarifas fijas o fórmulas basadas en la facturación declarada o el tamaño del local. Esta heterogeneidad, según el informe, “implica mayores costos de cumplimiento y dificultades de planificación” para los contribuyentes, sobre todo para empresas que operan en más de un municipio.
El informe también advirtió sobre la práctica de incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos esenciales. “Los usuarios no solo abonan por el consumo del servicio en sí, sino que también encuentran en el mismo comprobante montos correspondientes a tasas locales”, lo que puede generar confusión sobre la composición del monto total abonado y aumentar la presión fiscal sobre los hogares y pequeñas empresas.
A nivel provincial, la carga tributaria sobre los servicios públicos muestra una variabilidad aún mayor. El promedio nacional de carga tributaria sobre estos servicios es del 12,3 %, pero algunas provincias superan ampliamente ese valor. Chubut registra una carga del 26 %, impulsada por un gravamen del 60,9 % sobre la energía eléctrica. La Pampa alcanza un promedio del 35,1 %, con un 63,3 % en el rubro agua. Neuquén y Chaco también presentan presiones fiscales elevadas, con promedios del 21,4 % y 21,3 %, respectivamente.
En contraste, provincias como Formosa no aplican cargas sobre ninguno de los servicios analizados, mientras que Corrientes y Santa Cruz mantienen presiones mínimas, con promedios del 0,6 % y 3,1 %. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sitúa por debajo de la mayoría de las provincias, con una carga promedio del 3,7 %.
El informe de INECO resalta que la energía eléctrica es el servicio con mayor carga tributaria promedio a nivel nacional (20,3 %), seguida por el agua (11,9 %) y el gas (4,6 %). En la provincia de Buenos Aires, la carga fiscal combinada sobre estos servicios es del 9,8 %, con un componente energético del 19,9 %. Esta situación, unida a las tasas municipales, “genera una presión significativa sobre los usuarios”.
La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto local como provincial, produce un sistema fiscal “altamente fragmentado”, según el informe. Esta fragmentación genera “efectos distributivos dispares” y puede derivar en “ineficiencias recaudatorias y de provisión”. El documento señala que la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interjurisdiccional amplifica las desigualdades territoriales, tanto en el costo de acceso a los servicios como en la competitividad regional.
El análisis de INECO enfatizó que la superposición de cargas municipales y provinciales en algunos territorios contribuye a una presión fiscal elevada, particularmente sobre sectores con menor capacidad contributiva. “El actual esquema de tasas e impuestos locales carece de uniformidad y previsibilidad, lo que impacta en la equidad del sistema tributario y limita su eficacia como herramienta de desarrollo”, sostiene el informe.
Para las empresas, especialmente aquellas que operan en diferentes municipios o provincias, esta heterogeneidad se traduce en “mayores costos de cumplimiento tributario y una complejidad significativa para planificar sus operaciones”. El informe advirtió que un sistema fiscal tan fragmentado “introduce incertidumbre y aumenta los costos operativos”, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios e industrias, y trasladando parte de estos costos al consumidor final a través de precios más altos.
UADE concluyó que, aunque la autonomía fiscal es un pilar del federalismo argentino, es necesario avanzar hacia mecanismos de cooperación y coordinación fiscal que permitan mejorar la transparencia, reducir las distorsiones y garantizar una distribución más equitativa de las cargas impositivas entre los contribuyentes. El informe sostiene que una mayor estandarización de criterios permitiría optimizar la administración tributaria y fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales sin comprometer la calidad de los servicios públicos.
