En medio de la polémica por la presentación en la provincia de Buenos Aires de un anteproyecto de ley sobre conservación de suelos, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) sostuvieron que la protección de esos recursos debe realizarse sin la intervención del Estado.
Ayer, como publicó LA NACION, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (Ciafba) bonaerense presentó un anteproyecto orientado a actualizar la normativa provincial vigente desde 1988. Entre otros puntos, la iniciativa propone crear un registro de suelos y establecer la obligación de aplicar planes de conservación aprobados por la autoridad provincial. También impulsa la creación de un fondo provincial con financiamiento del presupuesto bonaerense.
Fernando de Nevares, presidente CREARicardo Pristupluk
En un comunicado oficial, el Colegio explicó que el “anteproyecto de Ley de Conservación y Cuidado Integral de Suelo y Agua” fue elaborado por su Comisión de Conservación de Suelos “como resultado de más de dos años de trabajo sostenido y de un proceso de consultas con colegas matriculados que se desempeñan en el ámbito privado, en instituciones y en organismos públicos”.
Señalaron que el texto fue presentado ante la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, aunque “aún no cuenta con estado parlamentario”. A partir de ahora, seguirá su trámite dentro del proceso legislativo y permanecerá abierto a aportes de “instituciones de referencia tales como INTA, CREA, Aapresid, universidades, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, asociaciones de productores y organismos del Estado”.
A la vez, aclararon que “estas entidades no participaron en la redacción del anteproyecto, aunque sí lo hicieron profesionales matriculados que actualmente desarrollan sus tareas en ellas”.
En diálogo con LA NACION, Fernando de Nevares, presidente de CREA, explicó que “a CREA le importa, desde su génesis, desde que nació en 1957, la preservación del recurso suelo. Ese fue el leitmotiv, la génesis de CREA y hoy en día sigue con un montón de proyectos”.
Aclaró que la institución “no fue parte de esta ley ni en conversaciones, ni podemos hacernos cargo del contenido ni a favor ni en contra”, y añadió que “no nos gusta la burocracia que genera”.
Según dijo, “el mensaje de fondo es ese: sí nos preocupa el tema del recurso suelo, pero quizás sean otras formas”. En ese sentido, explicó que la entidad privilegia el trabajo entre privados y que “no agrega valor meter al Estado en esta conversación a priori, desde nuestra mirada”.
Consultado sobre la posición institucional frente al anteproyecto, sostuvo que “a priori, no creemos que el Estado tenga que intervenir como controlador y definiendo cómo se usa o se deja de usar un recurso que es privado”.
Además, remarcó que “la burocracia genera mayor costo, mayor dificultad de generación de valor y que la regulación del propio interesado, que es la empresa productora, y el aprendizaje entre privados, como hacen los grupos CREA u otros, es la forma en que, para nosotros, debe estar el aprendizaje y el mejor uso del recurso”.
Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid)marcelo-manera-7533
También señaló que hay alternativas: “Hay otras leyes, en provincias como Córdoba o Entre Ríos, que se podrían buscar y revisar como para decir: hay ejemplos de regulación de uso del suelo que no implican esa burocracia e intervención del Estado”.
Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), dijo que la entidad reconoce la importancia de trabajar en la conservación del suelo y precisó que los asuntos legislativos se tramitan a través del Comité Ejecutivo AgroBioIndustrial (Ceabi), coordinado por la Fundación Barbechando. Ese espacio funciona como ámbito de articulación que reúne a las cuatro cadenas productivas, Coninagro, FADA y entidades técnicas como Aapresid y CREA, entre otras organizaciones.
Destacó que son cuestiones complejas que requieren una mirada amplia y coordinada. “Las legislaciones son temas complejos. Una mala ley puede resultar totalmente contraria a lo que se quiere promover. Por ejemplo, la ley de alquileres urbanos que tuvimos en la Argentina”, advirtió.
En esa línea, consideró que “esta no necesariamente es la herramienta adecuada” y que quizá haga falta un análisis más profundo en espacios como el Ceabi, donde puedan evaluarse los pros y los contras de legislar sobre este tipo de temas.
Torres añadió que “la historia argentina muestra que, cuando el Estado intervino, no resolvió nada: al contrario, complejizó, burocratizó”. Aclaró que Aapresid no participa en esta propuesta concreta ni tiene una postura institucional definida, porque forma parte de un conjunto más amplio de proyectos que se analizan y discuten de modo permanente dentro de la entidad.
También explicó que existen distintas posturas internas sobre la conveniencia de legislar estas cuestiones. “Son discusiones complejas, que hay que tener en los espacios que corresponden. Para nosotros, todo lo que sea legislativo se discute en el Ceabi”, concluyó.
