Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado. También señalaron a funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. Según la acusación, la inacción oficial agravó la crisis por las inundaciones en la subregión A3, provocando un “estrago” que dejó bajo el agua miles de hectáreas productivas y dañó la vida social y económica de la zona.
La denuncia, presentada el lunes pasado en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, imputa a los funcionarios tres presuntos delitos: estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado pese a su condición de garantes en el Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), por no haber cumplido las funciones que la normativa les exige.
El escrito planteó: “La conducta de los denunciados se enmarca en los delitos de estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal de la Nación); en concurso real con omisión impropia por estar determinada la posición de garante, la infracción del deber jurídico y la imputación del resultado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal)”.
Consultado por LA NACION, Stadnik dijo que no estaba al tanto de la denuncia; en tanto, desde la intendencia de 9 de Julio declinaron hacer comentarios por el momento.
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik
La presentación se produjo en un contexto de reclamos de productores y vecinos por la falta de mantenimiento de canales y caminos rurales, mientras el agua avanzaba sobre el partido de Carlos Casares. Según un relevamiento de Carbap, a mediados de mes había al menos 100.000 hectáreas con problemas hídricos, entre inundadas y anegadas, lo que profundizó las pérdidas productivas y las dificultades de transitabilidad. En 9 de Julio, en tanto, más de 150.000 hectáreas se encontraban en la misma situación.
Los productores sostienen que las inundaciones no fueron producto únicamente de lluvias extraordinarias, como afirmaron las autoridades, sino también consecuencia de la falta de obras y de mantenimiento. En la denuncia se asegura que “la magnitud del daño no se debe exclusivamente al factor climático, sino fundamentalmente a la inacción de las autoridades competentes”.
Se cuestionó directamente a Stadnik: “El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su carácter de presidente del Comité de Cuenca Subregión A3, lejos de coordinar medidas concretas, se ha ocupado en forma permanente de asegurar que las inundaciones (…) se deben pura y exclusivamente a las ‘lluvias extraordinarias’ que han tenido lugar”.
La intendenta María José Gentile, en su carácter de vicepresidenta del Comité de Cuenca A3Instagram
La denuncia incorpora además manifestaciones de Gentile registradas en el acta del 29 de mayo de 2025, donde la intendenta de 9 de Julio “comenta problemáticas en cuanto a los caminos rurales, y el acceso a las localidades expresando su preocupación ante la escasez de recursos. Opina que se debe atender el Cambio Climatico y solicita trabajar más coordinadamente con la Dirección de Hidráulica zonal y trabajos técnicos”.
También se añadieron declaraciones públicas de Stadnik que, según los productores, ratifican la omisión. En el acta de esa misma fecha el jefe comunal expresó: “Evidentemente, estamos en un ciclo húmedo ante un territorio adverso y acuerda que existe el Cambio Climatico. Luego describe los problemas de financiamiento y cómo el Estado nacional juega un papel importante en cuanto a la renta agropecuaria. Acuerda en realizar una demanda colectiva al gobierno nacional”.
Un mes después, en una entrevista televisiva, Stadnik admitió: “Yo tengo que organizar la convocatoria de la cuenca A3 a los que conformamos la cuenca y los grupos técnicos sobre todo y empezar a coordinar con la Autoridad del Agua (…), pero bueno, un poco estoy esperando de salir de esta emergencia y que se calme todo un poco. También estamos entrando en un escenario de elecciones, también eso complica un poco”.
Para los productores, esas declaraciones confirman el delito de omisión: “Reconoció que no convocó al Comité de Cuenca (…) porque estaba ocupado con la campaña política y dijo que cuando ésta finalizara recién entonces comenzarían a proyectar y decidir qué hacer”.
La presentación también advirtió sobre las consecuencias productivas: “Las inundaciones han provocado perjuicios directos sobre sembradíos, pasturas, cosechas fina y gruesa (…) a la lechería por las dificultades para sacar el producido, y a la ganadería, con estrés en los rodeos y dificultades para abastecer de alimentos a los animales”.
