Luego de que todo el arco político evitara durante casi 25años el debate estructural, pero en medio de la negociación con las provinciaspor el presupuesto 2019 y el ajuste negociado con el FMI , el Gobiernopresentará antes de fin de año un proyecto de ley para modificar lacoparticipación de impuestos.
La iniciativa se trabaja desde el inicio de la gestión deMauricio Macri en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio ,pero retomó velocidad en las últimas semanas, como consecuencia de lanegociación de la Casa Rosada con los gobernadores peronistas para llegar a unameta fiscal el año que viene de 1,3% del PBI, lo que requerirá un significativoajuste de transferencias discrecionales y para gastos de capital ( obraspúblicas ). En ese sentido, la propuesta oficial es también un comodínconstruido por el oficialismo para poner sobre la mesa de negociación.
La intención oficial es que el proyecto sea consensuado y,de aprobarse, la aplicación será gradual. Esto -dijeron a LA NACION en la CasaRosada- le ofrece a los gobernadores la posibilidad de cambiar la matriz dedistribución de impuestos sin ver comprometidas sus gestiones. El cambio total,si se aprueba, llevará entre cuatro o cinco años, estiman los técnicos quetrabajaron con las primeras simulaciones.
Entre los principales distritos beneficiados estará laprovincia de Buenos Aires, siempre postergada en el debate por lacoparticipación. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal ya se habíallevado un premio en noviembre con la eliminación del fondo del conurbano y-tras el ahorro previsional- la llegada de $20.000 millones. Hoy Vidal negociacon el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, la posibilidad dehacerse cargo de los gastos y subsidios de algunas empresas de serviciospúblicos que hoy financia la Nación.
Otras provincias beneficiadas serían Mendoza, Salta yChubut. Del otro lado tendrían que ceder ingresos Santa Fe, Córdoba y EntreRíos. “Somos conscientes de que no van a entrar todos. La idea es buscarlos consensos necesarios, pero sabemos que no va a haber unanimidad”,contó a LA NACION uno de los técnicos que trabajó en el proyecto. “La ideaes presentarlo este año y tome estado parlamentario. Lo importante es quequienes lo aprueben no pagarán el costo en su gestión”, agregó el técnico,al describir la virtud del gradualismo propuesto.
La coparticipación tiene dos dimensiones (o tipos dedistribución). Una primaria y otra secundaria. La primaria explica cómo sereparten los fondos entre la Nación y las provincias. Con la decisión de Macri-tras un fallo de la Corte Suprema y un decreto de Cristina Kirchner – dedevolver un 15% a Santa Fe, San Luis y Córdoba, y de sumar a los 21 distritosgradualmente hasta llegar a 15% en 2020, el Gobierno cree que ese año el totalde los recursos del país estará 50% en manos de Nación y 50%, de lasprovincias. Para el Gobierno, con ese resultado final esa distribución ya esequilibrada.
La discusión, en tanto, se planteará con la dimensiónsecundaria, o sea, la redistribución del 50% en manos de las provincias -enbase a diferentes coeficientes- entre ellas. Allí, siempre fue la provincia deBuenos Aires la más discriminada. El tema se debate desde hace tiempo en laComisión Federal de Impuestos (CFI), donde se crearon tres comisiones paracomenzar a saldar la deuda que data de la reforma constitucional. Por elGobierno, quien impulsa el proyecto en el CFI junto a Frigerio es elsubsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.
La metodología por la que optó el Gobierno, a partir delmodelo australiano y canadiense, es la de “capacidades fiscales ynecesidades de gasto”. Está basada en que las jurisdicciones partícipestienen diferentes tipos y niveles de actividad y desarrollo. Por lo tantotienen diferentes bases imponibles. A todas se les exige el mismo esfuerzofiscal, dado la base imponible de cada una. Por el lado del gasto, se pretendeequiparar la prestación de servicios públicos (administración pública,educación, seguridad y salud). “Todas las jurisdicciones deben tener losrecursos suficientes para solventar servicios equivalentes”, dice lapropuesta. Todos los coeficientes serán actualizados según datos registrales. Ysi no se pudiera, al censo que elabora el Indec.
