Diecinueve de los 24 gobernadores dijeron presente desde las 11 en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad, para explicitar su malestar y preocupación por el caída en la recaudación provincial y también de las transferencias de la Nación hacia los distritos. Los 5 restantes, los mandatarios provinciales de Mendoza, Misiones, Catamarca, Tucumán, de aceitado vínculo con el Ejecutivo, participan vía zoom. Solo el correntino Gustavo Valdés pegó el faltazo.
Tal como había adelantado Clarín, los gobernadores meten presión a la Casa Rosada en plena carrera electoral y justo cuando el Gobierno quiere relanzar el Consejo de Mayo con sindicalistas, empresarios y mandatarios provinciales y busca apoyos en el Congreso para relajar controles y que dólares sin declarar de pequeños y medianos ahorristas entren en circulación.
El reclamo de los mandatarios provinciales es transversal, de los peronistas a los macristas. De los opositores más duros a los más dialoguistas. En la cabecera de la larga mesa en las oficinas del CFI se sentó el titular de la entidad Ignacio Lamothe, cercano a Eduardo de Pedro. A su lado estuvo el formoseño Gildo Insfrán. En el otro extremo, el chaqueño radical Leandro Zdero, que habilitó una alianza electoral con LLA, y en el medio Jorge Macri, blanco predilecto del Presidente.
Al mismo tiempo que endurecen su posición, los gobernadores pasan por la ARCA para firmar los convenios de información tributaria y agilizar el plan para que los ahorristas saquen los dólares del colchón que presentó Luis Caputo y no termina de arrancar. Varios de ellos se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa del Ejecutivo.
“Es una discusión de derechos y obligaciones. Si el Gobierno profesa que tiene como competencia la macroeconomía, las relaciones exteriores y la Defensa y Seguridad Interior, hay un gris en un montón de impuestos que se están recaudando con asignaciones específicas para el mantenimiento de rutas, puertos y demás, que tenemos que discutir qué hacemos con esto. O se eliminan los impuestos o las provincias nos hacemos cargo de esas obras”, consignó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres en la previa del encuentro.
El caso del impuesto a los combustibles que destina asignaciones para vialidad nacional y el mantenimiento de las rutas es uno específico sobre el que Rogelio Frigerio, de Entre Ríos había alertado meses atrás.
“No es una cumbre anti Javier Milei“, aclaraban los más cercanos a la Casa Rosada durante el fin de semana.
Al mismo tiempo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó que en el mes de mayo la Nación “envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000, que descontando el proceso inflacionario del período se traduciría en una baja real del 23,3%” respecto a lo girado en el mismo mes del año pasado.
El año pasado el Gobierno firmó convenios marco y específicos con los gobernadores para transferir obras a las provincias y comprometerse a terminar las que tenían una ejecución avanzada, pero casi ninguna se completó.
Lo mismo ocurre con las viviendas paralizadas y con los reclamos cruzados de deudas y el plan para cancelar obligaciones con terrenos fiscales y empresas estatales y las deudas con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la ANSES, un tema que está en manos de la Corte Suprema.
El rionegrino Alberto Weretilneck, que hasta ahora había dado muestras de acuerdo con la Rosada, se distanció de Milei y adelantó que recurrirá a la Justicia para pedir la transferencia de obras. “Milei no sabe lo que es el Interior“, dijo la semana pasada
