En una extensa entrevista, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, hizo un balance de su gestión como presidente del alto cuerpo y analizó la situación actual del sistema judicial entrerriano. También se refirió al fallido juicio político contra Susana Medina y a la polémica por el régimen de licencias de los integrantes del máximo tribunal.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Portela señaló que “uno de los objetivos primordiales que teníamos con los vocales era el tema de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, y en eso se hicieron varios reglamentos, varios protocolos, que por ahí no son públicamente visibles, pero que sí facilitaron de alguna manera el acceso de la gente más vulnerable al sistema judicial. Sobre todo, en cuestiones de género, porque se implementó un mecanismo para que las denuncias por violencia de género y violencia doméstica sean más sencillas, más simples, y para que puedan las víctimas de alguna manera tener más centralizado todo lo que es la asistencia”.
Agregó que “también hicimos varios protocolos y reglamentos a nivel administrativo para acelerar los tiempos de los juicios, más que nada en el juicio contencioso administrativo que es muy importante para los intereses económicos de la provincia y también, obviamente, de los justiciables”.
Sobre lo que quedó pendiente, admitió que “lo que no pudimos hacer, lamentablemente, fue terminar o encaminar para resolverlas definitivamente algunas obras importantes que teníamos, y que tenemos sin resolución, porque no fue una época buena en materia presupuestaria para la provincia”. Por eso definió su gestión como “agridulce”.
Reconoció que “la cuestión económica marca el pulso de toda la gestión, y eso no se puede ocultar”, y precisó que en lo referido al juicio por jurados “no solamente teníamos en mente la cuestión económica, que es importante pero no es dirimente”. Explicó: “Hasta fin del año pasado, teníamos una ley que obligaba a hacer el juicio y había que hacerlo; nosotros tenemos que acatar la ley plenamente. Pero cuando nos pedían consejos desde el poder político, nosotros teníamos en cuenta la opinión de las víctimas de delitos de naturaleza sexual, que no querían ser sometidas al juicio por jurados porque no querían revictimizarse. Siempre hacemos encuestas antes y después de empezar el juicio, y en general los jurados son muy renuentes al ser convocados al juicio, pero cuando termina el juicio dan un alto grado de satisfacción a las encuestas y dicen que volverían a ser jurados porque la experiencia les pareció muy importante. Desde ese punto de vista nos parecía muy alentador el juicio por jurado, pero las víctimas de delitos de naturaleza sexual no querían ser juzgadas por pares. Tengamos en cuenta que nosotros, salvo tres o cuatro ciudades grandes de la provincia, el resto son pueblos y son personas que no quieren ser sometidas a un juicio donde se ventilan cuestiones tan íntimas en un juicio por jurado. Desde ese lado venía nuestro consejo de que había que elevar la escala penal para que los juicios por jurados de naturaleza sexual queden fuera del juicio por jurado. Después la discusión se mezcló todo, pero esa era más que nada nuestra posición”.
Sobre los plazos de resolución, Portela sostuvo que “por supuesto, siempre hay cosas para mejorar y siempre va a haber cosas para mejorar. Por la naturaleza humana siempre hay cosas perfectibles. Se mejoró mucho, queda muchísimo por mejorar, hay que reconocerlo, y dentro de lo que es el espectro de poderes judiciales del país, el Poder Judicial de Entre Ríos creo que es de lo más elogiable en cuanto a plazos”. Puso ejemplos: “un juicio laboral en Capital Federal demora cuatro años en primera instancia y en Entre Ríos dura uno, y menos también, a veces 10 meses. Un juicio civil también demora un año; un juicio contencioso en materia civil demora un año, mientras que en otras provincias tarda por lo menos dos, tres o cuatro años”.
Añadió: “Por supuesto que no nos conforma eso, queremos que las sentencias sean dictadas en tiempo y forma. Pero esto de la forma también tiene que ver con el nivel de anulabilidad y de revocación que tienen las sentencias de primera instancia, que es bajo. Tenemos jueces y juezas de primera instancia que son muy formados y que, en general, no tienen altos índices de revocación de sentencias por las Cámaras, y eso es algo que tenemos que cuidar. Y por eso es que insistimos tanto con el tema obras, no solamente para darle mayor comodidad al justiciable para que cuando vaya a Tribunales no tenga que andar deambulando, no tenga una audiencia en un lugar incómodo, no tenga que andar cuidándose de hablar en voz alta, porque lo que dice en una audiencia se escucha en la habitación del lado, sino también para que quienes están trabajando en el Poder Judicial, que están mayormente 8 o 9 horas por día, lo hagan en condiciones aceptables”.
En ese sentido planteó que “en esto no es que a uno se le encapsula la visión y dice ‘quiero estar cómodo y no me importa la situación económica de la provincia’; es justamente lo contrario, lo que estamos diciendo es que, como estamos desbordados de trabajo por la situación económica del país, no solamente de la provincia, necesitamos un poquito más de herramientas para poder atender en tiempo y forma a la gente que nos está cayendo de manera inmediata. Cuando aparece la crisis, a nosotros nos aparecen los problemas de manera inmediata. Entonces tenemos que tener herramientas para afrontar toda esa catarata de juicios que se vienen atrás”.
Sobre la materia penal recordó que “actualmente en la provincia tenemos el sistema penal acusatorio que es el que maneja el Ministerio Público Fiscal, y quien lleva adelante la investigación es la Fiscalía. En ese punto nosotros no podemos hacer nada porque las leyes vigentes dicen que el fiscal lleva adelante la investigación y cuando el fiscal no promueve determinadas pautas de investigación o líneas directrices o condiciones claras de para dónde quiere ir –quizás por una estrategia procesal o quizás porque todavía no tiene claro qué punto quiere investigar- la magistratura no puede hacer nada”.
Admitió además que “la crisis no es solamente en el Poder Judicial, la policía no tiene todas las herramientas para investigar, el mismo Ministerio Público Fiscal no tiene todas las herramientas para investigar, las cuestiones de medicina forense son inmensamente caras porque son todas importadas; y ahora el dólar está estable o se abrió un poco la importación, pero justamente cuando hay más posibilidades de recurrir a herramientas importadas tenemos menos presupuesto, entonces se nos complica. Siempre la sábana es corta, por un lado, o por el otro”.
En materia civil y laboral sostuvo que “de alguna manera los juicios se encaminan y están dentro de los plazos, yo diría de los mejores del país. Sí tenemos deuda en materia penal. En materia de familia, dentro de todo, hay respuesta rápida, Y digo ‘dentro de todo’ porque tenemos una discusión grande, una disconformidad y una queja grande porque la ley vigente obliga a que, ante una denuncia de violencia de género o doméstica, el juez o la jueza de familia tengan que dictar medidas en tres días, pero para eso necesitamos previamente que un equipo técnico evalúe a la víctima y al victimario. Y en eso se nos complica porque le pedimos al Poder Ejecutivo cargos, la Legislatura nos da los cargos, pero el Poder Ejecutivo o el ministro de Economía, nos dice que no hagamos esas designaciones de manera inmediata porque no hay presupuesto para pagar los sueldos. Entonces es todo un círculo vicioso que no termina de cerrarse por falta de presupuesto”.
Se mostró optimista en que “esto tarde o temprano se va a arreglar”, pero advirtió que “en materia de violencia de género o doméstica, cada día que pasa con una víctima es algo que tenemos que mirarnos frente al espejo a ver qué hicimos mal, porque no podemos dejar pasar días sin tener una respuesta seria del Poder Judicial y del Estado, en definitiva, en su conjunto, para darle una respuesta a una víctima cuando está sobrepasada por la situación”.
Graficó además que “el primer lugar donde repercute la crisis económica, históricamente ha sido en materia de familia. Automáticamente, la crisis económica produce problemas puertas adentro de cada hogar y empiezan los maltratos, las violencias, las separaciones también, que no siempre son con violencia afortunadamente; y también en materia laboral. Los despidos, las suspensiones, los concursos preventivos. Es automático de que la crisis empieza en una fecha determinada y es sintomático que a los 15, 20 días o un mes, ya estamos con demandas, con cautelares y con problemas y denuncias, más que nada en cuestiones de familia. Eso es lo primero; como dice el dicho, cuando la crisis entra por la puerta, el amor sale por la ventana”.
Sobre la falta de peritos, explicó que “la crisis económica y la falta de designación de cargos, hace que no podamos avanzar en ese tipo de procesos. Por ejemplo, tenemos previsto el cuerpo de peritos contables para que las causas complejas sean monitoreadas desde un lugar, distribuidas de manera equitativa entre todos los contadores. Hoy, gracias a que tenemos la posibilidad de trabajar de manera remota en cualquier lugar de la provincia, sobre cualquier expediente, podríamos distribuir de manera equitativa. Hoy, al ser Paraná el lugar más poblado, tenemos peritos contables que hacen 1.000 pericias por año y en otras localidades más chicas, peritos contables que hacen 100. Entonces la idea es centralizarlo y que una persona distribuya de manera equitativa esos trabajos. Pero no lo podemos hacer porque necesitamos unos cuatro o cinco cargos que no los conseguimos en la Legislatura y hay que ver si, una vez que los conseguimos, tenemos la financiación de esos cargos”.
Detalló además: “Cuando nos aprueban el presupuesto en la Legislatura nunca está lejos de lo que pedimos. Tenemos obligatoriamente por ley que hacer el presupuesto en septiembre de cada año, y, por ejemplo, lo hacemos y pedimos 100 cargos, pero nos dan 90. Perfecto, nos arreglamos con 90, pero el problema es que, al año siguiente, cuando se ejecuta ese presupuesto, de los 90 nos dan 50. Entonces de 100 que se pidió, se termina trabajando con 50 en un marco inflacionario. Entonces se duplica el problema. Pero vamos emparchando y tratando de cubrir las necesidades más urgentes en la esperanza de que esto tenga una solución rápida para poder cubrirlo de manera definitiva y darle a la ciudadanía de la provincia el servicio que merece”.
Sobre la relación institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, afirmó que “ha sido muy bueno. El gobernador es una persona que siempre tuvo las puertas abiertas, las líneas telefónicas abiertas para cualquier tema, y siempre fue honesto en el tema presupuestario. Lo mismo con sus ministros de Economía, que se fueron sucediendo dos o tres personas, pero siempre tuvimos un vínculo abierto, llano y honesto. Más allá de nuestras diferencias por supuesto, que las tuvimos en un montón de ocasiones, pero pudimos tener una relación seria, honesta, transparente, madura y prudente. No pedíamos cosas imposibles, sino dentro de un marco real, y el Ejecutivo nos decía lo que se puede, lo que no se puede, en esto vamos a hacer un esfuerzo, en esto directamente no se puede y lo entendimos”.
Añadió que “tuvimos nuestras diferencias, discusiones, pelea, pero siempre dentro de un marco de respeto no solamente institucional sino también personal. No nos olvidemos que son personas que han sido apoyadas por la ciudadanía para llevar los destinos de la provincia durante cuatro años y a eso hay que respetarlo; a la voluntad popular hay que respetarla y las decisiones que tomen a nivel político, como objetivos políticos, ellos serán quienes carguen con las consecuencias, así que uno no puede tampoco pretender imponerles objetivos o parámetros, hay que ser muy respetuosos de eso. Uno no se puede meter en eso”.
Juicio político contra Susana Medina y polémica con las licencias
Consultado por el fallido juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina, y la controversia alrededor del régimen de licencias del máximo tribunal, Portela consideró que “este tema tiene varias facetas”. Aclaró: “Obviamente que la cuestión personal de la doctora Medina la seguimos con angustia desde el Tribunal. Es una colega dentro del Tribunal con quien convivimos, pero al tema de las licencias hay que verlo desde otro punto de vista. Nosotros somos un poder del Estado que tiene la gestión de gobierno del Poder Judicial y no podemos tener el mismo régimen de licencias que una persona que trabaja de 7 a 13 en un Juzgado de Primera Instancia. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar al Poder Judicial frente al resto de los Poderes del Estado, frente a la comunidad y frente al resto del país también. Nosotros tenemos reuniones en Salta con la Junta Federal de Cortes; tenemos una reunión con la Corte Suprema; tenemos una reunión con el Poder Judicial de Paraguay. Es decir, no podemos tener un régimen de licencias idéntico a cualquier empleado del Poder Judicial. Ahora, dentro de ese régimen de licencias abierto que nosotros tenemos hay un margen de confianza en el cual, yo como presidente, si un colega me decía que iba a hacer un curso de capacitación a Buenos Aires, no le pido que me traiga el certificado, porque hay un marco de confianza. Después si cada colega hacía o no hacía el curso al que decía que iba, eso ya queda dentro del fuero íntimo de cada uno y cómo se maneja cada uno”.
Recordó que “somos un órgano político, un tribunal político que está dentro de la Constitución –y político, no es político partidario- tenemos que tener también una visión, una tolerancia política en ese sentido. Nosotros no le pedimos explicaciones a los legisladores que están cada 15 días en Paraná en sesión. Nos parece bien que estén en territorio, nos parece bien que estén atendiendo los reclamos de la ciudadanía. Y no vamos a controlar nunca eso, lo tienen que controlar entre ellos a ese tema. Por eso cuando la señora (Gabriela) Lena dice cómo tendría que ser nuestro régimen de licencia, me parece que se equivoca. Nosotros somos los que más sabemos cómo tiene que ser. Si alguno incurre en una mala conducta, eso sí es motivo de juicio político. Pero después, si me tomé una licencia de más o una licencia de menos por atender una cuestión de gestión de gobierno, eso me lo tienen que juzgar mis pares, no es una cuestión de falta de idoneidad como para juicio político”.
Sobre el caso concreto, opinó que “puede ser” que tantos días de licencia de Medina hayan generado mora en la resolución de sus causas y explicó: “Yo como presidente del Tribunal tuve la obligación, por ley orgánica, de controlar la mora dentro de lo que es el Poder Judicial en general. Entonces yo hablé en algunas oportunidades con colegas y en otras con camaristas y con jueces de primera instancia, donde había mora, y les pregunté ¿cuál es el problema? ¿qué te está pasando? ¿precisás gente? ¿precisás más tiempo? ¿Tenés algún problema personal? De hecho, hubo jueces que a partir de toda esa recorrida del espinel en casos de mora, admitieron que tenían un problema personal y que necesitaban tomarse unos días. Así que les dije que se tomen esos días y que traigan un certificado médico, porque se está resintiendo todo el sistema. La mora fue un tema que personalmente me interesó”.
Sin embargo, aclaró: “Pero en lo que es la vocalía de la doctora Medina y en lo que es la Sala Laboral, yo no me puedo meter como integrante de la Sala Civil; como presidente del Tribunal les puedo decir, ¿qué está pasando colegas? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando lo otro? pero, ante la primera explicación de ellos yo no puedo imponer ningún tipo de sanción a un colega del Tribunal. No sé en el caso puntual de la doctora Medina si la mora que se le imputaba es real o no es real, yo por lo que vi en las estadísticas no era real. ¿Cómo se llega a ese resultado? No lo sé, porque eso lo maneja la Sala Laboral y yo no me meto en eso”.
