La irregularidad habría consistido en supuestos interrogatorios sin ninguna orden judicial ni de la superioridad de la fuerza, por parte de personas que dijeron ser funcionarios del área Inteligencia, y denunciados por un grupo de docentes de esa localidad que denunciaron "aprietes" por informar sobre las consecuencias de instalar una cárcel en Santa Elena
“La Policía de la Provincia tiene órdenes expresas del Poder Ejecutivo de dedicarse exclusivamente a la prevención del delito e investigación de los ilícitos, y no se tolerarán actitudes ilegales que deben ser desterradas, porque degradan la imagen de la institución y de sus funcionarios que cumplen la ley y velan por la seguridad de los entrerrianos” se expresó desde la Jefatura en un comunicado enviado a Informe Digital.
