Durante la madrugada de este martes, familiares y allegados de policías volvieron a manifestarse frente a la Unidad Regional II de Rosario, donde se registraron incidentes. A las 6, los uniformados asignados a 20 móviles se negaron a salir a patrullar; esa medida llevó al gobierno de Santa Fe a ordenarles el retiro de armas y chalecos antibala y a pasar a esos efectivos a disponibilidad. A las 9, alrededor de 60 móviles policiales se habían sumado a la protesta.
El gobierno provincial trasladó efectivos de otras zonas santafesinas a Rosario y solicitó reforzar los operativos de fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para frenar la violencia narco que desangraba a la principal ciudad de la provincia.
La protesta, que se intensificó anoche con una nueva marcha de familiares y allegados de uniformados, comenzó el miércoles pasado cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. El fallecimiento de este hombre, oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se sintieron identificados con su historia —la de agentes que se trasladan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario y cumplen un régimen de 12 horas de trabajo por 36 de descanso—, publicó el diario La Nación.
Durante el fin de semana las protestas continuaron, pese al anuncio del gobierno de Maximiliano Pullaro de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros. El anuncio no consiguió descomprimir la movilización, que anoche y durante la madrugada derivó en un enfrentamiento entre policías que custodiaran la jefatura de Policía de Rosario y familiares de efectivos que mantenían la protesta. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta, lo que profundizó el malestar dentro de las filas policiales.
A las seis de la mañana, unos 20 patrulleros quedaron estacionados frente a la Unidad Regional II y se negaron a realizar recorridos de prevención de delitos. Eso provocó una rápida reacción del gobierno, que decidió pasar a disponibilidad a los agentes rebeldes. Situaciones similares se reprodujeron en otras localidades de la provincia.
Por la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se habían negado a trabajar y consideró que, detrás del reclamo genuino de algunos uniformados, había maniobras de policías exonerados por casos de corrupción que intentaban generar malestar, sobre todo a través de las redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando Fake News, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, sostuvo el ministro de Seguridad.
En el gobierno detectaron que, en las redes sociales —fundamentalmente Facebook—, se había desplegado una estrategia sofisticada: se habían creado centenares de perfiles falsos con fotos reales de agentes, activos permanentemente y con posteos pensados para enrarecer el clima, según interpretaron desde la administración provincial. Por ejemplo, circularon fotos de pasacalles contra Pullaro que resultaron ser falsas, manipuladas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de imágenes de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado, consignó el diario La Nación.
La muerte de Valdez, atravesada por la historia de este hombre oriundo del norte santafesino, no es una excepción sino un síntoma de un problema creciente en las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales. Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, fuentes del MPA señalaron que la cifra también es significativa.
Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida. Este drama silencioso ocurre en un contexto en el que la policía no registra bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado o presuntos delincuentes; el riesgo mayor está adentro.
El año pasado, el gobierno de Pullaro envió una señal a los policías, mostrándolos como sus aliados. Respaldó al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, quien había sido condenado en 2022 a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes tres años antes, una decisión que luego la Cámara Penal de Rosario asimiló al absolver al policía. A través del caso de Nocelli, el gobierno dejó en claro su apoyo a toda la policía, en un marco en el que siempre sobrevoló el mito de que preferían no enfrentarse con los delincuentes porque los que terminaban presos eran ellos.
El caso de Valdez fue completamente distinto. Además de ser una persona querida en la fuerza, centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia. La mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe provienen del norte provincial; ese esquema no se logró modificar pese a los intentos de varias gestiones con incentivos que no alcanzaron para atraer a los rosarinos a ponerse el uniforme.
Gran parte de los uniformados cumple un régimen de 12 horas de actividad por 36 de descanso. Cada día el gobierno provincial costea el traslado en 12 ómnibus de agentes que llegan a Rosario y Santa Fe desde el norte santafesino. Algo parecido ocurre con los agentes del Servicio Penitenciario, publicó el diario La Nación.
Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, demanda más de ocho horas por las paradas y el deterioro de las rutas: la distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad del tiempo de descanso. Como relataron varios policías jóvenes, muchos deciden quedarse en Rosario; hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento y la comida los sufragaban los propios agentes. Los problemas de salud mental por el desarraigo y las jornadas sin descanso —algunos llegan a hacer turnos de 24 horas para acumular más tiempo de inactividad— también esconden otro problema creciente y poco visibilizado: las adicciones.
Tras el entierro de Valdez empezaron a multiplicarse protestas en distintas partes de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales, en especial del norte santafesino. A las calles salieron, en su mayoría, familiares y amigos de los uniformados.
Las imágenes de manifestaciones y concentraciones circularon por las redes sociales, sobre todo entre el miércoles y el viernes. El malestar de los policías apuntaba no solo contra el gobierno, sino también contra la mayoría de los medios de comunicación, que preferían omitir el conflicto. Los manifestantes que se quedaron el jueves frente a la jefatura de Policía de Rosario no eran policías en actividad ni parientes directos de esos uniformados.
Enero fue un mes duro para la policía en la provincia: la mayoría de los agentes no se tomó vacaciones porque el gobierno quiso evitar un debilitamiento de la presencia policial en meses complejos, como suelen ser los dos primeros del año. En Rosario se registraron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra inferior a la de 2025, cuando hubo 22 crímenes, aunque el número de heridos por arma de fuego superó los 45.
Por eso, pese a las protestas, Pullaro intentó mostrarse inicialmente flexible. La campaña electoral que lo llevó a la gobernación se apoyó en gran medida en una promesa de dar respuesta en materia de seguridad y, en los últimos dos años, los crímenes descendieron respecto a la dinámica de violencia narco que fracturó a Rosario en la última década y media.
Una de las claves fue el retorno del control territorial de la policía mediante el incremento de patrullajes, complementado con el despliegue de fuerzas federales en seis zonas críticas de la ciudad, donde los homicidios tuvieron un descenso del 22% en 2025 con respecto al año pasado, según las estadísticas difundidas por la cartera de Seguridad Nacional.
