Tras una nueva movilización de familiares y allegados de policías en la madrugada de este martes frente a la Unidad Regional II de Rosario —donde se registraron incidentes—, los efectivos asignados a 20 móviles rechazaron salir a patrullar a las 6. La decisión motivó que el gobierno de Santa Fe ordenara retirarles las armas y los chalecos antibala y que fueran puestos a disponibilidad. Para las 9, alrededor de 60 móviles policiales se habían sumado a la protesta.
La provincia envió refuerzos desde otras zonas de Santa Fe hacia Rosario y solicitó un mayor apoyo de las fuerzas federales dentro del plan Bandera, lanzado a comienzos de 2024 para frenar la violencia vinculada al narcotráfico que golpea a la principal ciudad provincial.
La protesta, que anoche escaló con una nueva marcha de familiares y allegados, se inició el miércoles pasado tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. El fallecimiento de este hombre oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se identificaron con su historia, marcada por agentes que se trasladan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario y cumplen un régimen de 12 horas de trabajo por 36 de descanso, publicó el diario La Nación.
Durante el fin de semana las protestas continuaron, pese al anuncio del gobierno de Maximiliano Pullaro sobre el pago de un plus salarial de $500.000 para los efectivos que presten servicio en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros. La medida no logró desactivar el malestar: anoche y en la madrugada se registró un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura y familiares que participaban de la manifestación; algunas personas fueron rociadas con gas pimienta, lo que intensificó el descontento dentro de las fuerzas.
A primera hora, unos 20 patrulleros permanecieron estacionados frente a la Unidad Regional II y se negaron a realizar recorridos de prevención. La reacción del gobierno fue rápida: los agentes que se rehusaron a trabajar fueron pasados a disponibilidad. Episodios similares se replicaron en otras localidades de la provincia.
En la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se negaron a trabajar y sostuvo que, detrás del reclamo legítimo de muchos uniformados, había maniobras de exagentes exonerados por casos de corrupción que buscaban generar malestar, sobre todo a través de las redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando Fake News, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, sostuvo el ministro de Seguridad.
Desde el gobierno observaron la puesta en marcha de una estrategia sofisticada en redes sociales, especialmente en Facebook: se detectaron cientos de perfiles falsos con fotos reales de agentes, activos de forma permanente y con posteos diseñados para agravar el clima. Aparecieron, por ejemplo, imágenes manipuladas que mostraban pasacalles falsos contra Pullaro; según las autoridades, esas fotos habían sido retocadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de imágenes de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado, consignó el diario La Nación.
La muerte de Valdez, ligada a la historia personal de este hombre del norte provincial, no es un caso aislado sino parte de un problema creciente en las fuerzas provinciales y federales. Según la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, indicaron fuentes del MPA, la cifra también es significativa.
Más de un agente por mes decidió quitarse la vida. Este drama silencioso ocurre en un contexto en el que la policía no registra bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado; el riesgo más grave resulta ser interno.
El año pasado, el gobierno de Pullaro envió una señal de respaldo hacia la policía al apoyar al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, condenado en 2022 a 25 años por matar a dos asaltantes tres años antes, una condena que luego la Cámara Penal de Rosario equiparó con una absolución. Con el caso de Nocelli, la gestión visibilizó su apoyo a las fuerzas, donde siempre flotó la idea de que los agentes preferían no enfrentarse con los delincuentes porque, en muchos casos, quienes terminaban presos eran ellos.
El caso de Valdez es diferente. Era una persona muy querida dentro de la fuerza y su historia encontró eco entre centenares de uniformados. La mayoría de los que patrullan Rosario y Santa Fe provienen del norte provincial, un esquema que no se logró modificar a pesar de varios intentos de diferentes gestiones con incentivos que no alcanzaron para atraer a los rosarinos a la carrera policial.
Gran parte de los efectivos cumple un régimen de 12 horas de actividad por 36 de descanso. Cada día la provincia costea el traslado en 12 ómnibus de agentes que llegan desde el norte santafesino a estas dos ciudades. Una situación similar afecta a miembros del Servicio Penitenciario, publicó el diario La Nación.
Volver desde Rosario a Vera, por ejemplo, demanda más de ocho horas por las paradas y el deterioro de las rutas: la distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad del tiempo de descanso. Como relataron varios policías jóvenes, muchos optan por quedarse en Rosario. Hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento lo costeaban los propios uniformados, al igual que la comida. Los problemas de salud mental derivados del desarraigo y de turnos extenuantes —algunos realizan jornadas de 24 horas para luego acumular más tiempo de descanso— suman otro problema creciente y poco visibilizado: las adicciones.
Tras el velorio de Valdez, las protestas se multiplicaron en distintos puntos de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales, en su mayoría protagonizadas por familiares y amigos de los agentes.
Las imágenes de manifestaciones y concentraciones circularon por redes sociales, sobre todo el miércoles y el jueves, aunque se extendieron al viernes. El malestar de los policías también se dirigió contra buena parte de los medios, que según los manifestantes evitaban dar cuenta del conflicto. Quienes quedaron el jueves frente a la jefatura de Policía de Rosario no eran policías en actividad ni parientes de esos agentes.
Enero fue un mes difícil para la fuerza en la provincia: la mayoría de los agentes no se tomó vacaciones porque el gobierno buscó preservar la presencia de efectivos en meses delicados, como suelen ser los dos primeros del año. En los primeros 30 días de 2026 se registraron nueve homicidios en Rosario, una cifra menor en comparación con 2025, cuando hubo 22 crímenes; sin embargo, el número de heridos por arma de fuego superó los 45.
Por eso, pese a las protestas, Pullaro intentó mantener una postura flexible en un primer momento. Su campaña electoral estuvo en gran parte centrada en la promesa de una solución en materia de seguridad y, en los últimos dos años, los homicidios descendieron respecto de la dinámica de violencia narco que fracturó a Rosario en la última década y media.
Una de las claves fue el retorno del control territorial por parte de la policía, mediante el aumento de patrullajes, complementado con el despliegue de fuerzas federales en seis zonas críticas de la ciudad, donde los homicidios tuvieron una baja del 22% en 2025 con respecto al año pasado, según las estadísticas difundidas por la cartera de Seguridad Nacional.
