Un productor ganadero de la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe, enfrenta una multa de $379.809.189 —el doble del valor de su campo, según afirmó— impuesta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y ratificada mediante un decreto provincial firmado en julio del año pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La sanción se atribuye a una supuesta infracción a la Ley de Bosques Nativos cometida cuando la provincia todavía estaba bajo la gestión del exgobernador Omar Perotti. Ante una consulta de este medio, desde el gobierno de Santa Fe indicaron que la multa se aplicó respetando la normativa nacional y provincial, y que la sanción original, dictada en 2021, ya había sido confirmada en diversas instancias previas.
El caso involucra a Eduardo Bieler, quien sostuvo que en 2020 realizó tareas de mantenimiento: picadas y poda sanitaria para eliminar selectivamente ramas muertas, dañadas, quebradas y débiles (limpieza de alambrados), acciones que la provincia calificó como un “desmonte ilegal”. La multa, calculada en 900 sueldos básicos, alcanza una cifra que, según el productor, resulta “confiscatoria” porque supera con creces el valor de la propiedad.
Recibió una notificación con la carátula “Ministerio de medio ambiente y cambio climático c/ Beiler Eduardo y otros s/ otros apremios fiscales – Cuij 21-250331409″, correspondiente al Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes de la provincia de Santa Fe. En la Justicia de Reconquista, que fue mencionada como interviniente en el expediente, aclararon que “los jueces civiles no imponen multas y no hay presente un caso semejante”.
“No hice daño, busqué conservar el ambiente. No soy agricultor. Hice limpieza de alambrados y caminos cortafuegos/de paso, para manejo de hacienda. Dejé los árboles grandes. ¡Es una locura!”, dijo en conversación con LA NACION el productor sancionado. El establecimiento rural tiene 179 hectáreas en el distrito Vera y, según explicó, está “cruzado por el Arroyo El Tigre y zonas de cañada”. Las tareas se realizaron en una zona amarilla de la ley de Bosques, que impone restricciones.
La cédula de notificación que recibió el productor
Advirtió que esta multa sienta un precedente preocupante para otros productores y reclamó que se revise el criterio de aplicación de la Ley de Bosques. Según el productor, el valor por hectárea ronda los 600 dólares; por tanto, el campo tendría un valor aproximado de US$107.400.
El reclamo es de carácter administrativo, aunque señaló que el Ministerio de Ambiente remitió el expediente a la Justicia de Reconquista. “Lo hicieron para cobrar. Nosotros apelamos, para ver si el Ministerio recapacita y da marcha atrás, porque no puede ser nunca una multa que expropie el campo”, manifestó.
“La falta no fue grave, porque si me decís fue grave porque limpiaste 20 hectáreas para hacer chacras, sería diferente y no fue así”, expresó. Consideró que las autoridades interpretaron que había provocado un desastre, cuando en realidad se trata de una cañada natural que atraviesa el campo y el arroyo, que podría tener 200 o 300 años. Asegura que no la tocó.
Según señaló, la primera multa fue de 36 millones de pesos, mientras que el campo valía 18 millones en ese momento. “En 2020, después de que me hacen el acta, nosotros hicimos el descargo, como dice la ley, y la exministra [Erika Gonnet] manifiesta, en esa oportunidad, que no se hizo, que ya me sancionó. En el año 2021 me sanciona con 900 sueldos. Nosotros seguimos recusando y ahora presentamos otro recurso”, sentenció.
La zona de Vera se encuentra en amarillo Gentileza
A raíz de la multa, dijo: “Yo quería hacer un corral, poner una manga —que la tengo ahí, lista para poner— y no quiero poner nada. No tengo ganas de ponerle nada al campo porque, en cualquier momento me dicen que lo voy a perder. Me quitó las ganas de invertir, de innovar. Me sacan la fuente de trabajo”.
En 2022 presentó un plan de manejo de bosque elaborado por un ingeniero agrónomo para dejar en claro que su intención no era perjudicar el lugar. “Del mismo Ministerio me mandan una cierta cantidad de dinero para seguir haciendo el manejo, según el pedido del ingeniero. Si tan mal hice las cosas, ¿por qué me van a mandar dinero para el plan de manejo?”, apuntó.
En 2024, el gobernador firmó el decreto 0909 de 1 de julio de 2024, en el que rechazó el recurso de apelación en subsidio interpuesto por Beiler. “Al rechazar el recurso, está como que tengo que pagar la multa. Las sociedades rurales tenían la esperanza de que, con el cambio de gobierno, el tema de la Ley de Bosques cambiara un poco, pero la verdad es que no. Una lástima”, sentenció.
Lamentó la interpretación que hicieron las autoridades ambientales sobre el mapa donde está ubicado su campo y respecto del tipo de trabajos realizados. “Produce impotencia, amargura. Pensar que podés perder todo el capital, lo que te costó trabajo, dinero y sudor. No se lo deseo a nadie”, dijo.
Por herencia familiar recibió una fracción de campo en 1995, que vendió porque estaba integrada a otras parcelas. “Guardé mi parte y, cuando pude, compré. Saqué un crédito del Banco Nación en 2017, vendí los animales que tenía y pude comprar ese lote de 179 hectáreas y el lote donde vivo, que es de 63 hectáreas. Tengo 25 vacas y un toro. Terminé de pagar ese crédito en el año 2022. Básicamente, no pude hacer usufructo del 100%”, explicó. Contó que, como hacen todos los ganaderos, procuran mejorar un poco el camino de los animales: limpiar y abrir una picada para que salga pasto. “Es algo normal”, afirmó.
La zona donde esta ubicado el campo del productor Google Maps
Ante una consulta de LA NACION, desde el gobierno de Santa Fe señalaron que en este caso se cumplió estrictamente el procedimiento administrativo que establece la ley nacional 26.331 [de bosques nativos], y las leyes provinciales de Santa Fe 11.717 y 13.372. “La sanción no fue definida por esta gestión: fue determinada en 2021 y ratificada en distintas instancias a lo largo de esos años. La entonces ministra dictó la resolución que estableció la multa”, observaron.
Según aclararon, los recursos presentados por el productor fueron evaluados por las áreas técnicas, jurídicas y por la Fiscalía de Estado. “En julio de 2024, la provincia rechazó el último recurso y, desde ese momento, el expediente quedó firme. Es importante aclarar que las sanciones no se establecen de manera arbitraria: responden a criterios técnicos y están previstas por la normativa nacional. La misma establece un rango entre 300 hasta 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional”, respondieron.
