El versátil mapa político del Concejo no deja de mutar, y esta semana muestra una nueva partición, esta vez en torno al servicio de transporte de colectivos: por un lado, los ediles que responden al intendente José Carlos Halle (Peronismo Federal) y los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), que acordaron un dictamen al respecto; y por el otro el kirchnerismo y el representante de la Concertación Entrerriana (CE) Emanuel Martínez Garbino. Después del revuelo que se armó cuando el intendente José Carlos Halle anunció el llamado a concurso para renovar el sistema (la oposición se pronunció en contra), estaría listo para tratarse este martes un dictamen de comisión relacionado con el asunto. Se trata de un proyecto de la UCR que deroga el artículo 2 de la ordenanza 7607, dejando sin efecto la fecha de finalización del contrato de concesión del servicio de colectivos, que desde 1984 presta la Agrupación del Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP), quedando en los papeles una concesión sin fin. Además de borrar la fecha de caducidad en su artículo 1 -con lo cual la concesión continuaría sin límites hasta tanto se determine alguno-; el proyecto que tiene dictamen favorable agrega un artículo 2 que fija que la próxima gestión de gobierno deberá “abordar en forma prioritaria e integral la problemática referida a la concesión del transporte urbano de pasajeros en colectivos, previa evaluación e informes y/o estudios oportunamente realizados”. Pero para la CE y el kirchnerismo el texto es defectuoso porque no le prohíbe explícitamente al Ejecutivo llamar a licitación para renovar el sistema de transporte o prorrogar la actual concesión. Por ese motivo, los representantes de estas bancadas en la comisión de Servicios Públicos no firmaron el despacho, nacido de “un acuerdo entre la UCR y el Ejecutivo comunal”, según dijeron. <b>Críticas</b>Según la gacetilla del área de prensa del Concejo, el dictamen que se tratará este martes salió “con el voto mayoritario de los miembros de la comisión de Servicios Públicos y consensuado con el Departamento Ejecutivo”. Pero lo que se presenta como positivo en el comunicado institucional se critica desde las bancadas que se oponen a la norma que está por salir. La concejal Cristina Sosa habla de un “acuerdo de los concejales del oficialismo y los del bloque de la UCR” que permitiría la prórroga de la concesión por decisión del Ejecutivo, lo cual considera poco “ético”, pues un gobierno que está al final de su mandato puede tomar determinaciones “que pueden afectar derechos de los ciudadanos”. Sostiene, en cambio, que el Intendente “debe abstenerse de realizar prórroga de concesión, o llamado a licitación del servicio, dejando esta convocatoria en manos de la próxima gestión de gobierno”. El concejal Emanuel Martínez Garbino también señaló que existió un acuerdo “entre los concejales radicales y los cuatro que responden al intendente José Carlos Halle” para sacar un despacho que “no dice claramente que esta gestión no tiene que llamar a licitación, no lo impide claramente”, hizo notar el concejal. Es decir, “se deroga un plazo de finalización de concesión (fijado en la ordenanza 7607) pero no hay necesidad de derogar ese plazo. Se habla de que la futura gestión deberá priorizar el transporte pero no dice que no se puede llamar a licitación hasta que asuman las nuevas autoridades”, las que serán elegidas el 23 de octubre. “Pretenden que esta gestión quede impedida de hacerlo, pero de hecho no queda impedida de hacerlo”, redondeó. <b>El dictamen</b>El dictamen que se tratará el martes, consensuado con el Ejecutivo, lo que hace es derogar el artículo 2 de la ordenanza 7607 del año 1994, una norma que fija un cronograma de prórrogas a la concesión. Dice el párrafo que se quiere derogar: “La concesión para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivo, otorgada por decreto 1232/84, se renueva por el término de 5 años, que se computará a partir del 10 de noviembre de 1992. Vencido el plazo, la concesión será renovada a pedido del concesionario por un período de 5 años (…); al vencimiento se podrá renovar la concesión por un período de 5 años y uno más de 4 años. Al vencimiento del último plazo previsto (que cae en noviembre de 2011), se considerará finalizada la actual concesión, debiendo la Municipalidad de Paraná, proceder a efectuar el llamado a licitación pública para la adjudicación de la concesión del servicio”. Derogado este artículo, queda sin efecto la fecha límite, más allá de la cual no se podría prorrogar nuevamente el contrato con ATUP. Con lo cual -según la lectura de la oposición- quedaría librada al Ejecutivo actual la decisión de qué hacer ahora con los colectivos, hasta que asuman las nuevas autoridades. Así, siguiendo la interpretación de la CE y el kirchnerismo, el Ejecutivo en funciones actualmente podría dejar todo como está, podría prorrogar por decreto o podría llamar a licitación porque nada en el texto firmado por la Comisión de Servicios Públicos se lo impediría claramente, aún cuando se agregue un artículo de la nueva normativa que insta a las autoridades entrantes a priorizar el transporte. Tal como están las cosas, se puede prever que en la sesión de este martes la nueva ordenanza de transporte saldría sin los votos del kirchnerismo (tres concejales) ni de la CE (un concejal); con la aprobación del hallismo (cuatro concejales) y posiblemente de la bancada de la UCR (cuatro concejales), pues dos de sus miembros son los autores de la iniciativa. <b>Plan Integral del área metropolitana </b>En un comunicado de prensa en que se opone al proyecto de ordenanza sobre colectivos que se votaría este martes, la concejal Cristina Sosa (kirchnerismo) se refiere al Plan Integral de Transporte Interurbano de Pasajeros en el Área Metropolitana Paraná-Santa Fe, “que fue dado a conocer en el marco de las primeras jornadas de gobiernos provinciales y municipales realizadas el 5 de agosto de 2011, vinculadas al Proyecto Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas de la Argentina (Ptuma)”, precisa. “En dicha instancia estuvieron presentes autoridades de nuestra gestión municipal -señala Sosa-. Entre Ríos avanzó en definir las obras de infraestructura que se financiarán en la primera etapa. Y los representantes del área metropolitana de Paraná y Santa Fe realizaron una primera reunión para avanzar en la planificación de las acciones a desarrollar”. Agrega: “Este proyecto permitirá llevar adelante el rediseño del servicio urbano e interurbano de pasajeros en el área metropolitana de ambas ciudades. Las tareas del plan Paraná-Santa Fe serán ejecutadas con la participación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Paraná y de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, añade. “Esa primera etapa tendrá un plazo de duración de cuatro meses y brindará toda la información de base para conformar la línea de base del nuevo proyecto del transporte”, cita Sosa. “Por lo tanto es dable suponer que el nuevo periodo de gobierno municipal ha de contar con todos los elementos de juicio para planear los términos y condiciones para la nueva concesión”. Finalmente, Sosa insiste en que el Ejecutivo “debe abstenerse de realizar prórroga de concesión, o llamado a licitación del servicio, dejando esta convocatoria en manos de la próxima gestión de gobierno y teniendo en cuenta todos los estudios técnicos que han sido llevados adelante en la actual gestión, sumando a ello las conclusiones del plan integral de transporte de pasajeros en el área metropolitana Paraná-Santa Fe”, finaliza diciendo la concejal.
