Revisión del artículo sobre la situación del sistema universitario en Argentina
En el marco de una nueva jornada de reclamos por la caída del salario docente y el recorte presupuestario en las universidades, Piera Fernández, expresidenta de la Federación Universitaria Argentina, denunció que el “brutal ajuste” del Gobierno ha provocado un “deterioro generalizado” en la comunidad educativa, asegurando que la situación es más crítica que en el año anterior. “El Gobierno ha decidido, en términos políticos, considerar a la universidad pública como su enemigo”, expresó en Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Piera Fernández ocupó la presidencia de la Federación Universitaria Argentina entre 2022 y 2024 y se graduó en Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Durante una entrevista con Alejandro Gomel, este le preguntó sobre el estado actual de la educación universitaria, mencionando la reciente marcha hacia el Palacio Pizzurno y el paro de actividades, así como las preocupaciones persistentes sobre el presupuesto.
Fernández respondió: “La situación del sistema universitario es más grave que el año pasado. La asfixia presupuestaria, la falta de financiamiento para becas y programas específicos persiste en medio de la misma crisis, sufriendo el mismo tipo de ajuste por parte del Gobierno nacional. Nuestro sistema universitario ya ha sufrido un desgaste durante un año. Intentamos mantener este tema en la agenda y continuar generando apoyo social, que es fundamental para que el Gobierno escuche y cambie de rumbo, ya que no existe otra alternativa frente a su postura política.”
La expresidenta también resaltó que hay estudiantes que ya no pueden acceder a las aulas y carecen de programas de becas que respalden su trayectoria académica. “El programa de becas Progresar ha perdido más del 60% de su poder adquisitivo desde el año pasado. Los docentes se ven obligados a asumir otros trabajos debido a una caída del 44% en su salario en el último año. Este ajuste brutal ha llevado a un deterioro general en el sistema universitario, acompañado de un fuerte desprestigio por parte del Gobierno hacia la universidad pública. Es una situación angustiante”.
Elizabeth Peger, entrevistadora, preguntó sobre las expectativas legislativas para avanzar en una ley similar a la que fue vetada por el presidente Milei el año anterior. Fernández respondió: “El próximo miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto al Frente Sindical y la Federación Universitaria de Buenos Aires, presentará una nueva ley de financiamiento universitario con características similares a la anterior. Esto busca generar una recomposición salarial, establecer pautas claras de distribución del presupuesto, actualizar becas y profundizar auditorías. Actualmente, las universidades públicas están siendo auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque esta semana no se logró quórum para designar a sus autoridades”.
Claudio Mardones intervino mencionando una posible consulta popular vinculante, que podría evitar un veto. “La estrategia de la consulta popular sigue vigente. Se planificó desde la Universidad de Buenos Aires y considero que es el siguiente paso tras la presentación del proyecto. Es una de las pocas herramientas que tenemos para que la ley no sea vetada. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir el camino del año pasado, donde después de aprobarse, los legisladores se volvieron en contra, apoyando un veto presidencial y volviendo la espalda al sistema”.
Fernández añadió: “Estamos en un momento que demanda una gran creatividad del sistema para resolver este conflicto. Nos enfrentamos a un Gobierno que considera a la universidad pública como su enemigo, que no escucha ni establece canales de diálogo, y que no ofrece soluciones. Este Gobierno ha cerrado la negociación paritaria libre y está incumpliendo los convenios colectivos. Sin embargo, el año pasado logramos instalarnos en la agenda pública, especialmente tras la exitosa marcha del 23 de abril, que resultó en un leve incremento en los gastos operativos de las universidades, aunque solo del 10% del presupuesto total”.
Mardones consultó por qué este año no hubo la misma fuerza en las movilizaciones. Fernández expuso: “La comunidad universitaria quiere movilizarse, pero debemos reactivar nuestro mensaje hacia la sociedad. Al principio de 2024, las universidades no podían cubrir ni sus facturas de luz. El riesgo de cierre era inminente, lo que movilizó a la comunidad. Ahora, aunque hemos conseguido cubrir esos gastos, muchos otros programas no se pueden llevar a cabo por la falta de fondos. A pesar de que la inflación parece haber estabilizado, los presupuestos siguen siendo los mismos que el año pasado, sin recomposición. Necesitamos ser estratégicos y creativos en cómo volver a conectar con la sociedad para que comprenda que el conflicto persiste. Aunque la puerta no esté cerrada, el riesgo sigue presente. Estamos en juego la excelencia académica y el acceso irrestricto a la universidad pública, pilares fundamentales que la sostienen”.
