La Cámara de Diputados de EntreRíos aprobó un proyecto de resolución por el cual se insta al Gobiernoprovincial a dar inicio a la relocalización en un nuevo predio y edificio dedos unidades penales de Paraná. La iniciativa se basa en otra del año 2010 quepretendía reubicar aquellas cárceles que hayan quedado dentro de los cascosurbanos en la provincia.
El proyecto de resolución, que llevalas firmas de los diputados del Frente CREER (PJ) José Cáceres, Julio Solanas, Estefanía Cora, Juan Huss y Carina Ramos, pretende la relocalización en un nuevopredio y edificio, de las Unidades Penales N° 1, “Juan José O’Connor”, y N° 6de Mujeres, “Concepción Arenal” de la ciudad de Paraná.
En sus fundamentos, el proyectose basa en una iniciativa que tuvo lugar en 2010, y que se proponía reubicar lasUnidades Penales provinciales que hubiesen quedado dentro de los cascosurbanos.
El predio donde se ubican las dos cárceles “está prácticamente en el centro geográfico de la ciudad”, indicó Cáceres.
En este sentido, la propuesta de los legisladores del PJ pretende brindar un ambiente a los internos que cumplan con los estándares más modernos respecto del respeto de los Derechos Humanos y la función resocializadora de las unidades penales.
José Cáceres, diputado provincial (Frente CREER-PJ).
El diputado José Cáceres recordó que mediante aquel programa “se logró la construcción de la Unidad Penal Nº 8, una cárcel de máxima seguridad, en Federal; y el traslado integral de la Unidad Penal de Gualeguaychú hacia la Granja Penal Colonia El Potrero el cual se concretará antes que finalice el corriente año”.
Lo que dice el archivo
Elexvicegobernador dijo que aquella acción contemplaba la construcción de unanueva Unidad Penal para la ciudad de Paraná, con el objetivo de trasladar lacárcel de varones, a lo que el diputado solicitó “sumar a la Unidad Penal Nº 6de mujeres “Concepción Arenal” de la capital entrerriana.
Cáceres señaló que la reubicación de los penales “debe ser pensada y proyectada bajo la plena observancia del Art. 18º de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional incorporados por el Art. 22º de la Carta Magna y la Ley 24.660, los cuales fijan las garantías mínimas que deben respetarse a los internos”.
El proyecto propone, además de quitar los penales de los cascos urbanos, mejorar las condiciones de los internos y las internas.
“En primer lugar, por su carácterde personas y en segundo lugar por la finalidad que tienen en la actualidad lasunidades penales; así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para elTratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), bajo las cuales se proyecta laorganización, servicios, derechos y garantías para los internos”, detalló el legislador peronista.
Por último, el legisladorprovincial agregó que “también han de tenerse en cuenta para la prestación deservicios relacionados con la salud mental de los internos, los criteriosestablecidos por la Ley Nº26.657 de Salud Mental”.
Cáceres: “La reubicación redundaría en beneficios en varios sentidos, no sólo en el mejoramiento del Servicio Penitenciario”.
“Con el cumplimiento de lanormativa se pretende brindar un ambiente a los internos que cumplan con losestándares más modernos respecto del respeto de los Derechos Humanos y lafunción resocializadora de las unidades penales”, concluyó.
