El juez Federal de Paraná, Gustavo Zonis, debe resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de cierre de la instrucción en la causa conocida como Área Paraná, que efectuaron los fiscales federales. De expedirse positivamente, pasaría a la instancia de juicio escrito el expediente más antiguo por crímenes de lesa humanidad que tiene la provincia, que engloba las violaciones a los derechos humanos cometidos en la costa oeste entrerriana durante la última dictadura militar. El escrito de la Fiscalía Federal llegó a manos de Zonis el viernes 18 de marzo y se suma a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que a principios de febrero le dio al juez un plazo de 60 días para que cierre la instrucción y eleve la causa a juicio. Aquella determinación de la Cámara hacía pensar, en un principio, que no sería necesario un requerimiento de clausura de la instrucción. Sin embargo, los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti optaron por reforzar la línea marcada por el fiscal general de Cámara, Ricardo Álvarez, quien ya a fines de diciembre había dictaminado que la investigación debía finalizarse en lo inmediato -su opinión fue que sólo se le otorgara un mes de prórroga. La presentación busca evitar que eventualmente los plazos se estiren más de lo previsto y se basó en el entendimiento de que ya no existen medidas pendientes de producción en lo relacionado con los imputados que se encuentran procesados, sin perjuicio de que la investigación puede continuar para los hechos que todavía restan esclarecer. Esta posición es compartida por la parte querellante, que también pretende que se deje en claro la necesidad de seguir indagando hasta dar con los cuerpos de los desaparecidos, tales los casos de Pedro Miguel Sobko, Victorio Erbetta y Carlos Fernández, y esclarecer los casos de víctimas de tormentos y privaciones ilegales de la libertad no contemplados en el expediente que pasaría a juicio. En ese sentido, reclaman que el juez -como hizo en el expediente "Hospital Militar" por robo de bebés- forme una causa aparte para avanzar en medidas pendientes, principalmente la excavación que tiene a su cargo el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el lugar donde funcionara el centro clandestino de detención La Escuelita, ubicado en un terreno de calle Selva de Montiel a metros de Juan Báez. Existe la hipótesis -avalada por relatos de testigos- de que allí fueron arrojados a un pozo los restos de detenidos, para luego ser tapados con cal. La excavación se demoró más de lo previsto, primero por las complicaciones que produjo el clima y luego por la presencia de agua en el fondo del pozo, lo que obligó a contratar una bomba extractora que aún no comenzó a realizar los trabajos. <b>Imputados</b>Por otra parte, no se descarta que en un futuro no muy lejano puedan surgir nuevos imputados, además de los 10 que ya se encuentran procesados: Rosa Susana Bidinost, Hugo Mario Moyano, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Cosme Ignacio Marino Demonte, Luis Francisco Armocida, Carlos Horacio Zapata y José Anselmo Appelhans. A esta lista hay que sumar al recientemente fallecido Oscar Ramón Balcaza y -aunque no llegó a ser procesado- al principal responsable del terrorismo de Estado en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien quedó al margen del proceso por su estado de demencia. La causa Área Paraná (oficialmente denominada “Señor fiscal general solicita desarchivo de causas que tramitaran por art. 10 ley 23.049”) tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, por lo que el juicio se sustanciará por escrito. Igualmente, en esa instancia las partes podrán seguir presentando pruebas como ocurre durante los debates orales.
