El proyecto del convencional, Fabián Rogel, propone la disposición de la tierra fiscal para una reforma agraria, "tan necesaria y tan retrasada en nuestro país". Tomando en cuenta la importancia geopolítica de los recursos naturales y lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional ("Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio"), el proyecto de autoría del presidente del bloque radical, Fabián Rogel, considera conveniente dedicarle especialmente una nueva sección a este tema en la Constitución Provincial, reconociendo a la tierra y el agua como "los recursos naturales mas importantes y explotados por el hombre". Comienza el articulado propuesto con la reafirmación del dominio originario por parte de las provincias de los recursos naturales y la responsabilidad del Estado para dictar las normas tendientes a su protección: "Son del dominio originario exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en agua, su lecho y las islas, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional. La Legislatura dictará leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar la explotación y utilización irracionales". Luego se detalla el alcance y finalidad que la constitución provincial le da a la propiedad, propiciando la tenencia y explotación de la tierra por sus propietarios: "La tierra es un bien permanente de producción y desarrollo. Cumple una función social, debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad. El Estado fomentará la explotación directa de la tierra por sus propietarios, pudiendo dictar normas impositivas en ese sentido, garantiza su preservación y recuperación procurando evitar tanto la pérdida de fertilidad como la erosión y regulando el empleo de las tecnologías de aplicación". En los fundamentos se sostiene que la disposición persigue el fin de "contrarrestar la concentración de la propiedad agraria sobre todo, tal como lo develara el último Censo Nacional Agropecuario de 2.002, en donde el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba el 78% del total de hectáreas registradas, en tanto el 60% de las explotaciones mas pequeñas solo reunía el 5% de hectáreas registradas". Extranjerización La iniciativa se introduce luego en lo que se define como "uno de los mayores problemas que debe afrontar nuestro país y al que no es ajeno nuestra provincia", como el de la extranjerización de la tierra, proponiendo una serie de pautas a cumplir, "sin perjuicio de la legislación especifica que se deberá sancionar para poder el estado asumir su responsabilidad de contralor de tan preciado recurso natural y geopolítico". Concretamente, el proyecto -que lleva las firmas de todo el bloque radical- dispone que las operaciones de enajenación del dominio de inmuebles rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras serán reguladas por el estado y "no podrán transferirse a una misma persona física o jurídica extranjera, en forma continua o discontinua, mas de dos unidades económicas", lo que equivale a mil hectáreas. Agrega que "deberán acreditar la capacidad patrimonial, origen de los fondos y sustentabilidad social y ambiental del proyecto productivo" y que la propiedad adquirida "no podrá afectarse como garantía ante personas físicas o jurídicas públicas o privadas extranjeras". A tal fin se creara un registro especial para estas transferencias. "Es de destacar que en los últimos años, nuestro país ha sufrido un proceso de perdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros, así lo advierten entre otras publicaciones e investigaciones el libro "Una Tierra Para Todos" editado por la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal Argentina", escribe Rogel en los fundamentos.Reforma agraria El proyecto propone también la disposición de la tierra fiscal de Entre Ríos para una reforma agraria, "tan necesaria y tan retrasada en nuestro país". "La colonización rural será ejecutada por el Estado mediante la entrega en propiedad de tierras fiscales con pago a largo plazo o en concesiones vitalicias hereditarias, a trabajadores rurales u otras personas físicas que no sean propietarias de una unidad económica", reza el articulado, donde se indica que la medida se ajustará los siguientes principios: • Distribución por unidades económicas. • Explotación directa y racional por el adjudicatario, fortaleciendo la familia campesina y la economía agraria. • Adjudicación preferencial a organizaciones cooperativas. • Suficiencia y seguridad del crédito oficial, con destino al bienestar y la producción. • Trámite sumario para el otorgamiento de los títulos una vez cumplidas las exigencias legales, por parte de los adjudicatarios. • Reversión por vía de expropiación a favor de la Provincia en caso de incumplimiento de los fines de la colonización, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra que se adjudique, o la resolución del contrato en su caso. • Prohibición de adjudicar lotes a sociedades mercantiles, cualquiera sea su forma, salvo cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas sea para la radicación de industrias.
