El Proyecto:
ARTICULO 1º.- Instar al Poder Ejecutivo para que adopte, en forma urgente, medidas de implementación para el control de la elaboración, registro, fraccionamiento, evaluación de calidad, abastecimiento, distribución, comercialización, información, propaganda y prescripción de todos los activos, medios de diagnóstico y de todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana que se utilicen en los establecimientos dependientes del Estado Provincial.
Solicitar que, hasta tanto se ejerza efectivamente el poder de policía provincial a través de la creación de los laboratorios necesarios y la capacitación de los recursos humanos, se adhiera al control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) e Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) requiriendo la certificación previa de dicho organismo para todos los proveedores del Estado.
ARTICULO 2º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que ponga en funcionamiento la Dirección General de Medicamentos creada por Decreto Nº 3254 SES del 4 de agosto de 2003, publicado en el Boletín Oficial del 4 de junio de 2004, a fin de que esta dependencia participe activamente en la planificación, `programación y evaluación de los procesos de selección, distribución y uso racional de los medicamentos drogas y material sanitario en los establecimientos dependientes del Estado Provincial.
ARTICULO 3º.- A su vez y con la finalidad de dar respaldo científico y técnico necesario para el ejercicio del poder de policía en la fiscalización de medicamentos, se celebre convenios de colaboración con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales para iniciar las tareas de fiscalización de los medicamentos elaborados en la provincia.
ARTÍCULO 4º.- De forma.-
FUNDAMENTOS:
El Estado debe asegurar a través de sus organismos competentes, el acceso digno a la salud pública de todos los ciudadanos, ejerciendo el debido control en la elaboración, fraccionamiento, comercialización de los medicamentos y especialidades medicinales. Resulta entonces necesario contar con una normativa específica en la materia, la que tiene como finalidad última la protección de la salud de la población, mediante la verificación de la eficacia, seguridad y calidad de los productos medicinales que aquélla consume.
El alto riesgo sanitario que la falta de control de los medicamentos y productos sanitarios conlleva, obliga al Estado Provincial, en ejercicio del poder de policía no delegado a la Nación, dictar normas expresas a ese respecto.
Cabe, entonces apuntar que, para el efectivo ejercicio del poder de contralor provincial en el registro, fiscalización y control de medicamentos y especialidades medicinales, se requiere de recursos humanos, físicos y materiales adecuados a la metodología de los estudios de farmacocinética clínica que nuestra Provincia no posee.
En su momento la Secretaría de Salud Pública de la Provincia dictó una norma la Resolución 1762/99 poniendo como requisito sine qua non para la adquisición de medicamentos para los establecimientos públicos de la Provincia que los oferentes estaban obligados a elevar por cada medicamento ofrecido, el correspondiente Certificado Nacional emitido por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) e INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (INAME).
Habiendo tomado conocimiento de que esta disposición ha sido derogada por la actual conducción de Salud Pública, consideramos que, sin perjuicio de analizar la posibilidad de presentar un proyecto de ley sobre medicamentos, es necesario adoptar urgentes medidas que garanticen la calidad y excelencia de los productos destinados a los hospitales, evitando la adquisición de fármacos que no han sido debidamente habilitados para el consumo humano.
Es por ello que el Bloque de Diputados Provinciales del Nuevo Espacio Entrerriano propone se inste al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL para que urgentemente, dicte una norma expresa que adhiera al control de ANMAT, ante la falta de elementos técnicos y científicos en esta Provincia para ejercer con la seriedad que el tema merece, el control en la elaboración y suministro de medicamentos.
No se trata de renunciar al poder de policía que el Estado Provincial conserva como poder no delegado a la Nación, sino de adherir a los controles del organismo nacional más idóneo y experimentado para asegurar con ello, la irrenunciable garantía constitucional del acceso a la salud, la que siempre debe prevalecer sobre los intereses sectoriales o personales que podrían intentar un provecho económico ante este vacío normativo, el que merece ser subsanado a la mayor brevedad posible.
