Visiblemente emocionado, Miguel Orlando Miguelo Jacob se dirigió al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Paraná y, luego de que se conociera que la fiscal general Marina Herbel de Pajares había solicitado en su alegato tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para él y para Ramón Aurelio Lell, expresó, de pie y como si estuviera en un acto político: “Jamás, ni yo ni ninguno de los integrantes del Consejo Consultivo (CC) quisimos cometer algún delito, y todos, junto a la mayoría de las personas de Bovril, colaboramos desinteresadamente y pusimos todo para paliar la grave crisis, que ustedes saben, pasó Bovril, la provincia y el país”.Con la voz a punto de quebrársele por la emoción, siguió: “Me duele mucho esto que nos sucede, porque lo hicimos de corazón, para ayudar a personas que tenían hambre y a niños desnutridos que no tenían una caja de leche para tomar”.Jacob finalizó su breve alocución reiterando: “Trabajamos y pusimos todo para hacer lo mejor, pero jamás para cometer un delito; ni yo ni ninguno de ellos”.Además de Jacob y Lell, comparecieron ante el Tribunal -integrado por los vocales Roberto López Arango, Lilian Carnero y Marina Barbagelata- Edicto Juan Cabrera, Carmen Rosa Carmencita Retamar, Oscar Ricardo Schonfeld y Celestina Felisa Cati Schibert, imputados del delito de Peculado de Servicios prestados por beneficiarios del programa nacional Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en favor de terceros vecinos de Bovril, en concurso ideal con el delito de Exacciones ilegales a través de la promoción de convenios con particulares, debiendo éstos ingresar al CC la suma de 52 pesos por beneficiario y 32 pesos por beneficiaria.Hoy a las 11 el Tribunal dará a conocer el adelanto del veredicto.Por la absoluciónGisela Cancilleri, representando en calidad de defensora oficial a Retamar; Marcos Rodríguez Allende, en defensa de Jacob; Nancy Vinagre, en representación de Cabrera y Lell; y Leandro Dato, defensor de Schonfeld y Schibert, solicitaron cada uno a su turno la absolución lisa y llana de sus defendidos.Los defensores coincidieron en señalar como un factor que influyó negativamente en la implementación de los planes sociales en cuestión, a la profusa y cambiante normativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que regulaba la puesta en marcha de aquellos; destacando que había más de 85 normas que fueron readecuando a través del tiempo y en la práctica la ejecución de los planes. En ese sentido citaron los testimonios de los funcionarios nacionales, que testimoniaron en la causa señalando que era imposible que los municipios pudieran absorber a tantos beneficiarios – 2 millones en todo el país, 65.000 en Entre Ríos y 900 en Bovril- por lo que la derivación de aquellos a cumplir tareas y a capacitarse con particulares, mediante la celebración de convenios, fue una necesidad impulsada por la coyuntura. En este aspecto, se explicó que “no había prohibición expresa que inhibiera a Jacob para modificar o alterar las actividades; no había norma que prohibiera al CC a convocar a particulares a absorber los planes”; además, se aclaró que “está todo documentado”.También destacaron que “ante la duda (en la implementación de los planes) trataron de evitar el error y consultaron a Buenos Aires, desde donde les dijeron que sería posible (la derivación a tareas particulares de los beneficiarios)”, y se reiteró que “si los miembros del Ministerio de Trabajo no pudieron dar una respuesta clara, es imposible exigirles a los miembros del CC conocer la normativa”.Sobre el delito de Exacciones ilegales explicaron que “no se pudo probar porque no hay elementos de convicción serios de que se haya exigido el pago al CC de una suma de dinero”. En tal sentido se sostuvo que, por la situación “de crisis social, política y institucional (en referencia a la crisis de 2002)” que atravesaba Bovril existieron “pedidos de colaboración a terceros y no a los beneficiarios, por el contexto de crisis”, aclarando que de ningún modo significaba un aporte obligatorio, que si no se realizaba tampoco afectaba al beneficiario que continuaba recibiendo el plan.Finalmente, se argumentó que la implementación del programa “no estuvo al alcance del control de nadie”, se reiteró que “fue un plan para paliar la situación de crisis, caos social y anarquía que vivía Bovril”, y se recordó que los integrantes del CC, que fue una continuidad del Comité de Crisis, no era funcionarios públicos, sino ciudadanos que asumieron una responsabilidad en una época de crisis. Así se recordó que “al principio eran 20 miembros en el CC, y fueron quedando los que más compromiso tenían con la localidad y por eso los vamos a castigar”, para agregar que “no se creyeron funcionarios públicos y no contrariaron ninguna norma”.Por la condenaLos alegatos comenzaron con la fiscal general considerando que los miembros del CC no cumplieron con la normativa y con las cuestiones formales que hacían a la presentación de los proyectos para concretar los planes sociales. En ese sentido hizo un reproche ético por esta situación, y evaluó que el error de prohibición que sostuvieron las defensas no se puede tener en cuenta porque los imputados realizaron el monitoreo de los planes durante un año sin consultar qué se podía hacer a los organismos correspondientes.Finalmente sostuvo que el estado de necesidad exculpante, que surgiría de la situación de crisis que atravesaba Bovril, no tenía lugar puesto que informes de la dirección de Estadísticas y Censos daban cuenta de que aquella situación también se daba en otras localidades entrerrianas. (Fuente: Uno)
