Los senadores nacionales Oscar Parrilli y Silvia Sapag de Neuquén, junto a Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, cuestionaron el llamado a licitación para la venta del 100 % del paquete accionario de las empresas que explotan cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Comahue, y presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal, para frenar la privatización. Las represas de generación eléctrica involucradas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, que sumadas representan una potencia de generación equivalente a 1,3 veces Yacyretá y 2,4 veces Salto Grande. Siendo, además, estas dos grandes centrales de propiedad compartida (binacionales), mientras que el complejo del Comahue está totalmente instalado sobre cursos de agua nacionales.
Los senadores peronistas patagónicos denunciaron que el proceso de venta de empresas públicas (hasta el decreto 590 de agosto pasado, pertenecían en un 80 por ciento a Enarsa y un 20% a Nucleoeléctrica, ambas empresas estatales) omitió la obligación de requerir una tasación previa del Tribunal Nacional de Tasación; y excluyó del proceso a la opinión de las provincias, dueñas según la Constitución Nacional de los recursos naturales.
Así tampoco existe referencia alguna del antecedente de que las empresas privadas a cargo de la explotación desde 1993 “obtuvieron ganancias extraordinarias” sin reinvertir en el mantenimiento necesario ni en mejoras en el sistema eléctrico nacional. Con el agravante, señalan, de haber enviado al exterior las ganancias obtenidas en la explotación.
Propuesta alternativa
Según señala el portal Letra P, como salida los senadores patagónicos proponen un esquema mixto: que el 50% del capital de las compañías quede en manos privadas y el otro 50% en poder de las provincias. Además, reclamaron que cualquier licitación incluya la obligación de destinar la mitad de las utilidades a nuevas obras hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro.
En ese sentido, advirtieron que el modelo planteado por el Gobierno nacional “agrava la situación”, ya que no contempla compromisos de inversión a futuro. “El Estado debe garantizar que la explotación de los recursos hídricos genere beneficios sostenibles y no sólo ganancias para un puñado de empresas”, apuntan.
La Justicia federal deberá ahora evaluar el amparo presentado por los senadores y definir si suspende o no el avance de la licitación. Sin dudas, destaca el portal citado, “el resultado de este proceso marcará un punto clave en la discusión sobre el futuro de las hidroeléctricas en la Patagonia y la participación de las provincias en su control”.
Documento crítico
“Es deber de la Constitución proteger al estado. Las represas del Comahue representan juntas más de 4600 MW de potencia, que son mas de dos Salto Grande (1890 MW) y más que una Yacireta (3600MW)”, destaca el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) en un documento emitido antes de la presentación judicial de los senadores peronistas.
“El costo de generación de estas centrales se halla muy por debajo de los 3.5 U$/MWh valor medio usual en los análisis económicos de centrales hidroeléctricas en el mundo. Y por lo tanto pueden significar para la Argentina tener una tarifa eléctrica competitiva que posibilitaría una energía para salir de la recesión”, apunta el documento, señalando un beneficio que, de no contemplarse, terminará exclusivamente concentrado en poder de un puñado de empresas.
“Sólo con la venta de las acciones no se involucra su entorno ambiental, como sustentar el almacenamiento adecuado para las necesidades de flujos y volúmenes para riego y prevenciones de crecientes ante el cambio climático. Tampoco se dice nada sobre la necesidad de contar en la región de un sistema de gestión integral que contribuya a la planificación de los recursos y la gestión adecuada del agua, hoy mirada con animus de aprovecharla sin mayores controles para los procesos de fracking de Vaca Muerta”, advierte además IESO.
“El objetivo estratégico de aprovechar nuestros recursos hídricos debe ser debatido y analizado, así como revitalizado para poder suministrar energía limpia, confiable y sostenible a la matriz energética de nuestro país, aportando una imprescindible transformación de nuestra matriz productiva y reconversión industrial con sustentabilidad ambiental”, insiste.
Luego en referencia a los
recursos que se obtienen en dichas centrales, IESO reclama “un análisis
adecuado de justificación de ingreso y egresos de las mismas, que representan
para el estado argentino una renta anual de cerca de 100 millones de dólares. A una adecuada tasa, el valor actualizado neto
en 10 años se acercaría a montos que posibilitarían construir varias centrales hidroeléctricas medianas en la región”. Agrega que “es una de las pocas
posibilidades de contar con financiación para las mismas, dada la casi total
restricción internacional de fondos nuevos para Argentina”.
Por último, el instituto de energía Scalabrini Ortiz sugiere: “Los empresarios nacionales o transnacionales que participen de las ofertas en esta licitación o resulten vencedores en cada caso, deben quedar públicamente advertidos que un nuevo gobierno nacional no les reconocerá sus derechos a esas concesiones, las que serán declaradas nulas por haber sido procesadas en contradicción con las normas legales y constitucionales de la Nación Argentina, vulnerando los derechos de los pueblos a la consulta popular previa al uso de los recursos naturales, y por la violación flagrante del patrimonio nacional”.
