El fiscal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Diego Young, solicitó formalmente que el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, sea procesado en la causa que se investiga el millonario desfalco producido en las arcas de la Tesorería Municipal. Según se conoció, el fiscal adhirió a la postura del agente del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Rubén Chaia, quien consideró que el Jefe comunal debería ser procesado por sus responsabilidades administrativas. El pedido del fiscal fue elevado a la Cámara de Apelaciones, Tribunal que deberá resolver la cuestión, no sólo la de Irigoyen sino también el pedido que hizo la defensa del procesado ex Tesorero Municipal Ángel Giménez. Los integrantes de la Cámara de Concepción del Uruguay fijaron audiencia (de fórmula) para el 13 de noviembre a las 12.30. Ese día los interesados podrían ampliar sus fundamentos in voce, en los términos del artículo 475 del Código Procesal Penal, a fin de dictar posteriormente resolución, hecho que ocurriría a fines de noviembre.La noticia sobre el pedido de procesamiento se conoció horas después que el abogado, Luis Leissa, le anunciara al Jefe comunal su renuncia como defensor, puesto que está dedicado a la campaña política, donde disputará, está vez por la Concentración Nuevo Espacio, un nuevo mandato frente a la Municipalidad.Leissa argumentó que abandona la defensa porque debido a la campaña política no tiene tiempo para ejercerla, pero las especulaciones políticas apuntan a la complicación que podría traerle la decisión que tomó el fiscal Young.INVESTIGACIÓN El pasado 18 de agosto, el juez de Instrucción de Gualeguaychú, Roberto Cadenas, quien investiga el desfalco en la Tesorería, dispuso el procesamiento, por nuevos hechos, del ex tesorero municipal Angel José Giménez, y al ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez y mantuvo sin variantes la situación del intendente Irigoyen, al rechazar el pedido de procesamiento que había presentado el fiscal Chaia, pero también impugnó la solicitud de sobreseimiento que había presentado el defensor Leissa.Siguiendo los procedimientos judiciales, el pedido de Chaia fue derivado a la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se conoció que el fiscal Young, evaluó la situación del jefe comunal y, de acuerdo a las pruebas, consideró que existe responsabilidad administrativa de Irigoyen en la causa que se investiga.Desde que se conoció el desfalco, la causa quedó en manos del juez de Instrucción Cadenas, quien citó en varias oportunidades al jefe comunal, pero pese al pedido de Chaia, no lo procesó en la causa. Irigoyen, en sus declaraciones –judiciales y periodísticas–, hizo hincapié en que él fue defraudado en la “confianza” que le brindó al ex tesorero municipal Giménez, hasta ahora único sospechoso de haberse llevado el dinero.En su resolución, Chaia consideró que existe “una serie de conductas imprudentes y negligentes que ocasionaron y facilitaron la sustracción de fondos en forma reiterada por parte del contador ex tesorero Giménez”.En sus escritos, el fiscal detalló que entre las irregularidades se detectó falta de control interno y cuestionó que Irigoyen “se cobije al abrigo del principio de confianza como herramienta que permita excluir o limitar la responsabilidad por imprudencia”, porque concluyó que “el principio de confianza no opera ante la propia tarea”, publicó el sitio de Radio Máxima.Asimismo apuntó que “tampoco es posible que invoque el principio de confianza quien debe por sí vigilar o controlar la conducta de otro. Al explicar su visión sobre la responsabilidad del jefe comunal, Chaia indicó que “uno asume una actividad (Irigoyen), pero confía en que otro haya controlado (Pérez, Néstor, secretario de Hacienda), este último no controla, entonces todo descansa en que el contador (Pomés, Pedro, contador Municipal) lleve los registros y permita un control posterior sobre la ejecución de los libramientos”. A renglón seguido, se preguntó: “¿De qué principio de confianza estamos hablando?”.Conocido el pedido que hizo el fiscal de Cámara de Concepción del Uruguay, Irigoyen dijo ayer que está a disposición de la Justicia en la investigación por el desfalco en la Tesorería Municipal de Gualeguaychú y confirmó que Leissa dejó de ser su representante legal en dicha causa “de común acuerdo”.EL EX TESORERO MUNICIPAL, ANGEL GIMÉNEZ, es el principal sospechoso de haber cometido el mayor acto de corrupción ocurrido en décadas en la Municipalidad de Gualeguaychú, se encuentra en libertad a la espera de la resolución de la causa, ya que su abogado también apeló su procesamiento. Por esas maniobras fraudulentas en Tesorería Municipal, la comuna de Gualeguaychú perdió más de 2,6 millones de pesos, cifra que alcanza en promedio a un presupuesto mensual de la Municipalidad. El monto fue establecido por una auditoría externa realizada en la Municipalidad, tarea que estuvo coordinada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad. En relación con la misma causa están procesados en libertad el ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez, y el ex contador Municipal, Pedro Pomés, quienes enfrentan acusaciones no por complicidad en el faltante de dinero, sino por sus eventuales responsabilidades como funcionarios. El delito por el cual se acusa a Giménez es por peculado, que prevé penas de 2 a 10 años, pero en el caso de Giménez, por cada uno de los hechos se le sumarían 10 años, por lo cual si se lo condena pasa de 2 a más de 100 años, ya que fue procesado por múltiples hechos. (Fuente: El Diario)
