Están acusados de malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso. Se trata del intendente de Puerto Yeruá, Benigno Fuertes, la tesorera de la Junta de Fomento, Graciela Christensen, el contador Fabián Velazco y Osvaldo Saporittis, secretario de Gobierno. El lunes se conocerá la sentencia del juicio oral y público. El fiscal pidió condenas, pero el defensor del jefe comunal pidió la absolución por tratarse de una persona “semi analfabeta”.Durante el debate, que se sustanció en la Sala Penal de Concordia, el fiscal Carlos Larrarte, solicitó que el presidente de la Junta de Fomento sea condenado a la pena de tres años de prisión condicional por los delitos de malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso. Para los otros encartados, el agente fiscal también pidió que sean condenados. En el caso de la tesorera que se le aplique una pena de dos años de prisión condicional; a Velazco y a Saporitti (contador y secretario de Gobierno, respectivamente) una condena de dos años y seis meses de prisión condicional. LOS HECHOSSegún consta en el expediente, al Intendente y parte de sus funcionarios se los acusa del delito de malversación de caudales públicos por la suma de 14 mil pesos y falsificación de documento privado.En el relato de los hechos, el fiscal al momento de su alegato, dijo que hubo un accionar doloso de los cuatro acusados y los responsabilizó a todos por igual, aunque requirió una pena mayor para el presidente de la Junta de Fomento de Puerto Yeruá. En su relato dijo que de las pruebas se desprende que hubo varias facturas adulteradas en montos y fechas y hasta llegó a pensar que debería acusar a los imputados de asociación ilícita, aunque terminó pidiendo penas de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También pidió que la condena contemple la ejecución de trabajos no remunerados en la Gruta de Lourdes o en el Asilo de Ancianos por el tiempo que duren las penas.Como pruebas de las irregularidades, el fiscal Larrarte señaló que el Tribunal de Cuentas de la provincia objetó las finanzas de la Junta, ya que se detectaron facturas adulteradas con números agregados o sobreimpresos o con fechas que no coinciden en numerosos rubros. También se hicieron compras directas que excedieron los montos que rige la normativa vigente; se pagaron viáticos para el pago de hoteles o restoranes. En ese detalle, el fiscal comparó su situación con lo que se hizo en la comuna y llegó a decir que “yo cuando viajo en comisión de servicios, ni siquiera me paga un hotel el Poder Judicial”.LAS CUENTAS En cuanto a las responsabilidades, el fiscal dijo que “uno de ellos realizó la acción típica, en tanto los otros consintieron toleraron y no evitaron los resultados”, dijo Larrarte en referencia al Intendente y los funcionarios. Las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas fueron detectadas en el balance de 1999. En un primer caso, se objetaron gastos por 2.859 pesos; luego por 7.000 pesos y finalmente por 4.000 pesos más (gastos efectuados en el comercio Delgado Vidrios que estaba cerrado en esa localidad), según informó Diario Junio.Del debate, que duró un solo día, se desprende que las facturas o comprobantes se rindieron sin que se supiera, quien recibió los bienes o servicios abonados, “y si realmente se recibieron”, acotó el fiscal. Otros comprobantes no están a nombre del Municipio sino que figuran en blanco. Hay compras que superan el monto de compra directa (trofeo de pesca de 1.700 pesos y un equipo con caja volcadora para un camión Ford por 78.000 pesos), que para el fiscal Larrarte no se investigó si la compra había sido fraudulenta.Nadie regulaba el otorgamiento de viáticos para viajes, con montos regulados en función de la distancia o de los tiempos. “Esto para prevenir posibles irregularidades”, añadió. En realidad, la caja del municipio se convirtió en una verdadera “caja de pandora”, dijo el agente fiscal.LA DEFENSA En tanto, los abogados de los cuatro imputados solicitaron su absolución. Rubén Dri, defensor de Christensen y Fuertes dio por sentado que no tuvieron participación en los hechos ilícitos. En el caso de la tesorera, aseguró que no hay elementos que acrediten que libró pagos perjudiciales para el municipio; mientras que en el caso de Fuertes, se amparó en su condición de “semi analfabeto” para explicar que confió en los profesionales que contrató para que se encarguen de las finanzas del municipio, ya que solo completó sexto grado.Además, dijo que no manejó fondos públicos, que las firmas que aparecen en los cheques no le pertenecen y que no sustrajo ni se apropió de caudales públicos.Por su parte, el ex fiscal de Estado, Jorge Romero, que defiende a Velazco, reconoció las desprolijidades descriptas por el fiscal respecto del manejo de los fondos de la comuna, tal como lo recalcó Larrarte; pero criticó el trabajo de la Fiscalía al no determinar qué persona exactamente fue la responsable de la sustracción de fondos o la adulteración de facturas. En consecuencia, Romero reconoció que a su cliente, por ser contador y haber faltado a su deber profesional por no controlar los gastos autorizados, le cabe responsabilidad por “negligencia, imprudencia e inobservancia”. Y, eventualmente, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero, por el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, afirmó que los delitos han prescripto y por ende, también pidió el sobreseimiento de Velazco. El último alegato fue de Diego Lascuraín, defensor de Saporittis, quien también suscribió la ausencia de la individualización del responsable apuntada por Romero. Luego recalcó que su cliente no era secretario de Hacienda, sino secretario de la Junta de Fomento. Y deslindó responsabilidades en los otros imputados al afirmar que la responsabilidad de los gastos dependen de una “orden política” (el intendente); y que la Ley 3.001 establece que hay un encargado de controlar el gasto (el contador) y un encargado de velar por la custodia de los fondos antes de aceptar el pago (la tesorera). Además, si bien admitió que el contador manejaba una chequera, señaló que no hay responsabilidad penal en pagar cheques, avalados previamente por los demás imputados. Teniendo en cuenta estos argumentos, coincidió con los demás defensores y pidió la absolución de su cliente. La Sala Penal de Concordia, integrada por Mariela Rojas, Miguel Giorgio y Marta Amaduzzi, dará a conocer la sentencia el próximo lunes a las 12. (Fuente: Diario Junio)
