A pocos días de conocerse la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), impulsada por el gobierno nacional, cuatro entidades del sector presentaron un amparo ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza para frenar la derogación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), al advertir que la medida “desbarata derechos de propiedad, rompe contratos de maquila y bloquea la recaudación de aportes previsionales” de la vendimia.
Se trata de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas (Carpa), que demandaron la nulidad de la resolución 37/2025, firmada por el presidente del INV, Carlos Raul Tizio Mayer. Según el escrito, la norma elimina 973 disposiciones y deja de controlar el proceso productivo, concentrando su accionar únicamente en el producto final. La iniciativa, impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, pretende suprimir 140.000 permisos y 3.000 inspecciones anuales para reducir los costos productivos.
En la mencionada resolución, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se establece la obligatoriedad del CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC-05), que se reemplazaría por una certificación unilateral de cosecha o por un documento de tránsito vegetal (DTV). Según el escrito judicial, la eliminación del “CIU no es una simple simplificación burocrática”, como arguye el Gobierno, sino que “conlleva el desbaratamiento del derecho de propiedad” de los productores. El amparo fue presentado ante la inminencia de la vendimia 2026, que comienza en febrero, con el objetivo de “evitar daños irreparables en la próxima cosecha”. LA NACION intentó contactarse con Tizio Mayer, pero no obtuvo respuesta.
El argumento central que esgrimen las entidades peticionantes es que el CIU funciona como la “partida de nacimiento” del vino. Para los viñateros que no poseen bodega propia y elaboran bajo el sistema de maquila (entregando su uva a un tercero), ese documento es el único comprobante oficial que certifica cuántos kilos entregaron y de qué calidad, un dato determinante para cobrar luego su producto.
Las cuatro entidades presentaron un amparo colectivo para bloquear la nueva normativa del vino XAVIER MARTIN
La presentación judicial sostiene que el nuevo sistema propuesto por el INV permite que la bodega haga una declaración jurada unilateral, rompiendo la “bilateridad” del control y dejando al productor primario, el eslabón más débil de la cadena, a “merced de lo que declare el industrial”, sin herramientas para defender su propiedad.
Entre otros puntos, la solicitud de amparo advierte sobre el desfinanciamiento del sistema de seguridad social rural. Actualmente, la Tarifa Sustitutiva (el mecanismo simplificado por el cual los productores pagan los aportes de sus trabajadores a través del Convenio de Corresponsabilidad Gremial) se calcula y se recauda automáticamente con base en los datos del CIU. En ese sentido, las entidades alertan que, al eliminar este documento, “se frustra absolutamente la recaudación”, lo que empujará al sector de nuevo hacia la informalidad laboral, aumentará la evasión y dejará sin cobertura de obra social y jubilación a miles de trabajadores de viña.
En términos legales, también acusan al INV de “desviación de poder” y de incurrir en “arbitrariedad manifiesta”. Sostienen que una resolución administrativa no puede derogar normas nacionales superiores, como la Ley de Vinos (14.878), la Ley de Maquila (25.133) y la Ley de Contratistas de Viña. “No resiste lógica alguna el argumento de evitar la adulteración para justificar la derogación del CIU”, afirma el documento, que agrega que “se cambia un instrumento de control probado por un sistema de declaraciones unilaterales que promueve la especulación”.
Sturzenegger visitó Mendoza a raíz de la desregulación que impulsó en el INV
Días atrás, varias entidades del sector enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para advertir sobre el impacto de estos cambios. En el texto pidieron preservar los instrumentos de trazabilidad que garantizan calidad, transparencia y derechos de propiedad en toda la cadena. La misiva fue firmada por los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa, junto a las entidades vitivinícolas que promovieron el amparo judicial, y advirtió sobre el “error” técnico que implicaría desmantelar el sistema vigente. Señalaron que la desregulación del digesto “impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola, un sistema que el sector ha construido y perfeccionado durante muchos años y que constituye la base para garantizar transparencia, control y seguridad en todos los eslabones de la cadena”.
Tras avanzar con el proceso, el ministro Sturzenegger también viajó a Mendoza, donde mantuvo una reunión en la sede del Instituto con representantes de las cámaras empresarias del sector vitivinícola. En ese marco se difundió un informe que detalla que la Argentina tiene 200.000 hectáreas de vid plantadas, mientras que Chile cuenta con 117.000 hectáreas (un 41% menos de superficie). Según ese estudio, ambos países producen un volumen similar de vino: alrededor de 900 millones de litros al año.
Según un informe del Ministerio de Desregulación, la Argentina tiene 200.000 hectáreas de vid plantadas OpenVino
En rigor, los cambios más significativos implican la eliminación de los permisos de traslado para vino a granel; además, los productores ya no deberán esperar la aprobación previa del INV para sus etiquetas. El único trámite obligatorio que se mantiene es la solicitud de “Libre circulación”, cuyo fin exclusivo es verificar que el vino sea apto para el consumo humano.
