El fiscal federal Franco Picardi apeló la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti que había ordenado, este lunes 2, archivar la causa por la toma de deuda de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese mismo jueves, cuando se conoció la apelación de Picardi, el presidente Javier Milei firmó un decreto mediante el cual el Estado deja de actuar como querellante en la causa que investiga dicha deuda, contraída cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, ocupaba esa misma función en el gobierno de Cambiemos.
“El Gobierno de Caputo de 2026 salva al Gobierno de Caputo de 2018. Es muy obsceno”, aseguró en la red social X el diputado Itai Hagman (Fuerza Patria). El decreto, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordena a la Procuración del Tesoro “a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”, iniciada por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno contra Macri.
En su dictamen, al que accedió PERFIL, Picardi sostuvo que la jueza Capuchetti para ordenar el cierre de la causa hizo “una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”. Para el fiscal, la resolución de la jueza resulta “prematura y vulnera el principio acusatorio”. Además, remarcó que los hechos investigados tienen “gran relevancia institucional” y “trascendencia comunitaria”.
El dictamen de la fiscalía alude a una “deuda estatal insostenible” por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000).
Picardi recordó que “para justificar este exponencial préstamo, los/as funcionarios/as que intervinieron en el proceso de adquisición alegaron los siguientes objetivos: reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”.
En su recurso de apelación, Picardi advirtió que el fallo de la jueza Capuchetti “no cumple con las exigencias mínimas de fundamentación”, que carece de “prueba directa para rebatir las acusaciones” y que, además, “trae como referencia segmentos de evidencia -con bajo nivel de credibilidad- para justificar de manera sesgada el archivo”. Reiteró que la magistrada llevó a cabo una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas del caso”.
El fiscal también describió los incumplimientos atribuibles a los funcionarios que impulsaron el “empréstito” con el FMI: ausencia de intervención del Congreso; falta de “intervención formal” del titular del Poder Ejecutivo, del Jefe de Gabinete y del Ministro de Finanzas; “incompetencia” del Ministerio de Hacienda; un “expediente simulado con posterioridad a la firma del acuerdo”; carencia de traducciones públicas al español y deficiencias en la transparencia.
Picardi sostuvo que existió un “esquema delictivo que debe ser analizado de manera integral”. En uno de los pasajes más contundentes de la acusación, el fiscal —que también instruye la causa ANDIS— afirmó que “las conductas reseñadas alcanzan sobradamente, a esta etapa procesal para sustentar con la robustez suficiente que los funcionarios y funcionarias públicas del PEN y del BCRA, a cargo de la administración de la mayor deuda de nuestra historia nacional, obraron de manera arbitraria y discrecional, lo que ha derivado en severas inconsistencias a la hora de identificar el destino, uso y trazabilidad de las divisas obtenidas del FMI”.
En ese marco, advirtió que debe profundizarse la investigación sobre la “hipótesis delictiva de malversación de caudales públicos”.
Ahora debe resolver la Cámara
La apelación deberá ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Bertuzzi y Bruglia fueron trasladados a esos cargos durante la presidencia de Macri; tras un litigio judicial, la Corte Suprema ordenó que ambos debían concursar esos puestos. Actualmente, el expediente se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adonde recurrieron los jueces afectados y que propuso una “solución amistosa” que ahora debe resolver el Ejecutivo nacional.
Capuchetti también fue designada durante el gobierno de Macri y recibe críticas de sectores del peronismo por la instrucción que llevó adelante en la causa por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
cp
