El gobierno de Javier Milei reforzó el control sobre la pesca ilegal en el mar argentino mediante la disposición 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fija parámetros objetivos para identificar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Desde ahora, el comportamiento náutico y la velocidad serán prueba suficiente para iniciar sumarios y aplicar multas. Además, se eliminarán las “zonas grises” que permitían a buques extranjeros alegar un “tránsito inocente”.
Con esta medida, bien recibida por la actividad pesquera nacional, la administración estableció criterios objetivos de velocidad y maniobra para presumir, “de pleno derecho”, que un buque pesquero de pabellón extranjero está realizando actividades de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), aun cuando afirme estar en tránsito.
La norma introduce un cambio significativo en el esquema de fiscalización al especificar que si un buque extranjero navega a menos de 6 nudos y traza recorridos compatibles con maniobras de pesca dentro de la ZEEA, se considerará que está pescando, lo que habilita la apertura inmediata de actuaciones administrativas. Para los poteros dedicados a la captura de calamar —uno de los principales focos de conflicto en el Atlántico Sur— el umbral es más estricto: velocidades iguales o inferiores a 2 nudos durante al menos 30 minutos continuos. Según el texto oficial, el objetivo es “diferenciar claramente la actividad de pesca del derecho a la libre navegación” y reducir márgenes de discrecionalidad en los controles.
Prefectura Naval Argentina actuará a través del Sistema Guardacostas MARCOS BRINDICCI
Se destacó que la Prefectura Naval Argentina operará mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra información satelital y registros electrónicos para detectar patrones de navegación sospechosos. La Prefectura quedará a cargo de la detección, constatación y el reporte de los eventos, mientras que la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evaluará los antecedentes y decidirá sobre la apertura de sumarios, conforme al régimen previsto en la Ley Federal de Pesca (24.922). El esquema también invierte la carga de la prueba: ante una presunción de pesca ilegal, será el capitán, el armador u operador del buque quien deberá justificar técnicamente su conducta.
Tras conocerse la decisión, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), señaló que la disposición “establece claramente las presunciones de derecho que implican la apertura de sumarios a los buques extranjeros cuando están dentro de la milla 200”. En diálogo con LA NACION, remarcó que la norma “mejora el procedimiento, fortalece la posición argentina frente a buques de bandera extranjera que simulan tránsito e invierte la carga de la prueba”, aunque aclaró que no resuelve el problema estructural de la milla 201, donde se concentra buena parte del esfuerzo pesquero extranjero fuera de la ZEEA.
La gran novedad jurídica es que la norma obliga al capitán del buque a defenderse preventivamente. El responsable del barco “deberá acreditar las circunstancias que invoque para desvirtuar la situación”, mediante bitácoras o reportes meteorológicos. La normativa advierte que la negativa a ser abordado por la Prefectura será considerada una presunción en contra del buque.
Una imagen del radar sobre los barcos extranjeros ilegales que se encuentran en la milla 201 (Imágenes de Archivo)
En la misma línea, Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), consideró que “la medida sí sirve” porque equipara criterios de velocidad y navegación con los que ya se aplican en zonas de veda y refuerza el monitoreo satelital. “Según la velocidad se establece si están pescando o no, y eso no es menor. Además del patrullaje, el monitoreo satelital sirve un montón”, destacó.
Asimismo, vinculó esta decisión con una estrategia más amplia del Estado para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Según explicó, Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ya habría dado el visto bueno para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso la adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, una iniciativa impulsada por la FAO que busca cerrar los puertos a productos de origen ilegal. “Es parte de la misma política”, explicó el titular de Capip.
Ese protocolo implica que cualquier barco que solicite ingreso a un puerto argentino deberá someterse a las leyes locales sanitarias, de trazabilidad y laborales. “Toda resolución eficaz para prevenir y eliminar la pesca ilegal será bien vista por Capip. Por el tema de la milla 201 no alcanza, pero sigue poniendo el foco en el problema y brinda más recursos a las fuerzas armadas”, resumió De la Fuente.
La armada argentina lleva adelante un operativo de control aéreo y marítimo en la Milla 200, con el fin de controlar la pesca ilegal, en el límite de la zona económica exclusiva argentinaFranco Fafasuli
Con este nuevo esquema, se subrayó que el Ministerio de Economía busca que las sanciones cuenten con un respaldo técnico inexpugnable, protegiendo la sustentabilidad del ecosistema marino y la soberanía sobre los recursos de la plataforma continental. La disposición se inscribe en un contexto de creciente presión sobre los recursos del mar argentino, especialmente el calamar, y de reclamos históricos por un mayor control sobre flotas extranjeras que operan en el límite de la jurisdicción nacional. Al fijar parámetros técnicos claros —velocidad, tiempo y patrones de maniobra— el Gobierno pretende dar mayor previsibilidad y respaldo jurídico a las actuaciones en el mar, fortalecer la soberanía sobre los recursos vivos marinos y avanzar en una política preventiva alineada con el principio precautorio que rige en materia ambiental.
