El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, ha decidido posponer su resolución sobre la situación procesal del exdiputado provincial José Allende, quien ha sido investigado desde 2012 por enriquecimiento ilícito.
En su programa Cuestión de Fondo, transmitido por Canal 9 Litoral, Zoff informó que ha convocado a tres contadores públicos para que brinden su testimonio sobre la evolución patrimonial del líder de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Se esperaba que esta semana el juez determinara si procesaba, dictaba la falta de mérito o sobreseía al exlegislador peronista, quien, junto a sus dos hijos y su pareja actual, así como su expareja, comparecieron en tribunales en el marco de la causa por la que se le acusa de haberse enriquecido con fondos públicos.
Zoff permitió que transcurrieran los diez días de plazo considerados “ordenatorios” y decidió que los autos salieran de despacho, además de llamar a declarar a los tres peritos contables que han dictaminado en este caso, que lleva trece años en el Poder Judicial.
Dos de estos peritos, uno de carácter oficial y otro de parte, sostienen que Allende no se enriqueció ilícitamente. Este dictamen contrasta con lo que el propio exdirigente político admitió en 2020 durante un juicio abreviado que no prosperó. En esa ocasión, Allende reconoció que se había apoderado de fondos públicos para hacerse millonario, y admitió un crecimiento patrimonial de más de un millón de dólares. Asimismo, se comprometió a entregar al Estado provincial su mansión en el Parque Urquiza, valorada en más de 700 mil dólares, y una casa en la calle Laprida 152, tasada en 378 mil dólares.
Por su parte, un perito del Ministerio Público Fiscal coincide en sus apreciaciones con las del imputado.
En la audiencia, estuvieron presentes en el tribunal los hijos de Allende, Julio y Victoria; su exesposa, Diana María Cristina Traverso; y su actual pareja, Adriana Guadalupe Satler, quienes optaron por guardar silencio. El único que declaró, sin responder a preguntas, fue Allende, quien realizó un monólogo centrado en las pericias favorables.
Tras escuchar a todos los presentes y con los autos en despacho, lo que indica que el juez está listo para tomar una decisión, Zoff optó por profundizar la investigación y convocar a los peritos.
El miércoles 4 de junio comparecerá Diego Saconi, contador público de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, quien asegura que la evolución patrimonial de Allende está en orden. Al día siguiente, el jueves 5, será el turno de Héctor Enrique, contador público del Ministerio Público Fiscal, quien ha encontrado irregularidades en el patrimonio del exlegislador. Finalmente, el viernes 6 declarará Andrea Calello, contadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), designada por la defensa de Allende, quien ha manifestado que no existen inconsistencias en su patrimonio.
Una vez finalizada esta etapa, Zoff deberá nuevamente decidir sobre la situación procesal de Allende y su familia. Cabe recordar que esta decisión puede ser apelada por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, así como por los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat.
El proceso se rige por el antiguo Código Procesal Penal, y a lo largo de los años ha visto pasar a varios jueces y fiscales que no han logrado llegar a una resolución. La investigación penal se inició a partir de una denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS en 2012, y desde entonces han transcurrido trece años sin avances.
A lo largo de este tiempo, Allende ha intentado en dos ocasiones resolver el caso mediante juicios abreviados, pero ambos fracasaron. El primero ocurrió en 2016 y se dice que Sergio Urribarri no deseaba que uno de sus allegados reconociera un delito tan grave como el enriquecimiento con fondos públicos.
Una tasación oficial realizada por la justicia en 2016 determinó que Allende poseía bienes por más de 2,5 millones de dólares, a pesar de que algunos inmuebles no fueron incluidos en el inventario de Paraná y Capital Federal. La cifra exacta ascendió a 2.512.965 dólares, según publicó Análisis.
El segundo intento fracasó en 2020, cuando el juez Elvio Garzón rechazó el juicio abreviado. Un informe del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal evidenció un crecimiento patrimonial injustificado de 1.069.841 dólares.
Como resultado, se dispuso el decomiso del inmueble en la calle Laprida 152, valorado en 378.289 dólares, así como de una mansión en la calle Juan José Castelli 10, tasada en 726.922 dólares, lo que suma un total de 1.105.211 dólares. También se le impuso una multa de 3 millones de pesos, equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, además de una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, este último intento tampoco prosperó.
