Desde el 1 de enero de 2026, Alemania puso en marcha la pensión activa, que permite a los jubilados que optan por seguir trabajando después de la edad legal de retiro percibir hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos.
La reforma fue diseñada ante la escasez de mano de obra y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio.
A diferencia del modelo anterior, la nueva modalidad permite que las personas mayores de 67 años compaginen trabajo y pensión, supera el antiguo límite de ingresos adicionales y elimina la restricción que impedía volver al puesto de trabajo previo, detalló el Parlamento alemán.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, calificó la medida como un incentivo sencillo para retener talento experimentado y ampliar la flexibilidad de los empleadores. “Cualquiera que voluntariamente quiera trabajar más tiempo necesita condiciones atractivas”, afirmó Bas, citada por The Guardian.
También explicó que eliminar la barrera para reincorporarse al antiguo empleo responde a la necesidad de facilitar la continuidad de quienes deseen permanecer en actividad.
La aprobación de la reforma fue precedida por un intenso debate político. El comité de coalición, encabezado por el canciller Friedrich Merz y compuesto por ministros de carteras clave, impulsó el cambio para cubrir vacantes crecientes en sectores como ingeniería, transporte, sanidad y administración pública.
Carsten Linnemann, portavoz de la Unión Demócrata Cristiana, señaló que la “pensión activa” modifica el panorama laboral en Alemania y ayuda a captar personal cualificado, al tiempo que permite a los jubilados obtener ingresos adicionales sin mermar el acceso a beneficios sociales previos.
El Bundestag, parlamento federal de Alemania, registró 318 votos a favor, 224 en contra y 53 abstenciones al aprobar el paquete legislativo, lo que evidencia la disparidad de opiniones sobre el alcance de las medidas.
Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Dagmar Schmidt destacó la prioridad de estabilizar el nivel de las pensiones como base para proteger el poder adquisitivo de los pensionados: “Decidimos, y esto es especialmente importante para el SPD, estabilizar el nivel de las pensiones”, aseveró Schmidt, según el Parlamento.
En comparación con otros países europeos, la pensión activa alemana representa un incentivo fiscal más explícito. De acuerdo con la OCDE, países como Suecia otorgan deducciones fiscales a quienes trabajan tras los 66 años, y Dinamarca emplea bonificaciones por pensiones diferidas.
No obstante, la mayoría de los Estados miembros recurren principalmente a bonificaciones por pensiones aplazadas, donde la continuidad laboral no garantiza ingresos libres de impuestos tan altos como los que plantea la reforma alemana.
La nueva legislación establece que los trabajadores pueden combinar salario y pensión hasta 2.000 euros mensuales sin tributar por ese monto adicional. La eliminación de la restricción para reincorporarse al antiguo empleo favorece especialmente a las empresas que requieren perfiles expertos y asegura la presencia de personal veterano en áreas esenciales del mercado laboral.
Sin embargo, se advirtió que persisten dudas sobre la interacción entre este beneficio y otras cargas fiscales, como los recargos de solidaridad o impuestos municipales, además de interrogantes sobre si el límite exento se aplica por persona o por contrato en caso de varias actividades laborales.
El Bundestag también admitió que los requisitos técnicos y administrativos para acceder a la pensión activa aún no están completamente resueltos. Siguen abiertas preguntas sobre la coordinación con los pagos de seguros médicos y la adaptación de la normativa local para armonizar todos los beneficios.
Analistas citados por The Guardian alertaron que la reforma podría no alcanzar plenamente a los hogares más vulnerables, ya que solo quienes consigan empleos de calidad podrán beneficiarse por completo, y algunos críticos señalan el riesgo de retroceder hacia esquemas de protección social menos robustos.
El paquete legislativo alemán incluyó otras medidas, como la ampliación de créditos de crianza para madres y padres de hijos nacidos antes de 1992, que suman seis meses más hasta alcanzar tres años de reconocimiento.
Se mantuvo el nivel mínimo de las pensiones en el 48% del salario previo hasta 2031, y se prorrogó la suspensión del “factor de sostenibilidad”, mecanismo que ajusta el avance de las pensiones al equilibrio entre cotizantes y jubilados.
El coste calculado por el Bundestag para asegurar la estabilidad del sistema supera los 120.000 millones de euros en quince años, con una revisión prevista para 2031 según la evolución demográfica y económica.
El futuro del sistema de pensiones alemán dependerá de las recomendaciones de una comisión de expertos que ya trabaja en propuestas para reforzar la viabilidad de la jubilación pública. Parlamentarios y analistas ante el Bundestag subrayaron que mantener el equilibrio financiero y demográfico es el principal reto para Alemania en materia de pensiones.
El Parlamento alemán reconoció que responder a estos desafíos exigirá determinación y decisiones valientes en los próximos años para sostener la reforma y garantizar la protección social de las generaciones futuras.
