Entre 2016 y 2024, cuatro vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fueron objeto de denuncias por juicio político por distintas causales —que van desde el mal desempeño hasta la violencia de género—. Ninguno terminó destituido: dos renunciaron antes del veredicto final y dos vieron las acusaciones rechazadas en la Cámara de Diputados sin llegar a juicio.
Este relevamiento reconstruye cómo el mecanismo constitucional del jury, pensado para apartar a magistrados por causales graves, quedó enredado en trámites que se prolongaron meses o años y cuyos desenlaces exhiben tanto las fragilidades del sistema como las tensiones políticas que atraviesan al Poder Judicial entrerriano.
Carlos Alberto Chiara Díaz
El 14 de noviembre de 2016, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de 60 páginas contra el vocal de la Sala Penal del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz, por “mal desempeño en sus funciones”. Reggiardo formalizó la presentación luego de un acuerdo político de sectores del peronismo entrerriano que, según la denuncia, impulsaron la maniobra como revancha por las críticas públicas de Chiara Díaz al exgobernador Sergio Urribarri y por su aval a algunos fallos.
Las acusaciones incluían:
– Ausencias reiteradas de la jurisdicción: desde 2010 se dictaron 237 resoluciones de viáticos por viajes de Chiara Díaz, con más de 300 jornadas fuera de la provincia.
– Uso indebido de viáticos: en 141 ocasiones utilizó pasajes aéreos pagados por el Poder Judicial.
– Cobro de viáticos sin justificación: se auto adjudicó viáticos para reuniones que no se concretaron o que no tenían relación con sus funciones.
– Doble empleo: ejercía otros trabajos mientras cobraba sueldo como vocal.
– Incumplimiento de deberes: no firmó sentencias estando presente en Acuerdos.
El denunciante sostuvo que Chiara Díaz “cobra su remuneración como juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por días no trabajados para el Poder Judicial; percibe viáticos por misiones oficiales que no son tales, viaja gratis en avión a Buenos Aires, tiene otras remuneraciones y cobra otros viáticos relacionados a otros trabajos”.
La denuncia llegó en un momento clave: Chiara Díaz integraba, junto a Claudia Mizawak y Daniel Carubia, la Sala Penal del STJ, el tribunal que debía resolver las apelaciones en las causas por corrupción contra Urribarri. Según análisis periodísticos de entonces, la operación para desplazar a Chiara Díaz buscaba modificar la composición de la Sala Penal antes de que ingresaran esas causas.
El proceso legislativo
El 23 de noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados declaró admisible la denuncia y abrió la instancia investigativa. El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Investigación emitió dictamen favorable a la acusación por unanimidad (diputados del PJ y de Cambiemos).
El 7 de febrero de 2017, la Cámara de Diputados acordó por unanimidad someter a Chiara Díaz a juicio político y designó una Comisión de Acusación integrada por Diego Lara y Juan José Bahillo (FpV), Alejandra Viola y Jorge Monge (Cambiemos) y Ricardo Troncoso (UCR).
El trámite se suspendió cuando Chiara Díaz presentó certificados médicos que afirmaban que estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Finalmente, el 15 de febrero de 2017, Chiara Díaz presentó su renuncia como vocal del STJ, que el gobernador aceptó de inmediato mediante el decreto 75.
Esa misma mañana, el Senado provincial —constituido en Corte de Justicia para el jury— se reunió para continuar el proceso. El diputado acusador Diego Lara dijo que “el procedimiento deviene en abstracto” porque “no se puede objetar la responsabilidad política de alguien que ya no reviste la condición de magistrado”. El senador Raymundo Kisser sostuvo que “las circunstancias aventaron todas las dudas que se habían planteado en relación a la conducta” del magistrado. En consecuencia, el juicio político fue declarado abstracto: Chiara Díaz evitó la destitución renunciando apenas 60 días después de que Diputados lo acusara formalmente.
Claudia Mónica Mizawak
El 12 de diciembre de 2016, apenas un mes después de la denuncia contra Chiara Díaz, un grupo de abogados presentó un pedido de juicio político contra la presidenta del STJ, Claudia Mónica Mizawak. Los denunciantes fueron Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa, Luciano Rotman, María Eugenia Díaz, María Emma Bargagna, Matías Plugoboy y Alfredo Vitale.
El sustento de la denuncia surgió de las declaraciones del propio Chiara Díaz en su audiencia de descargo, cuando afirmó: “No tuvimos más Acuerdos, el Tribunal no tuvo más Acuerdos”, y se refirió a viajes diciendo que Mizawak sería “La Reina de los viajes”.
Las acusaciones contra Mizawak incluían:
– Viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción: uso abusivo de comisiones de servicio.
– Falta de control sobre viáticos: como presidenta del STJ no controlaba el otorgamiento de viáticos a otros magistrados.
– Firma de sentencias estando fuera del país: se la acusó de haber firmado sentencias desde España.
– Percepción de gastos reservados: Chiara Díaz había mencionado “un problema” con gastos reservados “durante la presidencia de la vocal Leonor Pañeda y de Mizawak”.
– Supuesta participación societaria: se mencionó una empresa junto a su esposo, Raúl Arroyo, presidente de ENERSA.
– Irregularidades en la causa Arralde y en la venta de armas: se le atribuyó responsabilidad por irregularidades en el depósito judicial.
El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Juicio Político admitió la denuncia y pidió la producción de pruebas. Se libraron oficios al STJ para que informara sobre ausencias, viáticos, sentencias no firmadas y cambios de integración de tribunales; también se solicitaron informes a aerolíneas, Migraciones y la Inspección General de Justicia.
La Comisión emitió dos dictámenes:
– Dictamen de mayoría (PJ): concluyó que “ninguno de los hechos denunciados poseen asidero fáctico y probatorio” y que no hay “conductas irregulares o dudosas” que justifiquen acusar a Mizawak.
– Dictamen de minoría (Cambiemos): firmado por Esteban Vitor, Alejandra Viola, Jorge Monge y Gabriela Lena, sostuvo que existían pruebas suficientes de mal desempeño.
El dictamen del PJ, elaborado por Diego Lara, señaló que Mizawak viajó menos que Chiara Díaz; que no cobró viáticos de manera irregular; que no hubo irregularidades en la causa Arralde; que en el Poder Judicial no existe una partida de gastos reservados; y que no le cabe responsabilidad por la venta de armas custodiadas judicialmente (atribuyéndolas a delitos de “empleados infieles”).
Los argumentos de la oposición
El dictamen de Cambiemos afirmó que del “entrecruzamiento de datos obtenidos” de Migraciones y el STJ se probó que “Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuado viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día”. Agregaron que “esta superposición de actos, hechos y actividades de imposible ocurrencia en un mismo día en diferentes lugares, habla a las claras de un patrón estructural de inconductas y estafas sistemáticas”.
El 1° de febrero de 2017, la secretaria de la Sala Penal, Noelia Virginia Ríos, presentó un informe a la Comisión aclarando errores en el listado de sentencias que figuraban en el dictamen de minoría. Explicó que varias sentencias consignadas como firmadas por Mizawak estando en España (30 de septiembre de 2015) en realidad indicaban expresamente que solo las suscribieron Chiara Díaz y Carubia, y que Mizawak “se encontraba en uso de licencia”.
La votación en Diputados
En una sesión especial que comenzó pasadas las 19 horas, el miembro informante Diego Lara dedicó más de dos horas a la lectura del dictamen de mayoría. Como resultado, la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de acusación contra Mizawak. Votaron a favor de acusar (es decir, en contra del rechazo) los diputados de Cambiemos y el renovador Alejandro Bahler.
Emilio Aroldo Eduardo Castrillon
El 22 de abril de 2021, el periodista Daniel Tirso Fiorotto presentó un pedido de juicio político de 34 páginas contra el vocal de la Sala Civil y Comercial del STJ, Emilio Aroldo Eduardo Castrillon, por “mal desempeño” derivado de violencia de género y por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura”.
Las acusaciones incluyeron:
1) Violencia contra empleada judicial “jerarquizada”:
– Víctima de “violencia física, mental y amenazas” en reiteradas oportunidades.
– Los episodios se incrementaron en 2019, cuando Castrillon era presidente del STJ.
– “En la oficina de Presidencia, siendo horas de la tarde, la empujó contra la pared amenazándola de muerte”.
– La empleada debió tomar tratamiento psicológico.
– La Fiscalía de Género dispuso custodia policial en el domicilio de la víctima.
– Castrillon la obligó a firmar una nota diciendo que habían “limado asperezas”.
2) Violencia contra ex asistente:
– “Episodios de mal trato” que generaron “gran sufrimiento”.
– Intervino la Dirección de Gestión Humana del STJ.
– Hubo testimoniales y seguimiento por profesionales de salud mental.
– “En noviembre de 2019, le arrojó un pote de ensalada de frutas, que terminó azotado en la pared de la oficina”.
3) Altercado en kiosco de La Paz (28 de marzo de 2021):
– Incidente violento filmado en video que se viralizó.
– Castrillon rompió góndolas por música alta.
– Maltrató a agentes de la Policía de Entre Ríos.
4) Denuncia de la vocal Susana Medina de Rizzo:
– Medina lo denunció por violencia de género.
– Castrillon envió una nota al presidente del STJ disculpándose.
5) Mensajes intimidatorios:
– Envió mensajes amenazantes a integrantes de la Asociación de la Magistratura.
6) Agresión a empleado municipal de La Paz:
– Un empleado denunció por Facebook que Castrillon se presentó en su domicilio amenazándolo “con hacerles causa a él y todos sus compañeros de trabajo”.
7) Agresión a empleado judicial (junio 2019):
– “Lo agredió violentamente intentando avanzar sobre él físicamente”.
– El agente radicó denuncia ante el Ministerio Fiscal.
– Se dispuso la apertura de causa.
El proceso legislativo
El 27 de abril de 2021, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —presidida por Juan Pablo Cosso del Frente Creer— dictaminó la admisibilidad de la denuncia. El diputado Sergio Castrillon, hermano del vocal, explicitó su abstención por el parentesco. El diputado Esteban Vitor (Cambiemos) coincidió parcialmente, pero señaló que “el procedimiento debe ser el mismo que en casos anteriores”.
Castrillon calificó las acusaciones diciendo: “Esto es todo trucho. Lo único cierto son dos boludeces y lo del kiosco y la música”. Anunció que presentaría 30 testigos ante la Comisión y reclamó declarar presencialmente: “Me tienen que asegurar mi derecho a ser oído mediante una declaración presencial. Es mi voluntad ir a declarar en forma presencial”.
Castrillon contaba con 60 años y 42 años, 5 meses y 20 días de aportes al sistema previsional, por lo que cumplía los requisitos para jubilarse. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, dijo: “Un día habló conmigo a las 7 de la mañana, y preguntó sobre los requisitos y si estaba en condiciones de jubilarse. Tiene todos los requisitos para jubilarse, sobradamente”.
El 7 de mayo de 2021, mediante la resolución N° 2.398, la Caja de Jubilaciones le otorgó la jubilación a Castrillon en tiempo récord, menos de una semana después de presentar el trámite. Los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la “jubilación express” y el diputado Esteban Vitor afirmó que “tras la adjudicación de la jubilación, el juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillon, se declarará abstracto”, criticando “la injerencia del Poder Ejecutivo en la situación”. En consecuencia, el jury quedó declarado abstracto: Castrillon se jubiló antes del juicio y esquivó la destitución.
Gisela Schumacher
La vocal de la Sala Civil y Comercial —designada en abril de 2022 tras la jubilación de Castrillon— enfrentó dos pedidos de juicio político en noviembre de 2024, ambos por el mismo motivo: su supuesto “cambio de criterio” en la causa que condenó al exgobernador Sergio Urribarri.
La primera denuncia fue presentada por Domingo Daniel Rossi (29 de octubre de 2024). El intendente de Santa Elena y exvicegobernador acusó a Schumacher de “mal desempeño en sus funciones, debido a un cambio arbitrario e injustificado de postura en dos fallos judiciales recientes”.
Los hechos denunciados:
1) Fallo del 17 de abril de 2024: Schumacher votó a favor de rechazar el recurso de queja de Urribarri, sosteniendo que “no existían elementos que justificaran la admisión del recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.
2) Fallo del 22 de octubre de 2024: seis meses después, votó a favor de conceder el recurso extraordinario federal, argumentando que “existían posibles violaciones al debido proceso y vicios de arbitrariedad”.
Rossi afirmó: “Este cambio de postura entre ambos fallos, sin que existan razones nuevas que lo justifiquen, carece de una fundamentación sólida y razonada, lo que afecta gravemente la coherencia y previsibilidad que debe tener el accionar judicial”. Mencionó además que la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche había calificado algunos fallos de Schumacher como “escándalos jurídicos” por presuntas contradicciones.
La segunda denuncia la formalizó la ONG Entre Ríos sin Corrupción (19 de noviembre de 2024). La asociación, que promovió amparos para publicidad de contratos legislativos, presentó una denuncia similar y sostuvo que Schumacher “se apartó del Derecho para favorecer a condenados por corrupción”. Argumentaron que en abril de 2024 la vocal había rechazado la IEP por considerar que no concurría causal federal y que en octubre modificó diametralmente su criterio.
Concluyeron: “Consideramos justificado suficientemente la patente inidoneidad moral de la vocal Schumacher para ocupar el alto cargo de vocal del STJER, pedimos a los señores legisladores que atiendan estos argumentos y procedan a la apertura del trámite tendente a su destitución”.
El descargo de Schumacher
La vocal presentó un descargo en Diputados explicando que no existe contradicción en sus votos porque se trataba de “dos procedimientos completamente distintos en cuanto a su normativa regulatoria”: en abril rechazó el recurso extraordinario provincial y en octubre concedió el recurso extraordinario federal. Schumacher citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La crítica a sus decisiones, por más dura que ella sea, no puede conllevar su acusación o juicio”. Añadió que “variar la esencia del control político solo porque no se comparte el contenido de una sentencia, importaría desnaturalizar las garantías del debido proceso”.
El 27 de noviembre de 2024, Schumacher intentó excusarse de seguir interviniendo en la causa Urribarri, alegando “violencia moral” por los pedidos de jury y el “hostigamiento mediático”. El STJ rechazó su excusación por mayoría (votos de Germán Carlomagno y Carlos Tepsich). Carlomagno sostuvo: “La integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirle, pueden colocarla por encima de tales sospechas de imparcialidad”. Solo Miguel Ángel Giorgio votó por aceptar la excusación.
El rechazo legislativo
En la primera denuncia (Rossi), la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, presidida por Gabriela Lena de Juntos, rechazó in limine la denuncia el 19 de noviembre de 2024. En la segunda (la de la ONG), la Comisión rechazó in limine la denuncia en diciembre de 2024, tomando como fundamento el dictamen del caso Rossi.
La Comisión sostuvo que “los argumentos de denuncias que sólo suscitan el examen subjetivo del denunciante en cuanto a la aplicación, análisis e interpretación del derecho y sus normas, en un fallo colegiado, no caben como una demostración de un evidente mal desempeño de funciones y/o mala conducta”. Añadió que a la Cámara Baja le corresponde controlar “actos manifiestamente contrarios al decoro, a las buenas conductas y/o a la flagrante violación de ley sustantiva pero no ‘analizar, interpretar y juzgar las decisiones jurisdiccionales’ tomadas por el denunciado en ejercicio de sus facultades constitucionales”.
Concluyeron: “Se alcanza el grado de convicción necesario para rechazar in limine, la denuncia incoada contra la Dra Schumacher por no existir mérito para la acusación, de conformidad con el artículo 143 de la Constitución Provincial”. Como resultado, ambas denuncias fueron rechazadas in limine sin llegar a investigación y Schumacher permaneció en su cargo.
