El gobierno de Javier Milei ha implementado un nuevo protocolo que establece la operación de agentes encubiertos digitales en causas judiciales relacionadas con delitos complejos, en los que los sospechosos utilizan plataformas web y redes sociales para llevar a cabo actividades ilícitas.
La norma fue publicada ayer en el Boletín Oficial mediante la Resolución 828/2025, firmada por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Esta constituye un nuevo marco normativo para desarrollar las funciones de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales, cuando se requiere su intervención por parte de la Justicia.
“Actualmente, las organizaciones criminales operan con creciente frecuencia a través del ciberespacio, lo que exige la intervención de agentes encubiertos y reveladores en una variedad de delitos, como pornografía infantil, narcotráfico y terrorismo, entre otros. Los agentes encubiertos digitales se vuelven así una herramienta fundamental en la lucha contra el delito complejo”, afirmaron en un comunicado oficial desde el Ministerio de Seguridad nacional.
El protocolo regula los criterios para la designación de estos agentes, así como las medidas de seguridad que deben seguir aquellos que se infiltran en el ámbito digital. Hasta el día de ayer, la Ley N° 27.319 establecía las pautas para la actuación presencial de agentes encubiertos, informantes y figuras similares, pero no brindaba detalles sobre la intervención en plataformas virtuales.
La normativa también incluye la creación de un “Registro de avatares” que tiene como objetivo planificar la generación y uso de identidades ficticias para respaldar investigaciones penales. Así, los perfiles de usuario que se creen con el propósito de obtener información sobre posibles delincuentes y organizaciones criminales estarán bajo la supervisión del ministerio de Bullrich.
Cómo funciona el nuevo protocolo
De acuerdo con el protocolo, el procedimiento se inicia con un oficio judicial que ordena la utilización de un agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita a la fuerza policial o de seguridad involucrada que proponga un agente que cumpla con los requisitos de idoneidad y capacitación establecidos en la Ley 27.319.
Posteriormente, otro organismo, la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, revisa la propuesta y decide si la acepta o rechaza. En caso de rechazo, se solicita una nueva propuesta.
El agente designado selecciona los datos biográficos ficticios (su “avatar”) que usará en su misión y debe presentar una nota de aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación bajo un código de seguridad único y mantiene la documentación en custodia reservada.
Además, se establece que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) podrá cargar los datos ficticios en las bases correspondientes y emitir la documentación física o digital respaldatoria, si así se requiere.
La protección de la identidad ficticia es obligatoria para todos los funcionarios públicos que participan en el proceso, advirtiendo que cualquier filtración podría conllevar sanciones y responsabilidades penales.
Por último, se aclara que el uso de la identidad ficticia se limita exclusivamente a la misión judicial que se le haya encomendado. Una vez finalizada la tarea, las autoridades deben eliminar la identidad ficticia de todas las bases de datos. Solo de manera excepcional se permite que el agente continúe utilizando la identidad falsa si se justifica por razones de seguridad personal o para una nueva investigación.
El ciberdelito bajo la mira
Durante 2024, Bullrich estableció la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y autorizó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes mediante la resolución 428/2024, con el objetivo de prevenir delitos como amenazas y otros tipos de intimidación o coacción, operaciones comerciales vinculadas a hechos ilícitos y comercialización de instrumentos públicos, entre otras conductas reprochables.
Poco después, el ámbito de actuación del ciberpatrullaje se amplió para incluir las estafas piramidales y delitos de “intermediación financiera no autorizada mediante la utilización de criptoactivos”.
La más reciente modificación en este sentido fue la reforma del Estatuto de la Policía Federal (PFA), que incorpora formalmente las tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales” como función preventiva, sin necesidad de orden judicial, tal como se establece en el Decreto 383/2025. Esta normativa señala que el personal judicial cuenta con estas facultades cuando existen “circunstancias objetivas” que sugieren la posibilidad de un delito o “cuando no es posible esperar a que se tramite una orden judicial”.
En el caso de un presunto ilícito y bajo estas circunstancias, se podrá “conducir a la persona a la dependencia policial correspondiente, informando al juez de turno y mantenerla demorada el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el cual en ningún caso podrá superar las 10 horas”, señala el nuevo estatuto policial, que garantiza el derecho a la persona de comunicarse “de inmediato con un familiar o persona de confianza”.
La introducción de esta nueva prerrogativa ha generado polémica, coincidiendo con las protestas en apoyo a Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. La oposición ha denunciado que la reforma “vulnera las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales” y transgrede las prerrogativas del Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno, justificaron los cambios afirmando que el objetivo es “profesionalizar” las fuerzas de seguridad para que se equiparen a los “estándares internacionales como los del FBI”.
Simultáneamente a la implementación del nuevo protocolo, la ministra Bullrich también dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, el cual estará compuesto por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y altos oficiales de las fuerzas federales.
El consejo estará presidido por el juez federal Ricardo Basílico y tendrá como funciones elaborar pautas y contenidos para la capacitación de agentes encubiertos, optimizar las investigaciones judiciales y minimizar riesgos en las operaciones de infiltración.
