La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que la movilización convocada por el kirchnerismo en Plaza de Mayo alcanzó un máximo de 48.200 personas, muy por debajo del “millón” que sostuvieron los organizadores. Este dato proviene de un conteo oficial realizado por su cartera: “Hicimos un cálculo geométrico y matemático, considerando la cantidad de espacio y personas por metro cuadrado. Contamos cada uno de los lugares, así como todos los micros que llegaron”, explicó en una conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Bullrich también reveló el número de efectivos asignados a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción. “Son alrededor de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto”, afirmó. La ministra señaló que aún no se han mantenido conversaciones con la justicia para revisar el dispositivo, aunque reconoció que “nos gustaría poder establecerlo” en función de los distintos domicilios de la exmandataria en el país.
En lo que respecta a la situación judicial de Fernández de Kirchner, Bullrich confirmó que el Servicio Penitenciario Federal está realizando estudios técnicos para implementar la tobillera electrónica en su hogar. “Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena. No hay discriminación. Es un mandato judicial”, afirmó. Además, explicó que se están analizando factores como la conectividad 4G o Wi-Fi para garantizar el monitoreo continuo del dispositivo.
La ministra también respondió a las críticas respecto a los operativos de seguridad durante la marcha, especialmente por los controles a los micros de militantes. “Detuvimos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran apropiados para circular. No fue en contra de la gente, sino para garantizar la seguridad”, sostuvo. Además, desmintió versiones que indicaban que se les preguntaba a los pasajeros si eran peronistas: “Eso es falso. Si hubiera ocurrido, ya habría una grabación”.
Por otra parte, Bullrich defendió la aplicación del decreto firmado junto al presidente Javier Milei, que refuerza la facultad de la policía para detener a personas cuya identidad no pueda ser comprobada por hasta diez horas. “Esa cláusula existe desde 1958 en la Ley Orgánica de la Policía Federal. Es una herramienta legal, no una persecución política”, subrayó.
Finalmente, justificó la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones —denominado FBI por sus siglas en español— y el uso del ciberpatrullaje como parte de la estrategia de seguridad: “Se trata de proteger a la sociedad de delincuentes, bandas criminales, estafadores digitales y prófugos. No tiene nada que ver con espiar a opositores”, aseguró.
