El Concejo Deliberante de Córdoba vivió una sesión en la que la calma inicial dio paso a un intenso cruce de palabras. La modificación de la ordenanza que redefine el organigrama de la gestión de Daniel Passerini fue aprobada por unanimidad en términos generales, aunque no sin intercambios de dardos verbales, ironías sutiles y verdades incómodas. Cada artículo fue tratado como una estrofa, y cada objeción se convirtió en un verso afilado.
Desde el oficialismo, el concejal Nicolás Piloni (HUxC) presentó una defensa sobria: “Es una facultad del Ejecutivo establecer su estructura para el correcto funcionamiento”. Aplaudió el tono dialogante de la oposición, pero ese equilibrio fue efímero. El concejal juecista José María Romero encendió la polémica con un discurso incisivo sobre la gestión: “Subamos la vara. La infancia se olvidó, la cultura se olvidó, la gente en situación de calle se olvidó. 26.700 millones de pesos para cortar pasto. ¡Pongan a la gente a trabajar, dejen de tercerizar todo!”.
Romero, además, aprovechó para contestar las críticas históricas hacia la gestión de Luis Juez, a quienes se les acusó de incorporar más de 5.000 empleados en su momento, con una ironía cargada de memoria: “Supongamos que eso es cierto… ¿y hoy cuál es la escala de prioridades?”.
Elisa Caffaratti (UCR) fue contundente, aunque mesurada: “Esta estructura es XXL… ¿Córdoba necesita 399 funcionarios políticos?”. Demandó una revisión exhaustiva del rol de cada secretaría. Su par, Sergio Piguillem, arremetió contra el artículo 13, que rebajó la Guardia Urbana de secretaría a dirección: “De ser un pilar clave en el programa, pasó a ser una caricatura”.
Desde el oficialismo, Martín Simonian argumentó que el crecimiento de la planta se justifica por la ampliación de servicios: nuevos CPC, hospitales y centros de salud mental, en referencia a la ordenanza N° 13.440. Sin embargo, la concejala Jessica Rovetto Yapur no se mostró convencida: “Anunciaron recortes y renovaciones, pero el número de cargos sigue siendo exorbitante”.
El concejal Juez Corte fue categórico: “En 2023 había 553 funcionarios; hoy, con recortes incluidos, hay un 72% más que en la gestión de Llaryora”. Esta cifra resonó como un estribillo incómodo.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en términos generales. Los artículos 1 al 12 y el 14 recibieron un respaldo total; sin embargo, los artículos 13, 15 y 16 solo obtuvieron mayoría, reflejando las tensiones que aún laten bajo la superficie.
