La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ha anunciado un paro de 48 horas que se llevará a cabo en todo el país. Esta medida de protesta iniciará el miércoles 25 y se extenderá hasta el jueves 26, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional a los reclamos por una urgente actualización salarial.
En el marco de esta iniciativa, el segundo día estará acompañado por una nueva Marcha Federal Universitaria, que incluirá actos en diversas instituciones de educación superior en Argentina. El objetivo de la movilización es ejercer presión sobre el Congreso para que, el próximo 2 de junio, se apruebe la ley de Financiamiento Universitario, destinada a garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior.
En un comunicado, la CONADU subraya que la discusión de esta norma en el Congreso es crucial para el funcionamiento educativo: “Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino”, se afirma en el documento. “Convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad“, concluye el mensaje.
La invitación gremial se extiende a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, con la finalidad de mantener el reclamo por una universidad pública, gratuita y de calidad. Este llamado se produce en un contexto de ajuste presupuestario y falta de diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.
Qué es el proyecto de ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de ley Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar la estabilidad y el aumento de recursos para las universidades nacionales, estableciendo un piso mínimo de financiamiento. La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Impulsado por sectores de la oposición, el oficialismo ha rechazado la propuesta debido a su supuesta repercusión fiscal, motivo por el cual vetó el proyecto en octubre de 2024.
Los puntos principales del proyecto son:
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Se propone un aumento gradual del presupuesto destinado a las universidades públicas hasta alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2031.
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Se establece un fondo de $10.000.000.000 para promover carreras consideradas esenciales para el desarrollo del país, como aquellas vinculadas a inteligencia artificial y otras áreas de conocimiento.
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Paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales vinculados al índice de inflación.
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Actualización automática de los gastos operativos de las universidades mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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