A principios de noviembre, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la adhesión de Paraná al Plan de Desarme Voluntario. En una sesión ordinaria, el cuerpo deliberativo avanzó sobre la norma impulsada por el concejal Gabriel Molina, en virtud de la cual la Municipalidad se adhiere al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En consecuencia, en los primeros días de diciembre, el intendente José Carlos Halle promulgó la ordenanza Nº 8.988, que tiene por objetivo “reducir el circulante de armas en manos de civiles, a partir de la recolección de las mismas en forma voluntaria y anónima, a cambio de un incentivo económico”, según sostuvo el impulsor de la iniciativa al fundamentar la norma. La disposición autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con los organismos nacionales y/o provinciales competentes, los convenios necesarios a los fines de lograr los objetivos planteados en el programa, al igual que cualquier otra medida que colabore con el desarme y la prevención de los delitos en la ciudad de Paraná. En las consideraciones de la normativa, Molina destacó que “si bien la seguridad no es un tema que está vinculado directamente a la competencia o jurisdicción del municipio, éste no puede mirar para un costado o ser indiferente ante la referida problemática”. En consonancia con ello, subrayó la “buena intención del programa”, que ya se está llevando a cabo en su segunda etapa, incluyendo la destrucción de las armas y otorgando un incentivo económico a quien se presenta ante el Registro Nacional de Armas (Renar). <b>En negro</b>Al momento de la presentación de la iniciativa, los concejales valoraron la aprobación del proyecto, haciendo hincapié en la necesidad de contrarrestar el mercado ilegal que se ha propiciado con la venta de armas de fuego. De hecho, consideraron que Paraná no puede estar indiferente ante este tipo de políticas públicas que se están implementando. Y el impulsor de la norma entendió que la capital de la provincia puede adherirse a este plan tal como lo han hecho otras comunas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, colaborando con la propaganda y la toma de conciencia de la población para abandonar el uso de las armas de fuego. “Tal como lo fundamenta el programa del Registro Nacional de Armas (Renar), la tenencia de armas implica siempre un peligro inminente, ya sea para las personas o para los bienes; sobre todo, porque el hecho de tenerlas, por ataques o por defensa, implica que siempre esté en juego un bien jurídico supremo como es el de la vida o el de la integridad física”, argumentó Molina. <b>En marcha</b>La idea es que las armas de fuego se sigan entregando por la oficina del Renar, en calle Ferré 42, ya que es la autoridad competente. En tanto, con la ordenanza se aspira a que se establezcan, paralelamente, normas de seguridad en la agenda política, con medidas que directa o indirectamente aminoren el delito en la ciudad. Esto implicaría que el municipio incremente la iluminación de las calles, aumente el desmalezado en los baldíos y descampados que pueden servir de refugio o escondite de elementos robados, procurar un servicio público de pasajeros que tienda incluso a circular en horarios atípicos, de noche o madrugada como era en otra época. Además, se debería controlar el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos a los que se les brindan las habilitaciones correspondientes. “Son un sinfín de medidas que se complementan con la adhesión al programa de desarme”, enumeró Molina. <b>Características</b> La ley que instituyó la segunda etapa del plan tiene dos años de duración. La entrega es anónima, porque no se exige presentación de documento de identidad ni para la entrega del arma ni para el cobro del incentivo. Es voluntario porque pueden entregar sus armas todas las personas que así lo deseen, tengan o no credencial de legítimo usuario, sea que las armas estén registradas o no y del calibre y tipo que fueren. Durante el período de ejecución del programa no traerá ninguna consecuencia legal para las personas que la efectivicen, sean usuarios y sus armas estén registradas o no. Tiene una remuneración a cambio, que dependiendo del tipo y calibre del arma varía entre los 200 y 600 pesos. El pago se realiza con un cheque al portador, que puede cobrarse en cualquier sucursal del Banco Nación. El procedimiento es muy ágil, una vez que la persona entrega el arma se inutiliza en su presencia. Las armas que se entregan se juntan y se destruyen todas juntas en un acto público. El resultado de la destrucción se funde y se dona a la Fundación del Hospital Garraham.
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