El juicio civil lo inició la sindicatura de la quiebra del Banco Integrado Departamental por una deuda hipotecaria originada cuando se fundó el colegio, pero los administradores de la escuela impugnaron el proceso penalmente pues “el actor cometió fraude procesal”: “La sindicatura de la quiebra del banco debía detraer del importe condenado lo que varios padres habían pagado por la misma deuda: al no detraer, el actor cometió fraude procesal. No se puede reclamar por una deuda sabiendo que es menor”, explicó el doctor Carlos María Ascúa, uno de los administradores del Colegio Plaza Mayor en declaraciones a El Diario. Lo que sucedió fue que “el juicio civil fue más rápido que el penal” y finalmente se resolvió el remate. La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial 6 de Paraná. “Hemos pedido audiencia por esto al gobernador (Sergio Urribarri), el vicegobernador (José Lauritto) y al presidente de la Cámara de Diputados (Jorge Busti)”, expresó Ascúa. Los administradores de la escuela son Carlos María Ascúa, Patricia Popelka, Pedro Negri Aranguren, Ileana Gómez Nux y Pablo Petric. “Si el remate avanza, puede pasar que la escuela entre en una zona de necesidades por falta de edificio. Pero creemos que no debería suceder por dos razones: el edificio está protegido por la Municipalidad como edificio histórico y existe un contrato de alquiler con la Asociación de Padres hasta 2016. La Asociación de Padres puso 400.000 dólares para construir la ampliación de la escuela (15 aulas, un patio nuevo y demás), previa autorización del administrador temporario del crédito, el Banco Nación”, dijo Ascúa. Y precisó: “El crédito se toma en el Banco Asiso. Este se funde y es intervenido por el Banco Central. Durante el proceso de liquidación, es administrado por el Banco de la Nación, que autoriza a hacer la ampliación. Después el Central transfirió el activo al Banco Integrado Departamental, de Venado Tuerto”, que quebró, y la sindicatura de la quiebra es la que inicia el juicio civil para ejecutar la hipoteca.
