El representante del radicalismo en la comisión asesora del Código Urbano, el concejal Horacio Piceda, formalizó su rechazo a la petición hecha por el hipermercado Walmart para que se exceptúe la aplicación de las restricciones vigentes, y se le permita instalar una sucursal de la cadena Changomas en la intersección de calles Blas Parera y Almirante Brown, en Paraná.El hiper pretende ocupar un espacio de más de 4.800 metros cuadrados, el doble de lo permitido por el Código Urbano, y de ese modo desembarcar en un predio que en esa zona posee el dirigente sindical Pedro Comas.Aunque antes requiere de una autorización expresa de la Municipalidad de Paraná, que previo a resolverlo dispuso consultar a la comisión asesora del Código Urbano, que integran tres concejales, uno por cada bloque, además de distintos colegios de profesionales y el propio Ejecutivo.Piceda adelantó que su postura en esa comisión será la de rechazo al pedido de Changomas. En contraposición, presentó un proyecto de ordenanza, que firma con sus pares de bancada, Liliana Lampan, Ana Sione y Danilo Bello, y en el que procura “suspender por 90 días el otorgamiento de permiso de uso (uso conforme) para la apertura de nuevos establecimientos comerciales denominados supermercados, hipermercados, megamercados o cualquier otra denominación similar”.La comisión asesora de Código Urbano, que preside el subsecretario de Planeamiento, Eduardo Loréfice, ha escuchado distintas voces que se han levantado en torno a la llegada de un nuevo hìper a la ciudad.El último lunes, le correspondió al Sindicato de Empleados de Comercio, que llegó acompañado por delegados de los trabajadores de Walmart, que apoya el emprendimiento. Antes, había recibido la postura de los almaceneros, que se oponen a la excepción.ArgumentaciónEn la fundamentación del proyecto de ordenanza, el radicalismo señala que la apertura de un hipermercado “genera consecuencias, y muchas de ellas son negativas para la gran mayoría de la población”, por cuanto la apertura de un hiper provoca “a su alrededor una serie de cierres de comercios que se dedican a todo tipo de rubros que van desde alimentos y limpieza hasta bazar y ferretería, desde jugueterías y librerías hasta jardinería y repuestos de autos”.“Otra de las características negativas que no podemos dejar de lado es que estas mega-empresas que acaparan un porcentaje muy importante del movimiento económico de Paraná va a parar fuera de nuestra Ciudad y lo que es aun peor, fuera de nuestra provincia. Esto genera un efecto claramente negativo ya que la totalidad del ingreso de divisas que genera este rubro, desaparece de la provincia cuando ingresa a las arcas del hipermercado”, añaden.Aunque la concejal justicialista Cristina Sosa, representante por el oficialismo en la comisión, dice que todavía no hay opinión tomada respecto a dar o no lugar a la excepción que pide Changomas.“En realidad, hasta ahora las reuniones han servido sólo para escuchar a quienes están en contra y a favor. En la última, quedó sin discutir la excepción”, explicó.“Yo tengo planteos para hacer en torno a lo que es la regulación de estos hiper. Es decir, pretendo que esta vez podamos dar el salto, y pensar cuáles son los aspectos que vamos a regular. Hay dos puntos que se debaten: por un lado está la decisión de la Municipalidad de convertirse en facilitador hacia todo lo que sea inversión en la ciudad. Pero también está la necesidad de que el Estado actúe como regulador del mercado”, afirmó.Aunque en medio de la discusión, y de la crítica lanzada por la oposición respecto a cierta premura del Ejecutivo por resolver el tema, la edil negó que hubiera plazos definidos.“No hay plazos. Si este lunes otros sectores quieren manifestar su postura, se los escuchará. No hay ningún apuro por resolver nada”, aseguró Sosa.Comisión en debateEl hìper que proyecta instalarse en Paraná apunta a ocupar una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados, parte de un predio de 14.600 metros cuadrados ubicado en la esquina de Brown y Blas Parera.Aunque la apertura se daría en el contexto de falta de reglamentación por parte de la provincia de la Ley Nº 9.392, sancionada en 2001, promulgada en 2002, y que prevé un ordenamiento en la instalación de grandes superficies comerciales.Entre otras imposiciones, la norma obliga a los hipermercados a tributar una alícuota del 5,5 % en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, con una “sobretasa” del 2,5 % sobre el 3,5 % que tributan las demás actividades comerciales.Con el 50 % de los recursos que se obtengan así se conformará el denominado Fondo de Reconversión del Comercio Minorista destinado a financiar programas de asistencia técnica, capacitación, innovación tecnológica, transformación y modernización del comercio minorista, dice el articulado de la ley. Además, obliga a instrumentar un régimen de audiencias públicas para debatir sobre la conveniencia o no de su instalación.Con esa normativa vigente, al concejal Emanuel Martínez Garbino, del Nuevo Espacio, le parece “inexplicable” que Provincia y Municipio no se hayan sentado a debatir sobre la conveniencia o no de otorgar la excepción que pide Changomas. “Es elemental, y no sé por qué no se dio”, dice.Pero además, reprochó el apuro oficial. “Se pretende sacar de apuro esta excepción. No se entiende por qué, y tampoco se entiende la postura de apoyo que tienen los colegios profesionales que tienen representación en la comisión. No sé por qué tanto apuro para una excepción. Parece una carrera contrarreloj”, afirma el edil. (Fuente: El Diario)
