La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, promulgó parcialmente la ordenanza que consagra un nuevo Régimen de Presupuesto Participativo en la ciudad de Paraná, vetando los artículos 5º y 6º del proyecto sancionado por el Concejo Deliberante el 29 de agosto pasado. A la iniciativa original, impulsada por el Ejecutivo, se le introdujeron modificaciones por parte de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación e Interpretación, en oportunidad de aprobarse el despacho respectivo por parte de las mismas, dos de las cuales, incluidas en los artículos de referencia, fueron vetadas por el D.E.M.En ese sentido, la nueva norma legal, que lleva el Nº 9.040, consagra un "proceso de participación e intervención directa, voluntaria y universal, en el cual los vecinos, conjuntamente con el gobierno de la ciudad, deliberan y deciden la asignación de recursos presupuestarios, destinados a la realización de obras públicas y acciones sociales".Asimismo, mediante un comunicado enviado a <b>INFORME DIGITAL</b>, desde la Comuna se indicó que "mediante la división de la capital entrerriana en “Zonas Comunales”, un ámbito donde los vecinos podrán elaborar iniciativas que se ajusten a sus verdaderos intereses, las cuales posteriormente se traducirán en obras y acciones sociales a ejecutarse en el seno mismo de las mencionadas Zonas". De igual modo, se informó que "los recursos que se destinarán al nuevo régimen de Presupuesto Participativo surgirán de la recaudación resultante por aplicación de la Tasa Solidaria para Contribución de Obras Públicas, que constituirán el monto general de referencia sobre el cual posteriormente se asignará a cada 'Zona Comunal' un valor de reseña para elaborar los respectivos proyectos". <b>Inclusión de las Cooperativas de Trabajo como contratistas del Municipio</b>Además, la presidenta municipal promulgó la ordenanza Nº 9.041, que contempla la inclusión de las Cooperativas de Trabajo como contratistas del municipio en la prestación de servicios y obras públicas. En esa línea, según se dio a conocer, la disposición normativa determina "que se podrá utilizar este procedimiento cuando el contratista sea un consorcio vecinal, sociedad cooperadora, cooperativa de trabajo, personas físicas o jurídicas registradas en Registro Nacional de Efectores Sociales u otro ente de bien público similar, siempre y cuando el mismo cuente con capacidad legal y económica para contratar".
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