La Defensoría del Pueblo de Paraná solicitó a la Municipalidad poder tener participación directa en los controles del servicio de colectivos urbanos, que se encaren mediante el sistema de geoposicionamiento satelital (Gps). El pedido fue elevado esta semana, a través de una nota, al subsecretario de Transporte y Tránsito, Marcelo Baridón. En el escrito el defensor Luis Garay destaca “la implementación de la tecnología”, “pues redundará en el mejoramiento sustancial” de la prestación del transporte de pasajeros, y funda el requerimiento en que “la normal prestación de los servicios públicos constituye uno de los objetivos principales de la función de la Defensoría”. Sucede que la institución ha venido recibiendo los reclamos de usuarios, principalmente, por las demoras en el paso de los colectivos por las paradas. Y las quejas por el incumplimiento de las frecuencias y el retiro de unidades en algunos recorridos continúan llegando a la Defensoría. Según mencionó Garay, hace unos días ingresó una presentación con unas 40 firmas de vecinos, cuyo planteo central se basa en la tardanza de los colectivos. El clamor de los usuarios por el servicio se impuso en las audiencias públicas convocadas por el gobierno municipal en mayo, en tres puntos de la ciudad, para tratar el pedido de aumento del boleto presentado por los empresarios del transporte urbano. La suba del pasaje fue autorizada a partir del 2 de agosto, mientras que el cumplimiento de las frecuencias sigue pendiente.Garay basa la petición a la Comuna de “participación directa” de la Defensoría en los controles satelitales en las atribuciones consagradas por la ordenanza 8391, que creó la institución y reglamenta su funcionamiento. Auditar“Queremos hacer auditorias”, dijo el defensor al explicar cómo sería la participación directa de la institución en los controles que la Comuna realice mediante el Gps, sistema que finalmente estaría en proceso de instrumentación (Ver Al margen). La intención –según detalló Garay– consiste en realizar visitas sorpresivas y diarias a la cabina de control, que se montará en ámbitos municipales. La atención se centrará en las frecuencias, anticipó y dijo que los tiempos exigidos son los establecidos por la ordenanza 6723, vigente desde 1984, que fija 10 minutos con una tolerancia de 5 minutos en los días hábiles y 15 minutos (con 5 de tolerancia) para los inhábiles.Para el titular de la Defensoría, la regulación de frecuencias con nuevos criterios deberá quedar contemplada en la ordenanza que se elabore en 2011, con motivo de la renovación de la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros. Garay opinó que esa normativa debería contemplar la posibilidad de achicar los tiempos entre el paso de uno y otro coche en las horas pico y adaptar el servicio, por ejemplo, según la época y la demanda. Se podría considerar que en tiempo de verano, las líneas que circulan por el sector de balnearios deberían tener más regularidad, ilustró. En cuanto al requerimiento elevado a Baridón, el defensor remarcó: “Queremos hacer parte del contralor. Tener una persona (de la institución en determinados horarios) y ver las frecuencias”. La institución esperará la respuesta de la repartición municipal, al tiempo que sigue aguardando una contestación respecto de otro reclamo relacionado con los colectivos de vecinos de barrio Padre Kentenich. Concretamente, habitantes de las calles Martín del Barco Centenera y Roldán recurrieron a la Defensoría en reclamo de una solución a las molestias ocasionadas por el ruido de los motores de los colectivos de la empresa Mariano Moreno, que a la madrugada permanecen en marcha durante rato para luego comenzar el recorrido. La queja del vecindario también daba cuenta de la existencia de basura en la zona, donde opera como parada de las unidades. “Los vecinos están muy enojados” y aguardan una respuesta, comentó Garay. El centro de control en la Comuna está demoradoEl sistema de monitoreo satelital (Gps) en los colectivos quedó formalmente presentado el 23 de octubre de 2009, tras un año de establecida la obligación de los permisionarios de colocar el mecanismo a los coches. A través del decreto 1296, emitido el 1 de octubre de 2008, el Ejecutivo Municipal autorizó una suba en el precio de los pasajes y consignó, entre otras cosas, la obligación del uso del Sistema de Posicionamiento Global (Spg en español, Gps en inglés) en las unidades. En el artículo 2 de ese decreto se disponía “que las empresas deberán implementar un sistema de control satelital que permita el monitoreo permanente de unidades, dentro de los 30 días de notificadas de los requerimientos técnicos específicos por parte de la Municipalidad”. En diciembre de 2009, las empresas de colectivos –hay dos en la ciudad– ya tenían sendas salas desde donde realizaban el seguimiento de los coches. Pero, por entonces, se remarcaba que faltaba la instalación de una terminal en el Municipio, aspecto esencial en vista de que se trata del poder concedente a cargo de la inspección de la prestación del servicio. El emplazamiento de la cabina de control en ámbitos municipales “está dentro de la obligación de las empresas, va por cuenta del permisionario”, había dicho Germán Farias, director de Transporte municipal, a esta Hoja en diciembre pasado. Eso fue lo que se ha informado oficialmente desde que se planteó el tema en 2008, aunque el artículo 2 del decreto 1296 no avanzaba en ese punto.Finalmente, el emplazamiento de la cabina municipal quedó plasmado en el decreto 1048, emitido a fines de julio pasado por el gobierno municipal, con motivo de la autorización de un nuevo aumento del boleto. La disposición, que entró a regir el 2 de mayo, exige a las empresas concesionarias Mariano Moreno y La Victoria-Ersa la instalación de equipos de computadoras y software para hacer los monitoreos desde la Comuna. Aún no se ha informado sobre la puesta en marcha de la cabina. (Fuente: El Diario)
