La telaraña judicial que atrapa al intendente de Paraná,Sergio Fausto Varisco, es el resultado esperable de una larga saga de relacionespeligrosas que habían sido visibilizadas hace casi una década, pero queestallaron un año atrás a partir del aterrizaje, en un campo de la localidad deColonia Avellaneda, en las afueras de la capital provincial, de una camionetaque llevaba 300 kilos de marihuana. A partir de ese momento, tal como si fuerael resultado de un alud, quedaron al desnudo hechos gravísimos como lacomprobación de un “acuerdo político”, como lo llama la Justicia, entre Variscoy la organización criminal liderada por Daniel “Tavi” Celis, quien para lacomunidad local es un mini Escobar Gaviria a la criolla que maneja los hilosdel narcotráfico en varias zonas de Entre Ríos y en menor medida en Santa Fe.Desde el destape, quedó en cueros y en la calle una relación que comenzó con elfinanciamiento de la campaña electoral del intendente radical en Cambiemos en2015, a cambio de una contraprestación del oficialismo político que significóla puesta en operaciones de una dependencia municipal desde la cual la gente deCelis distribuía cocaína y otros estupefacientes utilizando móviles de la flotaestatal.
De acuerdo con la investigación a cargo del juez federalLeandro Ríos, las operaciones funcionaban supuestamente con pleno conocimientodel intendente Varisco y dos de sus colaboradores de confianza, el concejalPablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira,que es además integrante de la Policía de Paraná. Tanto Hernández como Bordeiraquedaron detenidos la semana pasada luego de prestar declaración indagatoria,mientras que el intendente de Cambiemos sólo fue procesado, aunque los cargoscontra él podrían ser más graves, incluso, que los de sus allegados. En loscírculos políticos consultados por PáginaI12 se cree que Ríos quiere analizarbien el expediente a su cargo antes de tomar una decisión, la de meter preso alintendente, que significaría para Paraná una crisis sin precedentes. De todosmodos, como si se tratara de un caso que involucra a otra persona, el todavíaintendente Varisco convocó el viernes por la noche a un sorpresivo acto en lasede de la UCR local, para proclamar su “inocencia” y advertir: “Nosdefenderemos en los planos judicial, mediático y político”.
En la causa, Varisco está imputado de “haber proporcionadoen forma periódica los recursos económicos necesarios a favor de Daniel Celispara la adquisición y comercialización de cocaína” a través de los empleadosmunicipales que él incorporó desde su gestión en la Unidad Municipal 2. Sesubraya que de esos mismos hechos participaron, el concejal Hernández y la subsecretariaBordeira en calidad de “asistentes y colaboradores”. El juez Ríos ordenó quelos tres imputados sean sometidos a análisis toxicológicos para determinar sihay presencia de droga en sangre.
En Paraná, al menos por el precario sondeo que este diariopudo realizar durante algo más de 48 horas, todo el mundo sabía de antemano larelación de años entre Varisco y Celis, aunque nadie creía que “pudieran haberllegado a tanto”. Lo asombroso es que actores políticos como el presidenteMauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio o la ministra deSeguridad Patricia Bullrich, enfrascada en una supuesta feroz lucha contra elnarcotráfico, no hayan tomado nota de indicios vehementes que están a la luz,en el plano local, desde hace cerca de una década. En 2015, la presencia deCelis acompañando a Varisco en sus recorridas por los barrios suburbanos deParaná quedó registrado en fotografías de los medios gráficos y en imágenes dela televisión. De eso tampoco tomó nota Lilita Carrió, que acompañó a Variscoen sus recorridas, favor retribuido por el intendente con la designación deRosa Hojman, referente local de la diputada chaqueña, como titular de lasubsecretaría de Ambiente Sustentable de Paraná.
A fines de 2010, por primera vez en forma pública, larevista Análisis denunció a Daniel “Tavi” Celis como el presunto jefe delnarcotráfico en Entre Ríos. En noviembre de ese año, la misma revista publicócomo nota central un reportaje a Celis, quien por supuesto negó toda relaciónsuya con la distribución y venta de estupefacientes. Al mismo tiempo, tal vezcomo reaseguro y carta de recomendación a su favor, Celis señaló: “Muchas veceshe trabajado en los barrios para los radicales y en especial para SergioVarisco”, según recordó en su libro Las cenizas del narco el periodista DanielEnz, fundador de la revista Análisis. La referencia era importante sin dudapara Celis, teniendo en cuenta la historia de la UCR y la del propio Varisco,cuyo padre, Humberto Varisco, fue intendente de Paraná en los primeros años delregreso de la democracia. El mismo Sergio Fausto Varisco ya había cumplido suprimera gestión en el mismo cargo que su padre, en el período 1999-2003.
Durante la campaña para intendente del 2015, reapareció enel debate público local el combo Varisco-Celis-narcotráfico. En el programaQuién dice qué, que se emite en el Canal Once de Paraná, el periodista NicolásBlanco le hizo la pregunta necesaria, por lo que se decía en los ámbitospolíticos y en la calle del entonces candidato a intendente por la coaliciónCambiemos:
-¿Y por qué cree que a usted lo vinculan con elnarcotráfico?
-Porque no encontraron otras cosas o por las alianzas que yohago o por cualquier cosa.
Hoy, después de más de dos años de gestión como intendente,el juez Leandro Ríos está investigando esas “cosas” que tienen que ver con larelación de Varisco, Hernández, Bordeira y otros con el narcotráfico.
Todo comenzó con el secuestro de 300 kilos de marihuana quehabían llegado en una avioneta, procedentes de Paraguay. En relación con esehecho, fueron detenidas 21 personas, incluyendo a “Tavi” Celis y a unacurandera de 74 años (ver aparte) que nada tenía que ver con el tema, salvo elhecho de haber ofrecido sus servicios para evitar que la lluvia dañara ese díala improvisada pista de aterrizaje.
La investigación acumula miles de horas de escuchastelefónicas en las que jugaron un papel preponderante los contactos quemantuvieron el concejal Hernández y la subsecretaria Bordeira con los jefes dela banda. Una de esas escuchas da cuenta de una conversación entre “Tavi” Celisy el concejal oficialista Pablo Hernández. Celis afirma durante el diálogo quehizo “con Varisco un acuerdo” y de esa manera contradice lo afirmado por elintendente, ante el juez Ríos, ante quien negó primero como testigo y luegocomo imputado toda relación con el jefe narco. A pesar de la negativa deVarisco, el juez Ríos ya dejó señalado en sus resoluciones que el “acuerdopolítico” fue pactado durante la campaña electoral de 2015. El pacto habríaimplicado el aporte de una suma no menor al millón de pesos para solventar lapropaganda que llevó al candidato de Cambiemos a su segunda gestión al frentede la comuna local.
La supuesta contraprestación ofrecida, primero por elcandidato y luego ejecutada por el ya intendente, fue el de dar trabajo en laMunicipalidad local a los hombres elegidos por Celis, que en los hechosobtuvieron el control absoluto de la Unidad Municipal 2. A esa dependenciaingresaron 33 personas designadas en realidad por Celis, con el aval y la firmadel intendente y sus dos colaboradores de mayor confianza. De acuerdo a lahipótesis que maneja el juez, eso le permitió a la banda manejar, desde laestructura del Estado municipal, el almacenamiento y la distribución de ladroga utilizando incluso los camiones del municipio. Los nexos entre el jefedel Ejecutivo local y la organización de Celis fueron, según surge delexpediente, Roberto Sabbioni, Pablo Hernández y Griselda Bordeira.
En una escucha que reproduce el diálogo entre un exfuncionario de los primeros tiempos de Varisco en el municipio y el abogadoHugo Gemelli, defensor de Celis, cuando este estaba detenido por el robo a unaestancia de la localidad de Diamante, la conversación da cuenta de laexistencia del famoso “acuerdo político” preelectoral. Otro de los personajesclave, detenido después de los sucesos de mayo de 2017 por el aterrizaje de laavioneta en Colonia Avellaneda, es Cristian Javier Silva, quien fue el segundojefe de la Unidad Municipal 2, que supuestamente manejaba el tráfico de drogasen Paraná y en otras localidades de la provincia. La relación de Silva conCelis está documentada y su presencia en la estructura municipal, favorecidapor el intendente Varisco, es una de las pruebas más contundentes con las quecuenta el juez Ríos.
En el entramado municipio-banda de narcotraficantes, lafigura de la subcomisaria Bordeira adquiere una importancia fundamental, y deallí su detención inmediata luego de su declaración indagatoria. Uno de losdetalles más irónicos es que la Secretaría de Seguridad, de la que dependíaBordeira, fue creada por Varisco luego de asumir el cargo y presentada en sociedadcomo una medida destinada a combatir el delito y garantizar el bienestar de losvecinos. Todavía no ha sido sancionada por la Policía de Paraná de la que formaparte, de la misma manera que sigue en suspenso la situación procesal deVarisco, que tendrá que ser resuelta esta semana por el juez Ríos y que puedeincluso ponerle broche a un escándalo político-institucional inédito en laprovincia, que ya acumula más de treinta detenidos, entre miembros rasos de labanda narco y funcionarios del gobierno de Cambiemos en Paraná.
