Tras la presentación realizada por la asamblea de vecinos “El Río es de Todos”, mediante una nota el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, le solicitó a la intendenta, Blanca Osuna, que ordene “a las reparticiones correspondientes el retiro del alambrado dispuesto por los responsables del emprendimiento privado ‘Puerto Urquiza'”, el cual impide el acceso al río. Asimismo, el ombudsman instó al Ejecutivo a implementar políticas que “garanticen” la “libre circulación de todas las personas” por el borde costero. En ese sentido, en el escrito remitido a la jefa comunal, Garay resaltó también que la Defensoría desde el 2004 viene abogando por el acceso de todos al río. Y lo indicó, específicamente, en alusión al muro del barrio Los Arenales, sobre el que reclamó su demolición. A su vez, sobre el camino de sirgaGaray en base a la jurisprudencia remitida por los consultados, afirma que el Código Civil “reconoce la existencia” de este camino de 35 metros de ancho a partir de la línea de ribera, aunque hoy no tenga el uso con el que fue creado. No obstante eso, el camino de sirga es “de dominio particular pero de indudable uso público”.En tanto, sin dejar de lado legislación municipal de la capital provincial (Código Urbano), que también avala la existencia y “libre tránsito” por el área de la costa, el Defensor menciona que los “barrios cerrados” las “rejas y los alambrados” hace que se “fragmenten la ciudad y sus relaciones, las vivencias reconocibles y de alguna manera tradicionales, mutan sin certidumbre y el sentido de comunidad se erosiona”.Finalmente, para la “ocupación armónica” del borde costero, el Ombudsman sugiere oportuno “pensar en la conformación de un organismo institucional integrado por distintos sectores, y el cual tendrá como objetivo la coordinación de los procesos de trabajo entre lo público y lo privado”.
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