Las autoridades municipales solicitarán al Concejo Deliberante que desapruebe lo relacionado con el fideicomiso de 16 millones suscripto con una empresa del Banco Nación, como paso previo para que caiga el convenio, ya que han encontrado numerosas irregularidades y desprolijidades. Asimismo, se dio intervención al Tribunal de Cuentas para que investigue el destino de 5,8 millones de pesos que ingresaron a la comuna. El Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná cree contar con la información suficiente como para proponerle al Concejo Deliberante que desapruebe lo actuado hasta este entonces, incluyendo el contrato mismo, suscripto el 21 de diciembre de 2006 entre la comuna y Nación Fideicomisos SA, representados por el intendente Julio Solanas y Néstor Ulloa, respectivamente. Cuando caiga el contrato y sus 24 fojas más anexos sean letra muerta, el Ejecutivo deberá empezar a ver cómo saldar la deuda de 5,8 millones de pesos que, de todos modos, está consolidada, es decir, está absolutamente certificado que ingresaron al municipio, aunque formalmente nunca estuvo operativo el fideicomiso. En rigor, por fuera de lo que el Tribunal de Cuentas dictamine en su momento y de las consecuencias que de allí se desprendan, hay cuestiones formales, exigencias elementales que la Municipalidad no cumplió y son, en realidad, las razones por las cuales el Ejecutivo solicitará al Concejo Deliberante que desapruebe lo actuado. Según el artículo 7 del convenio, el fiduciante (la Municipalidad) se hizo cargo de distintas “obligaciones precedentes”, la mayoría de las cuales se encuentran incumplidas. Por ejemplo, una ordenanza que acepte los términos del contrato, en base a dictámenes favorables de la Fiscalía Municipal y el Tribunal de Cuentas. En el expediente que tiene el Tribunal de Cuentas, aparece un texto del que se hace cargo mediante firma el entonces fiscal y hoy concejal, Martín Uranga, pero al Tribunal de Cuentas no se dio participación alguna. De hecho, en el expediente aparece una ordenanza del 30 de diciembre de 2005, pero dando conformidad a que se firme el convenio con Nación Fideicomisos SA, pero no aprobando todos y cada uno de sus términos que el Ejecutivo aceptó por su cuenta cuando firmó el contrato. Tampoco fue tramitada una autorización ante el Ministerio de Economía de la Nación, según las condiciones fijadas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Cabe recordar que el fideicomiso era por 16 millones de pesos para una serie de proyectos vinculados a desagüe, cloaca, pavimentación y alumbrado. Ese paquete de recursos se alimentaría con contribuciones de las partes. La inicial del municipio, se debía conformar con 3,6 millones de coparticipación y 1,4 millones de Tasa General Inmobiliaria. Luego, se agregarían contribuciones por mejora que se fueran recaudando. Sin dudas, se trata de una afectación de recursos que el Ejecutivo no puede disponer por cuenta suya, si no a través de una autorización especial del Concejo Deliberante. Otro asunto que está en análisis es el plan de obras, en virtud de que -según el cronograma integrado al convenio- se iban a ejecutar a lo largo de 24 meses desde el momento mismo de su firma, es decir, del 21 de diciembre de 2006, más allá de que la vigencia de ese contrato resulta ser completamente irregular. De modo que los proyectos debieron haberse ejecutado, si mal no se calcula, durante 2007 y 2008. Sin embargo, según el expediente, hay obras certificadas que datan de 2005, de manera que las licitaciones correspondientes se debieron haber producido antes aún del 30 de diciembre de 2005, que fue cuando se sancionó la ordenanza que autorizó al municipio a suscribir el contrato con Nación Fiduciarios SA. Otro elemento que se destaca es que el contrato que firmó el Ejecutivo con Nación Fiduciarios disponía también que el municipio designara un “gerente de proyectos”, un encargado “local” de certificar que las obras comprometidas en el convenio por las que se fuera a requerir acreditación, se hubieran realizado efectivamente. La primera certificación de obra asciende a cinco millones de pesos y fue presentada al otro día de firmado el contrato, el 22 de diciembre de 2006, por un señor que oficia de “gerente de proyectos”, aunque su designación real se produjo el 16 de marzo de 2007 y la nota respectiva a Nación Fiduciarios ingresó recién el 13 de julio de 2007.
