A la polémica delegación de facultades del Estado municipal para el cobro de la tasa comercial y por derecho de Publicidad y Cartelería a contribuyentes sin domicilio fiscal en la ciudad, se suma una serie de anomalías que involucra denuncias por cobro indebido de honorarios, uso no autorizado de papelería oficial, falta de contralor y “relaciones poco claras” entre profesionales foráneos y la gestión de Hacienda municipal.La advertencia fue formulada por la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad, quien adelantó que corresponderá al Tribunal de Cuentas de la Provincia analizar la situación “y al Concejo Deliberante, ya que no se instrumentó una ordenanza que fija que se debe realizar una elección de procuradores”, al margen del desacuerdo gremial con esa decisión.Incluso para lo obtenido en la recaudación de los juicios de apremio, se habilitó una cuenta de Fideicomiso de Administración entre la Municipalidad y el Banco Nación, evitando el acceso de los fondos a Rentas Generales.En la actualidad, tres profesionales porteños fueron habilitados por un poder firmado por el intendente Julio Solanas y el secretario de Hacienda César Pross, semanas antes de la modificación de la Ordenanza Nº 8.402, que habilitó la entrega a abogados y contadores ajenos al municipio la gestión de cobro de tasas a comercios que operan en la ciudad, pero cuyo domicilio fiscal está fuera de la ciudad.Se trata de María Eugenia Bosio, Mariano Ramón de la Cruz y Miguel Ángel Faure.La norma determinaba la elección de procuradores, instancia que evitaron los profesionales porteños.El cobro de la Tasa Comercial y de Derecho de Publicidad y Cartelería a los denominados “extraterritoriales”, es un negocio millonario y hasta casi imposible de delimitar. Según los últimos datos, hay 37 empresas de este tipo que tributan en la capital provincial por un monto de 60.000 pesos.Se estima que en total pueden ser 1.000 firmas, aunque la Justicia dio un vuelco en los últimos meses, fallando en contra de los estados municipales, en juicios a empresas extraterritoriales.OpiniónEl secretario general de la APS, Oscar Milocco, se refirió a la superposición de tareas, ya que uno de los procuradores intimó a empresas que ya había inspeccionado los trabajadores de Ingresos Públicos.Precisamente Faure -uno de los tres procuradores- es allegado al secretario de Hacienda César Pross, ya que incluso estuvo contratado como asesor en ese área desde 2003. Y en la última licitación para la privatización del cobro de tasas se había presentado constituyendo una empresa.Milocco remarcó que en el primer informe presentado el 3 de agosto a la Municipalidad, Faure presentó un listado de intimaciones que alcanzó a más de 30 empresas, acompañado por altos honorarios a cobrar. Llamativamente, incluía a entidades como el Nuevo Bersa que es una entidad local, o a CTI, sobre la que inspectores municipales ya determinaron monto, notificaron a la empresa, que ya apeló.“Se intentó con una licitación y ahora se hizo esto” y se preguntó: “¿Quién controla y supervisa a los procuradores?, ¿quién les dice las firmas que deben inspeccionar? Es evidente que desde Ingresos Públicos no se indica, porque se repiten las inspecciones”. Y acotó: “Con el personal municipal quedó demostrado que se cobraron juicios de hasta 600.000 o 700.000 pesos”, dijo el dirigente gremial, al cuestionar que se entregue a la parte privada comisiones que le otorgan en el contrato.Fundamento olvidadoEn forma contradictoria al poder otorgado en mayo, el Ejecutivo había vetado en diciembre del año pasado la posibilidad de contratar a procuradores para el cobro de extraterritoriales.Entre otros fundamentos, se sostenía que “el artículo 113 de la Ley 3001 establece que el Presidente de la Municipalidad debe -y es una atribución exclusiva- hacer recaudar mensualmente o en algunos períodos que las ordenanzas establezcan, las tasas, rentas y demás tributos que corresponda a la Municipalidad y promover en su nombre las acciones judiciales tendientes a obtener su cobro”.
