El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná ha concedido la libertad condicional al abogado Roberto Mario Izaguirre Ibáñez y al contador Salvador Luis Morelli. Ambos habían sido condenados en 2023 por el delito de asociación ilícita fiscal que afectó a la ex AFIP (hoy ARCA).
Izaguirre Ibáñez fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de $90,000, aunque la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal redujo su pena a tres años y seis meses. Hasta ahora, cumplía su condena bajo prisión domiciliaria.
Por su parte, Morelli recibió la misma pena inicial de cinco años y tres meses y, al igual que Izaguirre Ibáñez, vio su condena disminuida a tres años y seis meses por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. También estaba cumpliendo arresto en su domicilio.
En el mismo juicio, el contador Sergio Oscar Araquistain fue condenado a seis años y tres meses de prisión con una multa de $90,000, mientras que la abogada Alicia Ibáñez, madre de Izaguirre, fue absuelta.
En su resolución emitida este martes, el TOF atendió el pedido del defensor Miguel Ángel Cullen, considerando que Izaguirre Ibáñez ya había cumplido los dos tercios de su condena, que los informes de control durante su prisión domiciliaria habían sido favorables y que no había presentado inconvenientes en ese tiempo. Las condiciones impuestas para su libertad incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de residir en Paraná y la necesidad de solicitar un permiso previo para ausentarse de la ciudad.
En el caso de Morelli, su defensor, Damián Petenatti, presentó once certificados de cursos que realizó durante su arresto domiciliario, incluyendo temas como inglés, organización de eventos, primeros auxilios y administración de consorcios, así como capacitación en la Ley Micaela. Estos antecedentes educativos fueron valorados en el marco de la ley de estímulo educativo, lo que permitió un adelanto de 15 días en el cómputo de su condena y facilitó su acceso a la libertad condicional desde el 26 de agosto.
El fiscal federal José Ignacio Candioti consideró que no había motivos para oponerse a la concesión de la libertad condicional, dado que ambos reunían los requisitos legales establecidos en el artículo 13 del Código Penal.
Las condiciones impuestas a ambos deberán cumplirse hasta octubre de 2026, cuando finalicen sus condenas. Entre estas condiciones se incluyen residir en Paraná sin cambiar de domicilio sin autorización del TOF, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo excesivo de alcohol o drogas, no asociarse con personas vinculadas a ellos, y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, así como la prohibición de salir del país.
Ambos condenados fueron investigados en 2023 por delitos de cuello blanco, relacionados con simulaciones de pago a la entidad recaudadora y una defraudación que superó los 10 millones de pesos en 2011, equivalente a un millón de dólares en la actualidad. Las empresas involucradas, contactadas por los abogados y contadores, pertenecen en su mayoría al rubro de la construcción, y las compensaciones se realizaron para Caballi SA, Constructora del Norte (hoy disuelta) y T&H Construcciones.
El TOF señaló en su sentencia que, aunque De Araquistain, Morelli e Izaguirre desempeñaron roles diferentes, la organización delictiva operaba bajo dos ejes centrales, relacionados con domicilios fiscales y actividades en la CABA. En la maniobra, se reclutaban contribuyentes con deudas fiscales a quienes se les ofrecía “el servicio”, involucrando a empresas como Constructora del Norte, Construcciones Caballi y T&H, así como a la cooperativa CAEL, que tenía su sede en la ciudad y era el lugar de residencia de Morelli e Izaguirre.
El tribunal concluyó que los condenados sabían y querían integrar una organización de tres o más personas destinada a cometer múltiples delitos tributarios, llevando a cabo conductas en este sentido y aportando activamente a la finalidad criminal de la misma.
